Pablo Sanmartín Rodríguez
Director de Expresión
Loja.- La discusión de nuevas ordenanzas municipales relacionadas con el incremento de impuestos a predios urbanos y rurales en el cantón Loja ha generado preocupación y cuestionamientos ciudadanos por la falta de socialización, claridad técnica y transparencia en su elaboración.
Durante el análisis de los proyectos normativos que se encuentran en segundo debate y cuya votación está prevista para el 30 de diciembre del 2025, se evidencian inquietudes sobre la urgencia con la que se pretende aprobar estas ordenanzas que regirían para el bienio 2026–2027.
Entre los principales puntos críticos se encuentra la actualización de catastros, la valorización del suelo urbano y rural, y la determinación administrativa de nuevos montos impositivos que impactarían directamente en el bolsillo de los contribuyentes.
Ciudadanos y analistas advierten que estos documentos, de carácter eminentemente técnico, no han sido debidamente explicados ni difundidos entre la población, lo que vulnera el principio de participación ciudadana y podría derivar en futuras acciones legales, como demandas de inconstitucionalidad o recursos de amparo.
Además, se cuestiona que el financiamiento municipal se busque sostener mediante incrementos impositivos sin una evaluación real de la capacidad económica de los contribuyentes, especialmente de sectores vulnerables y adultos mayores.
También se pone en duda la lógica de aplicar tasas adicionales sobre bienes patrimoniales para financiar seguridad ciudadana y mantenimiento vial, cuando existen alternativas normativas más equitativas y eficientes. La crítica se extiende al rol de los concejales, quienes, como representantes territoriales, deberían liderar procesos de socialización en barrios y parroquias antes de aprobar decisiones que afectan la estabilidad económica de la ciudadanía.
Desde una visión institucional y democrática, se plantea la necesidad de aplazar la aprobación de estas ordenanzas, abrir espacios de diálogo público y garantizar que cualquier reforma tributaria municipal sea clara, justa y socialmente consensuada. La demanda central es que el gobierno municipal actúe con responsabilidad fiscal, transparencia y respeto al contribuyente, evitando decisiones apresuradas que comprometan la confianza ciudadana y la gobernabilidad local.
