Pablo Sanmartín Rodríguez
Director de Expresión Politika
El control político institucional en Ecuador atraviesa una profunda crisis que debilita el sistema democrático y la correcta supervisión de las funciones del Estado. Aunque comúnmente se asocia la labor de los cargos de elección popular únicamente con legislar y fiscalizar, expertos y analistas advierten que el control político es una función esencial que ha sido relegada o mal interpretada.
Este mecanismo no se limita a revisar el uso de recursos públicos, sino que implica evaluar la gestión administrativa, la inversión estatal, el respeto a la Constitución y el funcionamiento de las instituciones en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, en la práctica, concejales, asambleístas y otras autoridades electas han reducido su rol a procesos formales de fiscalización, dejando de lado el análisis político y constitucional que garantiza el equilibrio democrático.
Uno de los ámbitos más críticos es la Función Judicial. Casos como la desaparición de salas especializadas, sanciones a jueces y la demora en la resolución de procesos evidencian la ausencia de un control político efectivo desde la Asamblea Nacional.
La falta de comparecencias, explicaciones técnicas y evaluaciones públicas ha generado inseguridad jurídica afectado derechos fundamentales, especialmente de grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, se cuestiona el rol de la Corte Constitucional y del Consejo de la Judicatura, organismos que, pese a su relevancia, carecen de legitimidad popular directa, lo que refuerza la necesidad de que el control constitucional y político retorne con mayor fuerza al órgano legislativo, como expresión de la voluntad ciudadana.
El debilitamiento del control político también refleja problemas estructurales en la formación académica del derecho y en la comprensión del rol republicano del Estado. La ausencia de una supervisión política activa ha permitido que decisiones administrativas y judiciales se tomen sin una evaluación integral de su impacto social, económico y jurídico.
Fortalecer el control político no es una amenaza a la institucionalidad, sino una garantía para la democracia, la transparencia y la protección de los derechos ciudadanos. Sin este mecanismo, el Estado pierde su capacidad de corregirse, de rendir cuentas y de responder de manera efectiva a las necesidades de la sociedad ecuatoriana.
