Por. Lindon Sanmartín Rodríguez
Periodista de S.R. Radio
Loja.- La Asamblea Nacional del Ecuador atraviesa un serio cuestionamiento ciudadano por el incumplimiento de su rol fundamental de control político, una función clave para la democracia y el equilibrio institucional del Estado, dijo el el noticiero Prensa Radial y Noticias Planeta Al Día, el ex asambleísta Alejandro Jaramillo .
Aunque la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecen como competencias centrales la legislación y la fiscalización, en la práctica estos mandatos no se están ejerciendo con eficacia ni oportunidad, asevera.
Alejandro Jaramillo destaca que en el ámbito legislativo, la producción de leyes de impacto social y económico es limitada, mientras que en materia de fiscalización predominan discursos y exhortos sin resultados concretos.
Recuerda que casos emblemáticos como contratos con empresas extranjeras, procesos en los sectores energético, tecnológico y de salud pública, así como denuncias relacionadas con el sistema de justicia, no han sido abordados con la profundidad ni la celeridad que exige la gravedad de los hechos.
Uno de los mayores vacíos señalados es la confusión entre fiscalización y control político. Mientras la fiscalización se relaciona con posibles responsabilidades penales o administrativas, el control político implica evaluar la gestión pública, exigir explicaciones, llamar a comparecencias y asumir responsabilidades políticas. Este mecanismo, esencial en un sistema republicano, ha sido relegado por la Asamblea Nacional, cuestionó el ex asambleísta.
Alejandro Jaramillo señala que la crisis institucional se refleja con mayor intensidad en la Función Judicial. La designación de autoridades, las impugnaciones no resueltas, los audios que evidencian presunta injerencia política y la falta de respuestas claras del Consejo de la Judicatura han puesto en evidencia la ausencia de un control político efectivo desde el Legislativo. Pese a la existencia de elementos públicos y de interés nacional, las comparecencias y juicios políticos han sido dilatados, incluso durante el receso legislativo.
Recalca que la Asamblea Nacional no puede escudarse en informes técnicos no vinculantes ni en procedimientos internos para evadir su responsabilidad constitucional. El control político no es una facultad opcional, sino una obligación directa frente a la ciudadanía. Su omisión no solo debilita la transparencia, sino que profundiza la desconfianza pública en las instituciones.
Asimismo, se cuestiona la falta de acción coordinada con otros organismos de control, como la Contraloría General del Estado, que debería realizar auditorías sobre procesos de selección y designación de autoridades. La ausencia de respuestas ágiles frente a denuncias graves contrasta con la rapidez observada en casos de menor relevancia.
La exigencia ciudadana es clara: una Asamblea Nacional activa, coherente y responsable, que ejerza sin dilaciones el control político, convoque a comparecencias inmediatas, esclarezca responsabilidades y actúe conforme al mandato constitucional. Sin este rol, la democracia ecuatoriana queda debilitada y expuesta a la impunidad y a la captura institucional.
