Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El presidente de la República ha puesto en marcha el plan de enmiendas constitucionales, enviando la iniciativa al Consejo Nacional Electoral para un referéndum.
Esta propuesta, que busca garantizar la seguridad constitucional del Estado y del pueblo ecuatoriano en su desarrollo económico, social y político, plantea un posible retorno a la estructura tradicional de tres poderes del Estado, desafiando el modelo actual de cinco funciones establecido en Montecristi.
La iniciativa presidencial, que ya ha sido aprobada por la Corte Constitucional, según lo expresado en el programa «Prensa Radial Noticias Planeta el Día», por los periodistas Pablo Sanmartín Rodríguez y Lindon Sanmartín Rodríguez, busca fortalecer la institucionalidad democrática y promover una mayor transparencia. Esto implicaría el «desmontaje de la Constitución de los alzamanos», como se la denomina en el programa, y la posible eliminación de la influencia de la Corte Constitucional en la toma de decisiones fundamentales para el país.
Uno de los puntos centrales de las enmiendas es la redefinición de la designación de autoridades clave, como los jueces de la Corte Suprema de Justicia, el Contralor General del Estado, el Fiscal General del Estado y los vocales del Tribunal Supremo Electoral, así como de los organismos de control. Se plantea un posible retorno a la designación de estos cargos por parte de la Asamblea Legislativa, lo que eliminaría el Consejo de la Judicatura y las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en estos nombramientos.
La discusión de los periodistas Pablo Sanmartín Rodríguez y Lindon Sanmartín Rodríguez en «Prensa Radial Noticias Planeta el Día» subraya que la Corte Constitucional, creada en Montecristi, ha sido percibida como una «supremacía o deidad superior al pueblo ecuatoriano», con la capacidad de decidir sobre el desarrollo y la libertad de los ciudadanos. La crítica se centra en que esta Corte, compuesta por «nueve ayatolás», ha borrado la historia constitucional del Ecuador al reconocer únicamente el estado de las cinco funciones, ignorando el republicanismo tradicional de tres poderes.
El programa también destaca la importancia de la «ruta del dinero» en la lucha contra la corrupción, mencionando que la Contraloría ha iniciado informes sobre patrimonios económicos no justificados, lo que ha generado «un sismo muy potente en la Corte Constitucional».
Se enfatiza que la transparencia en el financiamiento de campañas electorales y la declaración de patrimonios de precandidatos serán cruciales, especialmente con el uso de la inteligencia artificial para rastrear el origen de los fondos.
En resumen, las enmiendas constitucionales propuestas por el presidente buscan una profunda reestructuración del Estado ecuatoriano, con el objetivo de fortalecer la democracia, combatir la corrupción y redefinir el equilibrio de poderes, marcando un posible punto de inflexión en la historia política del país.
