Quito.- Para iniciar el tratamiento del proyecto de Ley de Seguridad Digital, la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral recibió en su mesa de trabajo a los equipos técnicos de instituciones estatales y delegados ministeriales, quienes aportaron a la construcción de esta normativa.
La presidenta de esta mesa legislativa, Inés Alarcón declaró que estos espacios de trabajo articulado son fundamentales para democratizar la construcción de la norma en conjunto con las instituciones directamente involucradas.
Juan Francisco Yépez, del Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel), observó que es importante armonizar los instrumentos legales que ya cuentan con iniciativas sobre protección y seguridad digital. Por esta razón, sugirió trasladar todo el capítulo 4 de la normativa tratada a la Ley de Seguridad Pública del Estado vigente.
También consideró importante que se articule la creación de un Centro de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), que esté bajo la tutela del Mintel y que permita coordinar estrategias de cyberseguridad con todos los organismos involucrados en esta.
El brigadier general, Fernando Naranjo, del Ministerio de Defensa, enfatizó en la necesidad que este proyecto normativo defina al cyberespacio como un dominio de operaciones de cyberdefensa intelectual y tecnológica que realicen las Fuerzas Armadas y las instituciones que tengan esa atribución, para precautelar la seguridad nacional.
Daniela Zamora, coordinadora jurídica del Ministerio de Gobierno, hizo hincapié en que es necesario estandarizar el concepto de inteligencia artificial, con definiciones de los diccionarios e iniciativas internacionales al respecto, como la de la Unión Europea, o el Instituto de Estándares y Tecnología. “Solo así, podremos delinear correctamente las medidas reactivas que deberán aplicarse en caso de tener amenazas de ciberseguridad”, aseguró.
Por otra parte, María Augusta Pérez, representante del SNAI manifestó que, “el acceso a la verdad de los hechos, para operaciones de cyberseguridad, establecido en el artículo 29 de esta normativa, debe regirse al amparo de la Ley de Seguridad Pública del Estado y de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, puesto que en ambas se establece la reserva de información por 5 y 10 años respectivamente”.
Finalmente, Efrén Guerrero y Diego Álvarez, especialistas en seguridad digital, alertaron que no se encuentran definidos los roles y limitaciones específicas que tendrán las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en las actividades de control del orden público digital.
Además, coincidieron en que el apoyo a la cyberseguridad debe estar presente en todos los niveles del Estado ecuatoriano, pues aún sin contar con una estadística nacional clara, organismos internacionales advierten que Ecuador es el país que sufre la mayor cantidad de cyberataques en la región.
“La comisión tiene un enorme reto por delante, pues la cyberseguridad es prioritaria para fortalecer la seguridad nacional”, expresó la legisladora Inés Alarcón, previo a clausurar la sesión.