Quito.- El nuevo período escolar 2012-2013 inicia el lunes 3 de septiembre en la Sierra y Amazonía con las nuevas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) que, entre otras cosas, suprime los trimestres que fueron reemplazados por quimestres de clases con 15 días de vacación al término del primer quimestre. En este período el área administrativa del plantel debe atender normalmente.
La normativa que se aplica en todos los establecimientos públicos, fiscomisionales y particulares incorpora la nueva calificación de 10 puntos, eliminando los tradicionales 20 puntos, y los estudiantes deben cumplir la puntuación mínima de siete sobre diez en promedio de cada materia para pasar de año.
Los docentes deben diseñar los exámenes quimestrales con un mes de anticipación a su aplicación. No obstante, estos deben someterse a la revisión de una Junta de Grado o Curso.
La evaluación del comportamiento del alumno ya no será cuantitativa, sino cualitativa y se calificará utilizando las letras: A, muy satisfactorio; B, satisfactorio; C, poco satisfactorio; D, mejorable; y E, insatisfactorio.
Los estudiantes deben asistir 200 días clases, que en la Sierra y Amazonía empezará la primera semana de septiembre y en la Costa la primera semana de mayo (antes lo hacían en abril).
Los profesores deben dedicar el 35% de sus horas fuera de clases para ofrecer atención personalizada de refuerzo a los estudiantes que necesitan esta ayuda. El artículo 56 incorpora la figura de docente-tutor del curso o grado, designado por el director o rector, para que asuma las funciones de consejero y realice la evaluación del comportamiento del alumno.
El artículo 33 establece que los estudiantes que aprueben el primero o segundo curso del bachillerato técnico pueden cambiar de opinión e inscribirse en el bachillerato en ciencias, pero quienes cursen este último bachillerato no podrán cambiarse al técnico.
La normativa establece un trato preferencial en la matrícula a personas en situación de debilidad y que sean asociadas o no a la discapacidad. Los padres de familia actuarán como veedores del cumplimiento de las políticas públicas de educación./El Ciudadano
