Loja. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El cierre del paso fronterizo en el cantón Macará, provincia de Loja, decretado por la Presidencia de la República el pasado 24 de diciembre de 2025, continúa generando un profundo debate sobre la gestión política local y las repercusiones económicas en el sur del Ecuador.
Pablo Sanmartín Rodríguez, director del programa Expresión Politika, de la alianza de medios diario La Hora, S. R. Radio y radio Planeta 106.1, cuestionó la falta de información oficial y la ausencia de propuestas técnicas por parte de la Gobernación de Loja para mitigar los efectos de esta medida.
Una reapertura gradual sin decreto oficial
Durante el análisis, Pablo Sanmartín Rodríguez destacó que el gobernador de Loja anunció una autorización para el paso exclusivo de estudiantes y personas que requieran asistencia médica de ambos países. No obstante, esta medida ha sido calificada como «información doméstica», ya que no ha sido transmitida formalmente por la Cancillería ni por la Presidencia de la República mediante la modificación del decreto ejecutivo correspondiente.
Esta disposición parcial exige el despliegue de aduanas, la Policía Nacional y el Ejército para verificar la identidad y el propósito de los transeúntes, lo que a su vez genera preocupación ante la posibilidad de que se filtren actividades ilícitas bajo estas excepciones. Aseveró.
Falta de cuantificación de pérdidas económicas
Pablo Sanmartín Rodríguez dice que uno de los puntos más críticos señalados en la exposición es la carencia de datos precisos sobre el impacto financiero en la región. Se enfatizó que el gobernador no debe limitarse a dialogar en la capital, sino que debe presentar un «arsenal de documentos» que detalle las pérdidas económicas diarias y mensuales provocadas por el cierre.
Puntualiza que para evaluar de manera real este impacto, se propuso la articulación de la sociedad civil organizada, incluyendo al Gobierno Municipal de Macará, la Cámara de Comercio de Macará, la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Pequeños Industriales y el Servicio de Rentas Internas (SRI), este último para contrastar la facturación del IVA y del Impuesto a la Renta antes y después del cierre.
Seguridad, minería ilegal y compensaciones del Estado
El análisis también vinculó el cierre fronterizo con la reciente ratificación del plan de trabajo 2025-2026 de la Comisión Mixta de la Lucha Contra la Minería Ilegal entre Ecuador y Perú.
Este acuerdo binacional busca proteger los recursos naturales y fortalecer la seguridad en la frontera común, un aspecto que incide directamente sobre el puente internacional de Macará, sostuvo Pablo Sanmartín Rodríguez.
Ante este escenario, se planteó que la seguridad del Estado no se garantiza cerrando los pasos, sino invirtiendo en tecnología de conectividad global y sistemas de escaneo para vigilar la movilidad humana y comercial, tomando como ejemplo los controles aplicados en eventos internacionales como el Mundial de fútbol en Norteamérica.
Finalmente, se hizo un llamado a exigir compensaciones económicas para los cantones fronterizos de Loja (como Macará, Zapotillo, Calvas y Puyango), argumentando que sus habitantes son los verdaderos y permanentes vigilantes de la soberanía nacional, por lo que requieren infraestructura adecuada y seguridad jurídica para regular el flujo comercial a través del Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF).
