Loja. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- Una propuesta de ordenanza para la creación de un fondo de vialidad cantonal abre el debate sobre el modelo de gestión de la infraestructura vial en Loja, en un contexto marcado por cuestionamientos a la planificación histórica y al uso de los recursos generados por el sistema vial.
El proyecto fue presentado por Pablo Sanmartín Rodríguez, director del programa Expresión Politika, y entregado al concejal Miguel Castillo para su análisis y eventual perfeccionamiento dentro del Cabildo.
No hay planificación vial cantonal
La iniciativa parte de un diagnóstico crítico: desde 1979, las administraciones municipales no habrían consolidado una planificación estructural de la red vial cantonal, lo que ha derivado en limitaciones para el desarrollo económico, la conectividad territorial y la eficiencia del sistema de transporte, asevera.
Pablo Sanmartín Rodríguez, comenta que en este escenario, el fondo de vialidad se plantea como un instrumento normativo y financiero destinado a organizar, regular y garantizar la sostenibilidad de la infraestructura vial.
Recursos del SIMERT
Pablo Sanmartín Rodríguez puntualiza que el objetivo central es canalizar recursos generados dentro del propio territorio —como los provenientes del Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado (SIMERT) y otros mecanismos de uso de la vía pública— hacia inversiones en obras viales.
Recuperar los recursos viales
Sostiene que desde una perspectiva de política pública, el planteamiento introduce un cambio relevante: recuperar la gestión directa de los recursos viales para el ámbito municipal, frente a esquemas en los que la administración o los beneficios económicos han sido delegados a terceros. Este punto conecta con debates recientes sobre la transparencia, eficiencia y control de sistemas como las fotomultas.
Fortalecer la red vial cantonal
Pablo Sanmartín Rodríguez, comenta que el enfoque de la ordenanza también incorpora una dimensión territorial. Se busca fortalecer la red vial como eje de desarrollo económico, especialmente en las 13 parroquias rurales y seis urbanas del cantón, donde la conectividad incide directamente en la actividad comercial, el transporte de bienes y la integración productiva.
Pablo Sanmartín Rodríguez sostiene que la infraestructura vial no solo cumple funciones de movilidad, sino que constituye un componente estratégico para la economía local, al facilitar el flujo de mercancías, insumos y servicios.
La vialidad como un sistema dinámico
Pablo Sanmartín Rodríguez indica que la propuesta plantea que la vialidad debe ser concebida como un sistema dinámico, con soporte jurídico y tecnológico, orientado al beneficio del ciudadano.
Puntualiza que el proyecto también introduce el concepto de “rentabilidad social” del territorio vial, proponiendo que los ingresos generados por su uso se reinviertan en obras públicas y en el fortalecimiento del tejido económico local. Esto incluye medidas como mejorar la capacidad de estacionamiento para pequeños negocios, con el fin de equilibrar condiciones frente a grandes cadenas comerciales.
Cuestionamiento a modelos de gestión
No obstante, el debate no está exento de tensiones. La propuesta cuestiona modelos previos de gestión que, según sus promotores, habrían permitido la transferencia de beneficios económicos a actores privados, reduciendo la capacidad del municipio para financiar infraestructura estratégica, refiere Pablo Sanmartín Rodríguez
En términos analíticos, la discusión sobre el fondo vial refleja un problema estructural en la gestión local: la necesidad de articular planificación de largo plazo, sostenibilidad financiera y control institucional.
La eventual aprobación de la ordenanza podría redefinir la política vial del cantón, siempre que logre equilibrar eficiencia operativa, transparencia y participación ciudadana.
