Por. Pablo Sanmartín Rodríguez
Director de Expresión Politika
Habitar en el cantón Loja implica un alto costo de vida que, según la percepción ciudadana y varios analistas locales, supera con creces la media nacional debido a una constante presión tributaria.
El debate se centra en los incrementos de los impuestos prediales, la aparición de nuevas cartas de pago por obras y un gasto corriente municipal que no cesa.
La discusión pública subraya que el valor de vivir en Loja no solo se traduce en servicios básicos, sino en una suma de contribuciones especiales de mejoras (CEM), tasas y el polémico impuesto predial, que en revisiones recientes habría superado incrementos del 100% en algunos casos.
La normativa establece que la revisión catastral debe realizarse periódicamente, pero los contribuyentes cuestionan que estos incrementos no respeten la capacidad económica real de las familias, sino que respondan a fórmulas que «castigan» el esfuerzo individual de construir un patrimonio. La crítica apunta a que el municipio observa la mejora de la propiedad privada para inmediatamente incrementar el valor del impuesto.
La Burocracia versus la Inversión:
Un punto álgido de la denuncia ciudadana es el destino de estos recursos. Se cuestiona la contratación de personal (mencionando específicamente el ingreso de «20 abogados» a la nómina municipal) y el financiamiento de una burocracia creciente, en lugar de optimizar los recursos a través de la tecnología para un gobierno más pequeño y eficiente.
«El Estado municipal no es un sitio de beneficencia», argumentan los afectados, quienes ven cómo sus contribuciones financian sueldos antes que desarrollo tangible.
El Caso del Puente Imbabura y las Obras Globales:
El puente de la Imbabura se ha convertido en el símbolo de la inconformidad. La obra, que ha demorado más de seis meses, es objeto de fiscalización ciudadana. Se reportan supuestas irregularidades en los horarios de trabajo de la contratista y retrasos que, eventualmente, generarán costos adicionales que recaerán sobre el contribuyente a través de «obras globales» o futuras cartas de pago.
Además, los ciudadanos reportan cobros por servicios cuya ejecución aún genera dudas, como el valor del PITAP (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Loja), que suma $40 o $45 dólares adicionales a la planilla de agua potable.
El sentimiento generalizado es que el contribuyente de Loja financia la ineficiencia administrativa. Se hace un llamado urgente a los concejales del cantón para que asuman su rol de fiscalización y control del gasto, y no solo se limiten a aprobar ordenanzas que resultan en un alto costo de vida en Loja.
La ciudadanía exige transparencia y un cobro justo de impuestos que no ponga en riesgo el patrimonio familiar, sino que fomente un desarrollo real y medible para la ciudad.
