Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- La Comisión de Niñez y Adolescencia evalúa el impacto de redes sociales en menores en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, orientado a reforzar el derecho a la dignidad, reputación, honor e imagen de niños, niñas y adolescentes.
Durante la jornada, compareció María Gabriela Ottati, entrenadora de familias y maestra certificada en Disciplina Positiva, quien expuso un análisis sustentado en evidencia científica sobre los efectos del entorno digital en la población infantil y adolescente. Su intervención puso énfasis en la necesidad de abordar esta problemática desde un enfoque integral que articule políticas públicas, educación y corresponsabilidad familiar.
Ottati señaló que existe abundante documentación proveniente de organismos internacionales, investigaciones académicas y reportes de las propias plataformas tecnológicas, que advierten sobre los efectos adversos del uso intensivo de redes sociales. Entre estos, destacó el deterioro de la salud mental, la reducción de habilidades cognitivas —como la memoria y el pensamiento analítico—, así como el debilitamiento de la empatía.
Asimismo, advirtió sobre la relación entre el uso compulsivo de estas plataformas y el incremento de trastornos como la ansiedad, la depresión y las alteraciones del sueño. Según explicó, estos efectos se intensifican durante la adolescencia debido a factores biológicos y neurológicos que aumentan la vulnerabilidad frente a estímulos digitales.
Desde una perspectiva estructural, la experta subrayó que las redes sociales operan bajo sistemas de recompensa intermitente, comparables a los mecanismos presentes en los juegos de azar. Este diseño favorece conductas adictivas y configura un entorno digital que no solo genera problemáticas emocionales, sino que también se convierte en un espacio de escape, consolidando un “círculo perverso” difícil de romper.
En el ámbito comparado, Ottati mencionó propuestas internacionales que buscan mitigar estos riesgos, como restringir el acceso a teléfonos inteligentes antes de los 14 años, limitar el uso de redes sociales hasta los 16, implementar entornos educativos libres de dispositivos móviles y promover la interacción social en espacios físicos.
El análisis expuesto ante la comisión evidencia que el impacto de redes sociales en menores no puede entenderse de manera aislada, sino como un fenómeno multifactorial que involucra tanto el diseño de las plataformas como las condiciones sociales y familiares de los usuarios.
En este contexto, el debate legislativo adquiere una dimensión estratégica. La eventual reforma legal no solo deberá establecer límites normativos, sino también garantizar mecanismos efectivos de implementación, monitoreo y evaluación. La sostenibilidad de estas medidas dependerá, en gran medida, de su capacidad para articularse con procesos educativos y campañas de concienciación social.
