Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El Consejo de la Judicatura de Ecuador resolvió suprimir la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, creada hace cuatro años para atender casos relacionados con corrupción, delincuencia organizada y otros delitos de alta complejidad.
La decisión fue adoptada por el Pleno del organismo el 7 de septiembre de 2026 y establece que las competencias de la unidad sean asumidas por otras judicaturas penales de Quito y por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Según la Judicatura, la medida responde a un “desequilibrio operativo” y a la necesidad de optimizar los recursos de la Función Judicial en medio de la emergencia declarada en el sistema de justicia. El organismo señaló que la unidad procesó 234 expedientes durante 12 meses, mientras otras dependencias penales enfrentaban una carga de trabajo superior a su capacidad.
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, defendió la decisión y afirmó que la eliminación de la unidad no implica un retroceso en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Según explicó, la reestructuración permitiría ampliar de 19 a más de 50 los jueces habilitados para conocer estos casos y agilizar procesos relacionados con la extinción de dominio y la recuperación de bienes de origen ilícito.
Las causas que ya cuentan con audiencias instaladas o suspendidas permanecerán bajo responsabilidad de los jueces que actualmente las conocen. La Judicatura también argumentó que la reorganización busca reforzar la transparencia y la integridad institucional, luego de que funcionarios vinculados al antiguo esquema especializado fueran involucrados en investigaciones por presunta corrupción y delincuencia organizada, entre ellas el caso Fachada.
La decisión generó preocupación en el ámbito internacional. El 8 de septiembre de 2026, Margaret Satterthwaite, relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, cuestionó públicamente la supresión de la unidad especializada.
Satterthwaite recordó que la unidad ya funcionaba al 50% de su capacidad después de la suspensión de tres jueces relacionada con el caso Goleada y expresó preocupación por su eliminación en un momento en que el propio Consejo de la Judicatura declaró una emergencia judicial debido al déficit de jueces.
La relatora de la ONU sostuvo que los Estados tienen la obligación de garantizar los recursos y la capacidad necesarios para que los tribunales puedan administrar justicia de manera efectiva.
La supresión de la unidad abre así un nuevo debate sobre el modelo de administración de justicia para los delitos de corrupción y crimen organizado en Ecuador. Mientras la Judicatura sostiene que la redistribución permitirá ampliar la capacidad de respuesta del sistema, organismos internacionales han advertido sobre los posibles efectos que la medida podría tener en la especialización judicial y en la capacidad institucional para enfrentar casos complejos.
