Quito.- (Pablo Sanmartín Rodríguez).- Con 77 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), una iniciativa económica urgente que establece que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) provinciales y municipales deberán destinar progresivamente hasta el 70% de su presupuesto institucional anual codificado de egresos no financieros a gastos de inversión.
La normativa dispone que estos recursos se orienten a obra pública, mantenimiento, reposición de infraestructura y bienes que respalden la prestación de servicios públicos esenciales. El 30% restante podrá utilizarse para gasto corriente.
Prioridad a servicios básicos
Durante la ponencia para segundo debate, la legisladora Valentina Centeno recordó que esta regla ya estaba vigente desde 2011, pero no se ha cumplido de forma efectiva. Señaló que la reforma busca garantizar que los recursos públicos atiendan necesidades urgentes, como el acceso al agua potable.
Según lo expuesto en el Pleno, cuatro millones de habitantes carecen de agua potable, y del total que sí dispone del servicio, el 71% recibe agua de baja calidad.
Centeno enfatizó que la reforma no prohíbe la inversión en infraestructura educativa y defendió que una adecuada priorización del gasto permitirá mejorar la calidad de vida de la población.
Regla fiscal obligatoria y control trimestral
La regla de asignación mínima prioritaria será obligatoria y verificable en todas las fases del presupuesto institucional: formulación, asignación, reformas, devengado y ejecución. No se aplicará a los gobiernos parroquiales.
Municipios y prefecturas deberán publicar trimestralmente el indicador de gasto, su composición y las medidas adoptadas para cumplir la normativa. Por su parte, el Ministerio de Finanzas elaborará un informe de seguimiento dentro de los 60 días posteriores a cada trimestre.
La implementación será progresiva:
65% en 2026
68% en 2027
70% desde 2028 en adelante
El texto aprobado también incluye una disposición transitoria para el presupuesto prorrogado de 2027, permitiendo ajustes y reprogramaciones necesarias para el cumplimiento de competencias.
Próximo paso: sanción presidencial
El proyecto será remitido al presidente de la República, Daniel Noboa Azín, quien deberá sancionarlo u objetarlo dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
