Redacción Lindon Sanmartín Rodríguez.- La inteligencia artificial y otras tecnologías digitales están facilitando que grupos criminales accedan a herramientas cada vez más sofisticadas y amplíen sus operaciones, según un nuevo análisis del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI).
El informe examina la evolución del crimen y las respuestas de los sistemas de justicia durante aproximadamente la última década y advierte que tecnologías antes reservadas a organizaciones con mayores recursos y conocimientos técnicos están ahora al alcance de un número más amplio de redes delictivas.
La expansión de la inteligencia artificial de código abierto, los servicios de programación por encargo y la facilidad para crear plataformas digitales han ampliado las capacidades técnicas de estas organizaciones. A esto se suman las comunicaciones cifradas, los activos digitales y los modelos de “ciberdelito como servicio”, mediante los cuales es posible adquirir herramientas o servicios para cometer delitos sin desarrollar toda la infraestructura desde cero.
Las estafas en línea dejan millones de víctimas
El impacto de estas tecnologías se refleja en la creciente escala de las estafas digitales. Una encuesta citada por UNICRI y realizada en 42 países señala que, en 2025, el 57 % de los adultos había experimentado una estafa durante los 12 meses anteriores y el 23 % había perdido dinero.
Las estimaciones citadas en el informe sitúan en hasta un billón de dólares las pérdidas ocasionadas únicamente por estafas durante 2024.
El organismo advierte que el costo del ciberdelito no se limita a las pérdidas económicas. También incluye la explotación de personas obligadas a trabajar en centros de estafas, las consecuencias para sus familias y los efectos sobre economías y sectores productivos.
América Latina enfrenta redes criminales más diversificadas
El análisis de UNICRI señala que en América Latina varias organizaciones que inicialmente concentraban buena parte de sus ingresos en el tráfico de drogas se han convertido en redes policriminales con intereses en actividades como la agricultura, la minería, la pesca y la explotación de recursos naturales.
El informe menciona al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación, en México, así como al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital, en Brasil.
Según el análisis, los beneficios obtenidos mediante actividades ilícitas han permitido a estas organizaciones diversificar sus operaciones y participar en mercados vinculados con la minería ilegal, los recursos naturales, productos de alto valor y bienes agrícolas.
Algunas redes también han buscado ampliar sus mercados y rutas fuera de América Latina mediante alianzas con grupos locales, intermediarios y funcionarios corruptos en países de tránsito y destino.
UNICRI señala que esta capacidad de adaptación puede superar la velocidad con la que evolucionan determinados sistemas regulatorios y de aplicación de la ley, especialmente cuando existen diferencias entre jurisdicciones y vacíos en los controles financieros y comerciales.
Niños y adolescentes, entre los más afectados
El desempleo, la desigualdad y la marginación social también generan condiciones que pueden facilitar el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales, pandillas y otros actores armados.
En Colombia, Naciones Unidas verificó en 2025 el reclutamiento y utilización de 371 niños, principalmente por disidencias de las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En Haití, cerca de 900 niños fueron reclutados y utilizados por bandas armadas durante el mismo año.
El informe señala que 2025 registró el mayor número de niños afectados por violaciones graves desde el inicio del mecanismo de seguimiento de Naciones Unidas.
En Ecuador, UNICRI señala que la tasa de homicidios entre niños y adolescentes aumentó un 640 % entre 2019 y 2023, en un contexto de escalada de la violencia relacionada con el crimen organizado.
América Latina y África concentran gran parte de los homicidios
A escala mundial, el informe identifica una tendencia a la baja en los homicidios. La tasa global pasó de 5,9 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 a 5,2 en 2023.
Sin embargo, la reducción no se distribuye de manera uniforme entre las regiones. América Latina y el Caribe y África subsahariana concentran aproximadamente dos tercios de las víctimas de homicidio en el mundo, según el análisis.
UNICRI vincula una parte importante de esta violencia con la presencia del crimen organizado, las pandillas y las redes criminales transnacionales.
El impacto económico también es significativo. El informe estima que el crimen tuvo un costo de unos 192.000 millones de dólares para América Latina en 2022, equivalente al 3,44 % del producto interno bruto regional.
Los sistemas de justicia enfrentan nuevos desafíos
El avance de formas de delincuencia más complejas y transnacionales está ejerciendo presión sobre los sistemas de justicia. Según UNICRI, algunos países han reforzado respuestas centradas en la seguridad y el control, entre ellas tácticas policiales militarizadas, penas más severas y políticas penitenciarias más punitivas.
El organismo también advierte que, en determinadas regiones, las organizaciones criminales han logrado penetrar sistemas penitenciarios débiles y reducir el control efectivo del Estado sobre las cárceles, un fenómeno señalado especialmente en América Latina y África austral.
La tecnología representa otro desafío. Las fuerzas de seguridad utilizan cada vez más cámaras con inteligencia artificial, reconocimiento facial y sistemas automatizados para analizar información y apoyar investigaciones.
Sin embargo, UNICRI advierte que las normas, los mecanismos de supervisión y las garantías destinadas a controlar estas tecnologías no siempre avanzan al mismo ritmo.
El informe también alerta sobre posibles errores en el uso de herramientas de inteligencia artificial en tareas policiales, incluida la generación de información incorrecta que posteriormente podría incorporarse a expedientes.
En este escenario, el análisis plantea que la expansión tecnológica está modificando tanto las capacidades de las organizaciones criminales como las herramientas disponibles para combatirlas, mientras los sistemas de justicia enfrentan el desafío de adaptar sus mecanismos de regulación, supervisión y respuesta. (Esta noticia se la redacto con base a un informe publicado por la ONU en su sitio web).
