Quito.- Directivos de los ministerios de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, y de la empresa privada Aeroastral Consulting, especializada en la industria aeronáutica y espacial, expusieron ante la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral sus observaciones al proyecto de Ley de Control del Espacio Aéreo.
Marcelo Proaño, del Ministerio de Defensa, observó aspectos de forma en la construcción de esta ley, tales como; el cambio del término “espacio aéreo”, por espacio suprayacente continental, insular y marítimo, que hace referencia a todo aquello que se encuentra sobre el territorio nacional.
Puntualizó que, “este término fue usado por primera vez en la Constitución de la República del año 1998 y, por lo tanto, debe considerarse así en cualquier normativa legal.
Además, sugirió modificar el término “aeronaves ilegales”, por el de ingenios aeroespaciales, pues así se hará referencia a todo tipo de aeronave hostil y no hostil que sobrevuele el espacio suprayacente ecuatoriano. “Estos cambios permitirán que la amplitud de acción del cuerpo legal sea la adecuada, frente a cualquier ingenio aeroespacial ilícito”, afirmó.
De su lado, Marcelo Vázquez, coordinador Jurídico de la Cancillería, resaltó la importancia de este proyecto de ley en el contexto ecuatoriano actual. No obstante, advirtió que es necesario especificar las circunstancias o motivaciones por las que se hará uso de la fuerza para intervenir aeronaves, con la finalidad de no violar los acuerdos y obligaciones internacionales a las que el Ecuador es adherente, como la Convención de Chicago.
Los miembros de la empresa Consultora Aeroastral coincidieron en que este proyecto necesita establecer principios, lineamientos, métodos explícitos y responsabilidades de acción, por lo que sugirieron la elaboración de reglamentos complementarios.
Uno de ellos podría normar el procedimiento para la degradación de una aeronave civil, a una hostil, cuando se incumplan reglamentaciones aeronáuticas, u órdenes de los controladores aéreos. Esto es fundamental para no infringir tratados internacionales durante procedimientos o intervenciones, mencionó el experto Fernando Flores.
Finalmente, la comisión inició el estudio de las 22 observaciones que constan en la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres.