Quito.- La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social inició este lunes las acciones de control político, al proceso de selección de la primera autoridad de Defensoría Pública. Para el efecto, el organismo recibió al coordinador de la veeduría ciudadana, Juan Carlos Pérez Ycaza, quien explicó las irregularidades presentadas en el referido concurso de méritos y oposición.
Pérez recordó que la veeduría a la que representa está al tanto del proceso desde su inicio, en junio de 2021, tiempo en el cual han sido testigos de la serie de problemas que se han presentado, por la manipulación de los mecanismos constitucionales para retardar la selección de ese importante funcionario, en detrimento de las ciudadanas y ciudadanos que no tienen recursos para contratar los servicios de un abogado, para salvaguardar sus derechos.
A criterio del coordinador de la veeduría, a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no les interesa el nombramiento del Defensor Público, por ello no han designado a quienes completarán la Comisión Ciudadana de Selección.
Indicó que el proceso, hasta el 2022, avanzó con normalidad incluida la fase en la cual los postulantes rindieron el examen escrito. Sin embargo, hoy afronta varios tropiezos, por la serie de medidas cautelares y acciones de protección presentadas por propios funcionarios de la Defensoría Pública, lo cual beneficia al actual Defensor, quien está en funciones sin haber sido nombrado con el procedimiento de selección previsto en la ley.
Dijo que no se explica cómo un proceso que regularmente toma entre siete y nueve meses, lleva más de dos años y medio y, ahora, está totalmente paralizado, lo cual afecta a la ciudadanía.
El presidente de la Comisión, Patricio Chávez indicó que el organismo investigará qué está pasando con este concurso de méritos y oposición, sobre todo las presuntas irregularidades que se habrían presentado, con el fin de accionar todas las entidades e instituciones relacionadas con el proceso de selección del Defensor Público, a fin de darle una respuesta al país.