Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 82 votos afirmativos, la Ley para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad, normativa que establece una arquitectura institucional moderna para robustecer la protección digital del país, garantizar la continuidad de servicios esenciales y resguardar infraestructura crítica.
La ponente del informe de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, asambleísta Inés Alarcón, señaló que la ley responde a amenazas crecientes en entornos digitales y destacó que el 23 % de niños y niñas entre nueve y diez años estaría expuesto a dinámicas de reclutamiento por parte del crimen organizado.
En ese contexto, explicó que la norma incorpora reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) para incluir contenidos de seguridad digital en las mallas curriculares, promoviendo una visión integral que articule educación, cultura y prevención.
Gobernanza digital y estándares internacionales
Alarcón subrayó que el texto aprobado integra estándares y buenas prácticas internacionales, así como instrumentos técnicos para priorización de riesgos y mecanismos de coordinación interinstitucional. El objetivo es enfrentar amenazas digitales de carácter transnacional y evolutivo mediante un modelo coherente de gobernanza digital.
Durante el debate, nueve asambleístas coincidieron en que la normativa no se limita a un enfoque tecnológico, sino que fortalece la dimensión preventiva y la protección de niños, niñas y adolescentes. También se destacó su aporte a la alfabetización digital y a la consolidación de capacidades estatales en materia de ciberseguridad.
Respaldo técnico y sectorial
En comisión general, Bryan Palate, subsecretario de Gobierno Electrónico, defendió el proyecto y afirmó que fue construido con participación de sectores público y privado, además de especialistas en la materia. Indicó que la ley busca subsanar la falta de mecanismos articulados de respuesta ante ciberataques y promover una inversión estratégica en seguridad digital.
Por su parte, José Luis Barzallo, representante de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (Citec), respaldó la iniciativa y resaltó la apertura de la Comisión para incorporar observaciones técnicas en el texto definitivo.
Tras su aprobación en segundo debate, el proyecto será remitido al Ejecutivo en un plazo máximo de 48 horas para su sanción u objeción, conforme al procedimiento constitucional.
