Quito.- Los asambleístas Lucio Gutiérrez y Lucía Posso presentaron el proyecto de enmiendas a la Constitución de la República, encaminadas a combatir la inseguridad y la delincuencia organizada que preocupa a la ciudadanía.
Gutiérrez explicó que esta propuesta surge en razón de que Ecuador se desangra por la corrupción, la delincuencia y el narcotráfico que generan desempleo. Para ello plantean enmendar el numeral 6 del artículo 416 de la Constitución, que permite la ciudadanía universal, considerando que con ello “Ecuador es tierra de nadie y al mismo tiempo tierra de todos, ya que a nuestro país puede ingresar cualquier persona sin cumplir ningún requisito y nadie le puede exigir sus antecedentes».
Afirmó que la enmienda reconoce y regula la libre movilidad humana, a fin de que el Estado conserve el derecho a pedir antecedentes penales y el pasado judicial a los extranjeros sospechosos para ingresar a nuestro territorio.
También propone enmendar el artículo 77 para evitar la impunidad. Plantea que la privación de libertad sea obligatoria en los casos de peculado, narcotráfico, sicariato, femicidio, asesinato y los delitos contra la administración pública.
Gutiérrez señaló que la enmienda al artículo 35 está orientada a que los privados de la libertad no consten entre las personas que tienen derecho a una atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados.
De su lado, la legisladora Lucía Posso insistió en la necesidad de regular la llamada ciudadanía universal a través de la fijación de requisitos previos, como el pasado judicial para ingresar al país y que en este sentido va la enmienda al numeral 2 del artículo 11, pues considera que exigir el pasado judicial
no es una forma de discriminación. Enfatizó que es necesario quitar la categoría de personas vulnerables a los privados de la libertad, a la vez advirtió que mientras miles de niños, niñas y adolescentes van a sus estudios sin desayunar, los PPL tienen aseguradas tres comidas al día.
Así mismo, hizo un llamado a la Corte Constitucional para que emita su dictamen favorable para que la Asamblea pueda iniciar el estudio de estas enmiendas. «Estamos para defender a las grandes mayorías, el proyecto no implica regresión de derechos, por el contrario, asegura un principio básico y constitucional en el sentido que el bien común está sobre el bien individual y el bien colectivo hoy es afectado por la delincuencia», finalizó.