Quito. (Carmen Luisa Samaniego).- El juicio por presunto cohecho en el caso Sinohydro contra Lenín Moreno y otras 20 personas avanzó este 11 de mayo de 2026 hacia una etapa decisiva, luego de concluir los alegatos de apertura en la Corte Nacional de Justicia.
La causa está relacionada con la adjudicación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair a la empresa china Sinohydro durante el gobierno de Rafael Correa, período en el que Moreno ejercía la Vicepresidencia de la República.
Según la acusación presentada por la Fiscalía General del Estado, se habría estructurado un esquema de corrupción mediante el cual se pagaron aproximadamente USD 76 millones en sobornos para favorecer la contratación de la obra.
Fiscalía apunta a red de sobornos
El fiscal Carlos Alarcón sostuvo que entre 2008 y 2018 se configuró un entramado para canalizar pagos ilícitos a servidores públicos y particulares.
De acuerdo con la teoría fiscal, la empresa Recorsa, vinculada al empresario Conto Patiño, habría servido para dar apariencia de legalidad al movimiento de fondos provenientes de Sinohydro.
La Fiscalía aseguró que parte de los recursos habría sido distribuida entre familiares de Moreno y del propio Patiño mediante transferencias y cheques.
Entre los procesados figuran familiares directos del expresidente, exfuncionarios vinculados a Coca Codo Sinclair, exrepresentantes de Sinohydro y allegados al empresario Conto Patiño.
Defensa de Moreno rechaza acusaciones
Durante su alegato, el abogado David Meza sostuvo que la acusación fiscal responde a una “narrativa política” y aseguró que Moreno nunca tuvo competencia sobre el sector energético ni sobre la contratación de Coca Codo Sinclair.
La defensa argumentó que el entonces vicepresidente únicamente ejercía funciones delegadas por el expresidente Rafael Correa y que su firma no aparece en documentos relacionados con la contratación investigada.
Además, sostuvo que los recursos recibidos por familiares de Moreno corresponden a actividades lícitas, relaciones comerciales y trabajos facturados años después de los hechos investigados.
Respecto a Irina Moreno, la defensa señaló que los ingresos cuestionados provienen de la venta legal de obras de arte.
Familia Patiño también niega pagos ilícitos
Por su parte, la defensa de Conto Patiño afirmó que la Fiscalía no podrá demostrar la existencia de pagos ilegales a funcionarios públicos.
Los abogados insistieron en que la relación entre Patiño y Sinohydro se limitó a servicios de asesoría comercial y representación empresarial.
Otros integrantes de la familia Patiño alegaron que las transferencias investigadas obedecen a relaciones familiares y gastos personales.
Jorge Glas será uno de los testigos
Concluida la fase de alegatos de apertura, el proceso avanzará hacia la práctica de pruebas desde el 12 de mayo.
La Fiscalía anunció la comparecencia de 99 personas entre peritos y testigos, destacándose la presencia del exvicepresidente Jorge Glas.
La etapa probatoria será determinante para sustentar o desvirtuar las acusaciones de cohecho planteadas dentro del caso Sinohydro.
Tribunal rechazó pedido de diferimiento
Antes de iniciar formalmente el juicio, el Tribunal conformado por Manuel Cabrera, Daniella Camacho y Julio Inga negó un pedido de diferimiento presentado por una de las defensas.
La solicitud cuestionaba la imparcialidad del proceso debido a que el fiscal Carlos Alarcón y la jueza Daniella Camacho participan simultáneamente en el concurso para Fiscal General del Estado.
Sin embargo, los magistrados concluyeron que no existe impedimento legal para que ambos intervengan en la audiencia.
Caso de alto impacto político
El proceso judicial se ha convertido en uno de los casos de presunta corrupción más relevantes vinculados a la contratación pública durante el correísmo.
La investigación involucra millonarios movimientos financieros, presuntas estructuras de intermediación y acusaciones sobre el manejo de recursos asociados a la mayor hidroeléctrica del país.
Con el inicio de la fase probatoria, el juicio entra ahora en una etapa clave para definir responsabilidades penales en uno de los expedientes más sensibles del escenario político ecuatoriano.
