Cobro de pasaje genera polémica legal en Loja

Loja.- (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El anuncio del Consorcio de Transportistas Urbanos de Loja sobre la actualización progresiva de la tarifa del servicio de transporte ha generado controversia jurídica y rechazo ciudadano, debido a que la reforma a la Ordenanza No. 055-2018, aún no habría cumplido con todos los requisitos legales para su entrada en vigencia.

La medida fue comunicada por el consorcio bajo el argumento de que la reforma fue aprobada por el Cabildo el 27 de abril de 2026 y ratificada mediante sumilla del acta en sesión del 7 de mayo.

Según el comunicado, la actualización tarifaria se aplicaría progresivamente en los sistemas electrónicos de recaudo durante un plazo máximo de cinco días.

Municipio desautoriza incremento

Horas después del anuncio, la Unidad Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte Terrestre emitió un pronunciamiento oficial aclarando que la tarifa del transporte urbano en la ciudad se mantiene en 30 centavos.

La entidad municipal precisó que la ordenanza relacionada con la reforma tarifaria aún no se encuentra vigente, por lo que no existe autorización legal para ejecutar ningún incremento en el valor del pasaje.

El Municipio señaló que mientras el procedimiento normativo no concluya conforme lo establece la legislación vigente, cualquier modificación tarifaria carece de sustento legal.

Procedimiento legal pendiente

De acuerdo con la normativa aplicable, para que una ordenanza municipal entre en vigencia debe cumplir varias etapas obligatorias.

Entre ellas constan la aprobación por parte del Concejo Municipal, sanción del alcalde, publicación en la gaceta oficial, difusión en el portal institucional y, en caso de tratarse de disposiciones con carácter tributario o económico, publicación en el Registro Oficial.

Juristas y sectores ciudadanos sostienen que estos pasos aún no se han completado en el caso de la reforma al Sistema Intermodal de Transporte Urbano (SITU).

Cuestionamientos a decisión del consorcio

La decisión del consorcio ha sido calificada por diversos sectores como arbitraria.

Se advierte que ejecutar cobros sin que la normativa esté formalmente vigente podría derivar en responsabilidades administrativas, acciones constitucionales e incluso procesos legales impulsados por usuarios afectados.

Algunos pronunciamientos ciudadanos plantean la posibilidad de activar mecanismos de defensa jurídica frente a eventuales cobros no autorizados.

Rechazo ciudadano

El incremento tarifario ha generado amplio debate en la ciudad, especialmente por el rechazo expresado por sectores sociales que cuestionan tanto el procedimiento de aprobación como el impacto económico sobre los usuarios.

La discusión ocurre en medio de observaciones jurídicas previas al proceso legislativo que reformó la ordenanza del SITU, donde se advirtieron posibles inconsistencias parlamentarias.

Mientras persista la falta de vigencia formal de la ordenanza, la tarifa oficial continúa siendo de 30 centavos.

La situación mantiene abierta una disputa institucional y jurídica sobre la legalidad de cualquier modificación en el cobro del servicio.

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