(Diario EL UNIVERSO).- Tras una sentencia a favor de magistrados ecuatorianos, los 48 exdiputados destituidos el 7 de marzo del 2007 por el desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE) aspiran a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) califique la demanda.
La notificación a la Procuraduría llegó en julio del 2008 y emitió una contestación inicial en diciembre de ese año.
El caso vuelve a la palestra por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la demanda presentada por los exjueces de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, destituidos por el exCongreso en el 2004.
Si bien fueron 56 diputados los destituidos, solo 48 firmaron la petición ante la CIDH, según documentos en poder del exdiputado Alfredo Serrano (PSC), quien constituye el procurador común del grupo.
Comentó que como se ha presentado el caso de los exmagistrados de la Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, y luego de haber leído la sentencia de la Corte Interamericana, lo que debería hacer la Comisión es un ‘copy page’ para el caso de los diputados destituidos, porque los argumentos son los mismos, pues en ambos casos fueron destituidos por autoridad no competente, sin iniciar un proceso, sin notificación, sin derecho a la defensa y, además, sacados del Congreso “abruptamente a la fuerza”.
Serrano dijo que están más optimistas que nunca porque se ha creado jurisprudencia.
El procurador del Estado, Diego García, en sus argumentos, defendió la legitimidad de la resolución, porque el TSE actuó conforme a las competencias que le otorgaba en ese entonces la Ley Orgánica de Elecciones, donde se convertía en máxima autoridad en procesos electorales.
En el escrito pidió a la Comisión que declare inadmisible la petición por no reunir los requisitos exigidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además considera que la CIDH carece de competencia para interpretar normas procesales internas.
