Loja. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- Marcos Quishpe, en una intervención ante la comisión general del cabildo lojano, ha solicitado la reconsideración total de la ordenanza del Sistema Intermodal de Transporte Urbano (SITU), aprobada el pasado 27 de abril.
Marcos Quishpe argumenta que la normativa presenta «inconsistencias» y «vulnera directamente la Ley Orgánica de Transporte Terrestre», al carecer de una metodología tarifaria completa, definida y aplicable, así como de los estudios técnicos obligatorios.
El principal punto de crítica de Marcos Quishpe radica en la «inexistencia de una metodología tarifaria explícita». A pesar de que el documento menciona la garantía de transparencia y equidad, no se presenta una fórmula tarifaria, variables definidas ni parámetros técnicos obligatorios.
Esto, según el expositor, incumple la Ley Orgánica de Transportes, que exige que las tarifas se sustenten en estudios técnicos que consideren costos reales de operación, demanda y condiciones de servicio.
Incumplimiento de Acuerdo Ministerial
Marcos Quishpe enfatizó el incumplimiento del Acuerdo Ministerial 067-2021, que establece una metodología nacional obligatoria para fijar tarifas de transporte público urbano intracantonal.
La ordenanza aprobada omite este acuerdo en su exposición de motivos y considerandos, lo que impide verificar si incorpora la metodología del anexo 067-2021. Además, no se desarrollan las variables técnicas, no se presenta el cálculo de la tarifa de equilibrio y, lo más grave, no se demuestra la «tarifa socialmente justa».
Marcos Quishpe subrayó que la decisión normativa no se basa en un estudio técnico integral, sino que establece disposiciones generales y delegaciones, invirtiendo el orden legal del proceso.
«Primero se hace el estudio técnico, luego se calcula la tarifa y finalmente se la aprueba. Aquí se está intentando hacer lo contrario», afirmó Quishpe, calificando la situación como un problema de legalidad, no solo técnico.
Otro aspecto cuestionado es la «delegación excesiva de competencias al ejecutivo», ya que la ordenanza delega la fijación de tarifas y la definición de metodologías a la administración ejecutiva municipal, lo que, a su juicio, reduce el control democrático y la seguridad jurídica.
Marcos Quishpe señaló la «ausencia de estudios técnicos previos obligatorios» como condición para la fijación o revisión de tarifas, la «falta de garantía de equilibrio económico financiero» que asegure la sostenibilidad del sistema, la calidad del servicio y la capacidad de pago del usuario, y la «inexistencia de participación ciudadana», al no contemplarse mecanismos de socialización previa o audiencias públicas.
En su conclusión, Marcos Quishpe afirmó que la ordenanza no cumple con las garantías técnicas, legales ni sociales necesarias para justificar una subida de tarifa.
Por ello, solicitó al cabildo la reconsideración total de la norma y, en caso de no ser así, pidió a la alcaldesa que vete y objete totalmente la normativa aprobada.
