Loja.- Pablo Sanmartín Rodríguez, director del programa Expresión Política de S.R. Radio y Radio Planeta 106.1, ha realizado un profundo análisis sobre la nueva ordenanza que regula la operación del Sistema Intermodal de Transporte Urbano (SITU) en el cantón Loja. Su crítica se centra en la configuración de un posible monopolio y la ausencia de una política de responsabilidad social en el servicio de transporte público.
Pablo Sanmartín Rodríguez cuestiona la estructura de la ordenanza, que, según su lectura del Art. 1, delega la prestación del servicio de transporte público a un consorcio que opere en caja común, identificando al Consorcio Ciudad de Loja como el único actor bajo esta figura. Esto, a su juicio, cierra la puerta a la competitividad y al desarrollo de infraestructura de transporte urbano en la ciudad.
Política de movilidad
Pablo Sanmartín Rodríguez considera otro punto de preocupación es el Art. 2, que sugiere que la política de movilidad podría quedar bajo la regencia de los integrantes del consorcio, lo que implicaría que los deberes y obligaciones del cabildo en la planificación de la movilidad se verían comprometidos.
Pablo Sanmartín Rodríguez enfatiza que la ordenanza no está construyendo sistemas de movilidad eficientes y modernos, sino que parece centrar el trabajo en un interés particular.
Falta de control político
Pablo Sanmartín Rodríguez también aborda la falta de control político por parte de los concejales, quienes, no habrían fiscalizado adecuadamente si el transporte público operado por el consorcio está generando pérdidas o si el sistema actual, con la tarjeta de $2.50 a $3.00 y el costo de recarga, es realmente eficiente. Califica el sistema actual como «envejecido» y sin las garantías necesarias para el usuario.
Política de responsabilidad social
Pablo Sanmartín Rodríguez propone la implementación de una política de responsabilidad social como solución. Argumenta que el municipio de Loja invierte en infraestructura como paradas y tecnología, y que el consorcio, al beneficiarse de esto, debería asumir compromisos sociales.
Pablo Sanmartín Rodríguez sugiere tarifas diferenciadas para estudiantes (10 centavos), adultos mayores (15 centavos) y gratuidad para personas con discapacidad, desafiando la postura del consorcio de guiarse únicamente por la ley nacional.
El director de Expresión Política hace un llamado a la ciudadanía y a los dirigentes barriales para que se abra un debate más amplio y sereno sobre la ordenanza, solicitando a los concejales que aclaren el texto aprobado en el cabildo.
Propone retornar al debate de este cuerpo jurídico para construir un marco legal eficiente que garantice un transporte público de calidad y con responsabilidad social para todos los lojanos.
