Reformas al COOTAD apuntan a frenar corrupción

Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen Peet, solicitó a la comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados suspender por ocho días el análisis de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), con el fin de consolidar un texto definitivo.

El debate sobre estas reformas ha tomado relevancia nacional debido a su impacto en la planificación territorial y el uso del suelo. Según los periodistas Pablo Sanmartín Rodríguez y Lindon Sanmartín Rodríguez, el objetivo central de la propuesta es corregir fallas estructurales en la gestión urbana y fortalecer los mecanismos de control.

De acuerdo con el asambleísta Milton Aguas, en los gobiernos autónomos descentralizados existe un marcado desorden en la autorización de expansiones urbanas, lo que habría facilitado prácticas de corrupción y tráfico de influencias en la aprobación de nuevas urbanizaciones.

Los análisis periodísticos advierten que este problema ha generado inseguridad jurídica en el uso del suelo, afectando incluso a ciudadelas ya habitadas, cuyos terrenos podrían no cumplir con criterios técnicos adecuados para su edificación.

Uno de los puntos clave de la reforma es la creación de un catastro nacional georreferenciado y un sistema integrado de información geográfica, herramientas que permitirían transparentar la propiedad de la tierra y evitar irregularidades en registros y adjudicaciones.

Casos como el de la Hacienda Carigán, en Loja, donde se denunció la desaparición de varias hectáreas de terreno estatal, han sido citados como ejemplos de posibles inconsistencias en el manejo de bienes públicos.

Las reformas también plantean fortalecer la supervisión del ordenamiento territorial, limitar decisiones discrecionales en el uso del suelo y mejorar la planificación urbana, con énfasis en infraestructura, movilidad y servicios básicos.

El proceso legislativo continúa en análisis, mientras distintos sectores advierten que los cambios podrían redefinir la gestión territorial en todo el país.

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