Pablo Sanmartín Rodríguez
Director de Expresión Politika
Las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) se han convertido en el eje de un debate nacional sobre la eficiencia del gasto público y la defensa de la libertad económica de los contribuyentes. El proyecto de ley de urgencia económica enviado por el presidente Daniel Noboa Azín a la Asamblea Nacional plantea una reestructuración profunda del uso de los recursos en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
Para el analista político Pablo Sanmartín Rodríguez, director del programa de opinión Expresión Polítika, el COOTAD se ha transformado en “el verdadero verdugo de la libertad económica del pueblo ecuatoriano”, al permitir que gran parte de los presupuestos municipales se destinen al gasto corriente y no a la inversión productiva.
El proyecto gubernamental propone que al menos el 70 % del presupuesto de los gobiernos locales se destine a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos, con mecanismos de control, trazabilidad y rendición de cuentas. Actualmente, según datos expuestos por el Ejecutivo, en 2024 la inversión promedio de los GAD no superó el 39 % de sus presupuestos.
En el caso del cantón Loja, el debate se intensifica. La proforma presupuestaria municipal 2026 supera los 75 millones de dólares, pero apenas alrededor de 5 millones estarían destinados a obra pública, lo que evidencia —según Pablo Sanmartín Rodríguez— una estructura orientada al gasto corriente y al crecimiento de la burocracia municipal.
El asesor jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, explicó que la falta de inversión en obra social y de infraestructura por parte de los gobiernos seccionales genera presión sobre el Estado central, que enfrenta restricciones fiscales para suplir esas deficiencias. Por ello, el proyecto busca alinear el gasto local con el Plan Nacional de Desarrollo.
Las reformas también obligarían a los municipios a realizar procesos de reingeniería institucional, reducción de jefaturas, fusión de dependencias y optimización del parque automotor y de los recursos administrativos, con el objetivo de liberar fondos para obras prioritarias y servicios básicos.
Desde esta perspectiva, la defensa de los derechos laborales no se contrapone al proyecto, sino que se plantea como un proceso de transición hacia un modelo de desarrollo local basado en inversión, infraestructura productiva y atracción de capital privado, capaz de generar empleo sostenible.
El debate ya impacta en el escenario político local. En ciudades como Loja, donde se proyectan múltiples precandidaturas a la alcaldía, las reformas obligan a los aspirantes a pronunciarse sobre el tamaño del Estado municipal, el gasto corriente, la carga tributaria y el uso de los recursos del contribuyente.
Para sus defensores, modificar el COOTAD no solo implica ordenar las finanzas municipales, sino garantizar la libertad económica, frenar el incremento de impuestos y recuperar la capacidad de inversión de los territorios. Un cambio que, aseguran, podría redefinir el modelo de desarrollo local en Ecuador.
