Loja. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El refuerzo de controles en el Parque Nacional Podocarpus responde a un escenario creciente de presión sobre áreas protegidas en el sur del Ecuador, donde confluyen riesgos ambientales, actividades ilegales y debilidades en la vigilancia territorial.
La activación del Puesto de Mando Unificado evidencia una estrategia de coordinación interinstitucional que busca optimizar recursos frente a amenazas como la apertura de vías ilegales, ingreso no autorizado y posibles actividades extractivas.
El uso de vigilancia aérea representa un salto en la capacidad operativa del Estado, permitiendo detectar patrones de ocupación irregular y rutas clandestinas que, en muchos casos, facilitan economías ilícitas o procesos de deforestación.
Desde el punto de vista socioeconómico, la protección del parque es clave para la sostenibilidad hídrica, la biodiversidad y el turismo ecológico en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Sin embargo, también refleja tensiones con comunidades o actores que buscan acceder a recursos dentro del área protegida.
La demanda de presencia permanente de la Policía Nacional sugiere que el control territorial aún enfrenta limitaciones estructurales, lo que obliga a mantener operativos sostenidos en el tiempo.
Como parte del operativo, se mantienen controles militares fijos en los accesos ubicados en Loyola y La Punta, con el objetivo de impedir el ingreso hacia sectores sensibles como la “Y” de Dantas, San Luis, La Aida y Dos Camas.
Además, se ejecutan operaciones de reconocimiento aéreo en zonas como Romerillos Alto y los alrededores de la “Y” de Dantas, con el fin de identificar posibles rutas clandestinas de acceso al área protegida.
Previo a estas acciones, se desarrollaron reuniones de coordinación con representantes de las gobernaciones de Loja y Zamora, así como del Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica (MAATE), quienes ratificaron la necesidad de restringir el acceso y garantizar la protección del ecosistema.
