Loja.- El incremento del Salario Básico Unificado (SBU) en Ecuador, que pasará de USD 470 a USD 482 desde enero de 2026, no solo impacta directamente en los ingresos de los trabajadores, sino que también genera una serie de ajustes automáticos en multas, aportes y obligaciones legales vinculadas a este indicador económico.
El nuevo salario fue acordado el 15 de diciembre de 2025 durante la sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, con la participación de representantes de empleadores y trabajadores. A partir de este acuerdo, varios valores calculados en función del SBU se incrementarán a nivel nacional.
Uno de los impactos más visibles se refleja en las multas del Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado (SIMERT), que regula el uso del espacio público en la ciudad de Loja. Desde 2026, sanciones como la ausencia de tarjeta, el uso indebido del sistema, los retrasos en el tiempo de estacionamiento o el servicio de grúa registrarán incrementos que van desde USD 4,82 hasta USD 57,84, dependiendo de la infracción y del porcentaje del SBU aplicado.
A nivel nacional, también se ajustan las infracciones de tránsito. Conducir sin licencia o usar el celular al volante tendrá una multa de USD 48,20, mientras que no portar placas implicará una sanción equivalente a un salario básico completo (USD 482). En el caso de conducir bajo los efectos del alcohol, las multas oscilarán entre uno y tres salarios básicos, según el grado de alcohol detectado.
El aumento del SBU también incide en los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Un trabajador que perciba el salario básico deberá aportar, junto con su empleador, USD 99,29 mensuales al sistema de seguridad social. En el caso de los afiliados voluntarios, el pago mínimo mensual será de USD 84,83.
Finalmente, aunque las pensiones alimenticias no dependen exclusivamente del salario básico, este valor sigue siendo un referente clave para el cálculo cuando los ingresos del progenitor se aproximan al SBU. Las autoridades reiteran que el monto de la pensión se determina considerando los ingresos reales y las necesidades del menor, más allá del salario mínimo.
De esta forma, el ajuste del salario básico para 2026 tendrá un impacto transversal en la economía cotidiana de los ecuatorianos, afectando desde sanciones administrativas hasta obligaciones laborales y familiares.
