(Diario EL UNIVERSO).- Una comitiva de ciudadanos ecuatorianos solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, que se pronuncie sobre la situación de los derechos de libertad de expresión y asociación en el país, así como sobre el derecho a la consulta previa para las comunidades.
Las peticiones fueron planteadas ayer durante el 149º periodo de sesiones que la CIDH, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrará hasta el próximo 8 de noviembre.
El pleno recibió a dos delegaciones ecuatorianas, con un total de quince agrupaciones, en distintas audiencias.
La primera trató sobre el derecho a la libertad de expresión y asociación en Ecuador.
Los expositores cuestionaron el Decreto Ejecutivo 16, que norma a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y a la Ley Orgánica de Comunicación.
La presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Mariana Pallasco, criticó el decreto porque obliga a las OSC a registrarse, pese a que la Constitución garantiza a la sociedad civil la libre asociación, y que los requisitos son “excesivos”.
El titular de la Ecuarunari, César Pérez Guartambel, opinó que el Gobierno busca acceder a determinada información, como su ideología, para “criminalizar” actividades, como las protestas. “Este decreto soslaya derechos históricos e irrenunciables de las comunidades”.
En cambio, dos periodistas cuestionaron la referida ley.
El director de noticias de Ecuadoradio, Miguel Rivadeneira, la calificó como un “retroceso a la libertad de expresión” y para la democracia. Reprochó dos figuras que creó la ley: los defensores de audiencia y superintendente de Comunicación.
Jean Cano aseguró a los comisionados que uno de los efectos de la norma es la desaparición de las unidades de investigación en ciertos medios.
La segunda audiencia trató sobre la situación de derecho a la consulta previa. Delegados de nacionalidades indígenas sarayaku, zapara y shuar denunciaron que el Estado no respeta esto, y se refirieron la XI Ronda Petrolera, que se ejecuta en provincias del sur del país.
A las diligencias no acudió ninguna autoridad del Estado.
En el caso de la audiencia del derecho a consulta de los pueblos indígenas, el Gobierno argumentó: “No corresponde a la competencia jurídica de la Comisión porque hay un caso en la Corte (IDH), y que entonces será esa instancia la que tiene que dar seguimiento”.
El presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco, lamentó la ausencia. Informó que las invitaciones se enviaron con más de un mes de anticipación.
Pedimos a la honorable Comisión que elabore un informe especial sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en Ecuador”. María Dolores Miño, abogada
Solicitamos a la CIDH que solicite al Gobierno cuál es el estado del cumplimiento de la consulta previa, y que visite los territorios indígenas para que constate la situación”. Juan Gabriel Auz, abogado
