Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- La Contraloría General del Estado determinó indicios de responsabilidades civiles y administrativas por USD 18,8 millones en EP Petroecuador, debido a irregularidades detectadas en la liquidación de un contrato relacionado con sistemas de compresión de gas en el Campo Sacha.
El organismo de control aprobó el informe DNA4-SEyEP-0025-2026, resultado de un examen especial realizado al proceso de suscripción y cumplimiento de acuerdos establecidos en el Acta de Finiquito del contrato No. 2007078, correspondiente al suministro, montaje, pruebas y puesta en marcha de sistemas de compresión de gas en las estaciones Norte 1 y 2, Central y Sur de Petroindustrial.
La auditoría examinó el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2025.
El contrato original fue suscrito el 24 de agosto de 2007 por un monto de USD 28,6 millones y un plazo de ejecución de 420 días. Sin embargo, diversos incumplimientos de la empresa contratista, entre ellos retrasos en la entrega de bienes y problemas relacionados con los derechos de vía, provocaron que Petroindustrial declarara la terminación unilateral del contrato el 4 de febrero de 2010.
Posteriormente, el 17 de marzo de ese mismo año, se notificaron multas al consorcio contratista, el cual interpuso acciones judiciales y constitucionales que finalmente fueron rechazadas por las autoridades competentes.
No obstante, la Contraloría detectó que el 21 de abril de 2021 se suscribió un Acta de Finiquito sin contar con los criterios jurídicos correspondientes. Según el informe, en ese documento se reconocieron y liquidaron intereses calculados retroactivamente desde 2010 hasta 2021, pese a que no existía una obligación “pura, líquida o exigible”.
El organismo de control concluyó que esta actuación generó un perjuicio económico al Estado ecuatoriano por USD 9.484.382,30.
Además, los auditores identificaron que en la liquidación final no se descontaron valores que ya se encontraban en firme. Entre ellos constan multas no cobradas por USD 7.874.423,62 y cuentas por cobrar que ascendían a USD 1.518.084,12.
La suma de pagos indebidos y omisiones financieras configuró el perjuicio total determinado por la Contraloría, que asciende a USD 18.876.890,04.
Por estos hallazgos, la entidad de control predeterminó responsabilidades civiles contra los funcionarios involucrados y sugirió sanciones administrativas por incumplimientos en los procedimientos legales y financieros aplicados durante la liquidación contractual.
Las multas administrativas propuestas alcanzan los USD 9.300 para los responsables señalados en el informe de auditoría.
