Quito.- Los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia entran a una evaluación integral sobre los 80 puntos, de no alcanzar dicho puntaje serán removidos de sus funciones, establece el reglamento 010-2019, expedido por el Consejo de la Judicatura y ratificado en cadena Nacional por su titular la Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez Presidenta de la Judicatura.
Explicó que el reglamento se regirá por los principios de igualdad, transparencia, publicidad, veracidad, independencia, autonomía, participación, imparcialidad y oportunidad; además se aplicará criterios de cumplimiento de normativa interna, legitimidad y transparencia.
Los criterios cualitativos y cuantitativos serán valorados sobre 100 puntos; igualmente se considerarán los objetivos, normas técnicas, métodos y procedimientos de evaluación aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
El Comité Evaluador remitirá el informe del resultado de la evaluación integral al Pleno del Consejo de la Judicatura para su aprobación; dentro del término de 5 días, se procederá a notificar a la parte interesada.
Para la presente evaluación el Consejo de la Judicatura contará con asistencia técnica de expertos catedráticos universitarios para la elaboración y la aplicación de la metodología del proceso, todo esto contará con el respectivo control social a través de una veeduría nacional e internacional que vigile la rigurosidad del proceso.
“Es deber del consejo de la judicatura recuperar la institucionalidad. Existen órganos encargados de administrar justicia y somos respetuosos del principio de independencia; a su vez el Consejo de la Judicatura ejercerá con rigurosidad su facultad disciplinaria pues estamos aquí para velar por la transparencia y eficiencia de la función”, afirmó la Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez Presidenta de la Judicatura.
La actual administración de la Judicatura ha determinado cuatro ejes fundamentales de gestión, estos son:
- La lucha contra la corrupción y la impunidad;
- El fortalecimiento institucional por medio de capacitación y evaluación y tecnificación de los servidores judiciales;
- La independencia judicial interna y externa; y;
- El fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en caso de violencia sexual contra niños niñas adolescentes y mujeres
