Quito.- La suprintendenta de Compañías, Suad Manssur Villagrán, informó a la Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside el asambleísta Gabriel Rivera López, que las empresas de comunicación que no han cumplido con el proceso de desinversión en áreas ajenas a este sector, tienen 30 días para presentar la documentación que demuestre el cumplimiento de la disposición constitucional y el mandato popular del 11 de mayo de 2011.
Subrayó que a las cerca de 20 empresas, tanto de radio, cuanto de televisión y prensa, que no han cumplido la norma, han sido notificadas con el plazo de 30 días para justificar si han vendido las acciones de aquellas compañías ajenas al sector comunicacional. Si persiste el incumplimiento, enfatizó Manssur, se procederá con las respectivas sanciones que están en el orden de la incautación de las acciones, en unos casos y la destitución del representante legal, en otros.
Explicó que las notificaciones responden a una verificación e inspecciones realizadas a las empresas. “No puedo adelantar si existe o no simulación de venta de acciones; hay casos en los cuales se está haciendo la revisión pertinente para determinar si los documentos de venta son auténticos, si las personas que actúan como adquirentes de las mismas tienen o no capacidad para contraer estos contratos y, luego, establecer si la venta se ha realizado en forma legal”, añadió.
Aseveró que el incumplimiento de la desinversión acarrea un proceso judicial civil, en el cual el juez deberá determinar si hubo o no una simulación de venta, ya que la Superintendencia de Compañías, como organismo de control, puede presumir que existen inconsistencias en la documentación, pero es el órgano judicial el que deberá pronunciarse por la legalidad de lo actuado.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Gabriel Rivera López, reiteró que el objetivo es transparentar el proceso de desinversión de las empresas de comunicación en otras áreas ajenas al sector, que constituye el cumplimiento de un mandato popular.
“Vamos a hacer el seguimiento de este proceso, una vez que se cumplan los 30 días de plazo volveremos a invitarla, señora Superintendenta para conocer qué acciones se tomarán, en caso de persistir el incumplimiento de lo dispuesto en la Constitución”, subrayó.
