Quito. (Carmen Luisa Samaniego).- El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Fernando Cedeño, criticó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuyo primer debate se desarrolla en la Asamblea Nacional del Ecuador.
Durante su intervención, el legislador aseguró que las modificaciones propuestas responderían a una supuesta incomodidad del Gobierno frente al rol que cumple la Corte Constitucional del Ecuador como garante de los derechos fundamentales y del orden constitucional.
“El Gobierno busca limitar el control constitucional”
Cedeño defendió el actual marco jurídico al considerar que constituye una herramienta clave para la protección de derechos ciudadanos y el equilibrio institucional en el país.
“Al Gobierno le incomoda una Corte Constitucional garantista, pues este organismo asegura el respeto a la Constitución por encima de los intereses políticos de turno”, expresó el legislador durante el debate parlamentario.
Según el asambleísta, cualquier intento de restringir las garantías jurisdiccionales podría debilitar el Estado constitucional de derechos y justicia.
Debate genera tensión política
El tratamiento de las reformas ha generado posiciones divididas dentro del Legislativo y entre distintos sectores políticos.
Mientras el oficialismo impulsa cambios orientados —según sus argumentos— a mejorar el funcionamiento del sistema judicial y constitucional, sectores de oposición advierten posibles limitaciones al acceso ciudadano a mecanismos de protección frente a decisiones estatales.
El debate en la Asamblea continuará en las próximas sesiones legislativas, donde se prevé que se profundicen las discusiones sobre el alcance de las reformas y su impacto en el sistema constitucional ecuatoriano.
Corte Constitucional en el centro del debate
La discusión sobre la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional coloca nuevamente a la Corte Constitucional en el centro del escenario político nacional.
Diversos sectores consideran que cualquier modificación a esta normativa debe garantizar la independencia judicial, la protección de derechos y el equilibrio entre funciones del Estado.
