Por Carmen Luisa Samaniego
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La Corte Nacional de Justicia (CNJ) atraviesa una de las mayores crisis institucionales de los últimos años. Desde febrero de 2024, el tribunal opera bajo un esquema de autoridades temporales luego de que 11 jueces titulares y seis conjueces designaran -de forma provisional- a José Suing Nagua como presidente y a Enma Tapia como vicepresidenta, a la espera de un proceso formal de selección que no llega.
El problema radica en el Consejo de la Judicatura (CJ), presidido por Mario Godoy, que no ha logrado concretar el concurso para la designación de nuevos magistrados. Los procesos previos fueron anulados en agosto y noviembre de 2024 por inconsistencias, y aunque el Pleno ordenó elaborar una nueva normativa en un plazo de tres meses, dicha disposición continúa sin cumplirse.
El CJ había prometido que el país tendría una nueva Corte hasta abril de 2025, compromiso que se diluye en medio del silencio actual y la falta de avances. Mientras tanto, la CNJ funciona únicamente con 11 jueces titulares; el resto de vacantes son cubiertas por conjueces provenientes de cortes provinciales, lo que mantiene a la justicia en un estado de provisionalidad permanente.
Esta situación afecta directamente a abogados, usuarios y a la legitimidad del sistema judicial, que se ve obligado a aceptar decisiones emanadas de una Corte incompleta y temporal. José Suing, quien debía ejercer solo de forma transitoria, acumula ya 21 meses en el cargo sin perspectivas claras de relevo.
Frente a este escenario, juristas y observadores plantean la necesidad urgente de un nuevo concurso transparente, técnico y con garantías, que permita seleccionar magistrados con probidad y sin cuestionamientos.
Además, se hace un llamado al presidente Daniel Noboa para que exija al CJ el cumplimiento de la Constitución y del Código Orgánico de la Función Judicial, con el fin de restaurar la institucionalidad de la más alta Corte del país.
