Quito.- El Pleno de la Asamblea Nacional inició el estudio de un proyecto de resolución, mediante la cual se faculta a la Comisión de Garantías Constitucionales continuar el proceso de fiscalización del VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades. El tema fue abordado por iniciativa la legisladora Paola Cabezas.
Este proceso se enmarca en el informe elaborado por la Comisión de Transparencia y aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, en enero del 2023, que recomendó fiscalizar el manejo de la información, inconsistencias técnicas y realizar una evaluación del costo del Censo Nacional 2022.
En este informe también se solicitó a la Contraloría General del Estado, realizar la auditoría de la gestión a Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para que se evalúen las fallas administrativas graves en las áreas de reclutamiento, actualización cartográfica, capacitación, empadronamiento, comunicación y seguridad del Censo Nacional 2022.
Comisión General
En comisión general, el Pleno de la Asamblea Nacional recibió a John Sánchez, académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y al economista Byron Villacís, exdirector del INEC.
A decir del delegado del IAEN, la reducción estadística de 1 millón 200 mil afroecuatorianos censados en 2010, a 600 mil en 2022, no solo incurre en un error técnico, sino que afecta directamente a la inversión estatal en políticas públicas, asignación de recursos y garantías de derechos para el pueblo afroecuatoriano.
De su lado, el exdirector del INEC expresó su preocupación sobre la calidad y cobertura del Censo Nacional realizado en 2022, pues además de retrasos en su cronograma de ejecución, existen dudas sobre la veracidad técnica de los datos y resultados emitidos por la entidad en 2023.
El debate de la resolución se realizará en la continuación de la sesión que se convocará en los próximos días.