Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- La lista de presuntos implicados en el millonario desvío de fondos del Ministerio del Ambiente a cuentas particulares continúa creciendo. Ayer fueron vinculadas al caso dos personas más que ahora guardan prisión preventiva.
Con esto suman 52 los sospechosos de haber participado en la apropiación ilícita de recursos del Estado por un monto que alcanza los $ 7’600.798, según una investigación realizada por la Contraloría General del Estado.
La audiencia se realizó este viernes en el Juzgado Octavo de Garantías Penales de Pichincha. Allí, el fiscal Gustavo Benítez vinculó al caso a Diego Jarrín y Wilmer Pérez, quienes serían funcionarios del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (Ecorae) y del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (Iniap), respectivamente.
De acuerdo con la acusación fiscal, ambas personas habrían facilitado sus claves personales para permitir que se realicen las transacciones ilícitas a través del Sistema de Gestión Financiera (eSigef).
Sin embargo, Marco Llerena Meza, abogado de Pérez, rechazó la acusación fiscal. “Mi defendido fue quien denunció que usaron la clave que le dio el Iniap para sacar los fondos del Ministerio del Ambiente y ahora lo vinculan en este caso, en 30 días demostraremos que él no es culpable”.
La investigación se inició el 24 de mayo del 2012. En agosto del 2012 hubo una detención en Chone y dos meses después, otra en Guayaquil. Ninguno era funcionario público.
El caso está en etapa de instrucción fiscal. Benítez detalló que de los 52 vinculados, 20 están detenidos, 5 se presentan periódicamente ante las autoridades por haber recibido medidas sustitutivas y 27 están prófugos de la justicia.
Este no es el único caso de desvío de fondos en una entidad pública. En julio del 2011 se detectó el desvío de $ 3,4 millones en el Subcentro de Salud Nº 8 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ubicado en Cotocollao, en el norte de Quito.
En mayo pasado se emitió una sentencia de siete años de reclusión mayor ordinaria contra Rommel Herrera, excontador de ese Subcentro de Salud de Cotocollao.
En tanto que su esposa, Lupe Guanoquiza, fue condenada junto con la funcionaria del Centro de Salud, Natasha Ordóñez Orrala, a tres años de reclusión menor ordinaria en calidad de cómplices.
Antecedentes
La investigación se inició el 24 de mayo del 2012 con la detención de cinco funcionarias del Departamento Financiero del Ministerio del Ambiente.
Instrucción fiscal
Con las dos nuevas vinculaciones que se produjeron ayer la instrucción fiscal en este caso se extiende por 30 días más.
Auditoría a Ministerio
El Ministerio informó que fue sometido a una auditoría y el informe está listo.
