La Contraloría General del Estado (CGE) predeterminó responsabilidades civiles culposas por USD 974.568 en contra de 3 funcionarios y un contratista, que prestaron servicios entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 en la Empresa Pública Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP).
Las presuntas responsabilidades se derivan del examen especial en el cual se analizó, entre otros aspectos, el contrato suscrito por la CELEC EP con la compañía rusa Tyazhmash S.A. para terminar las obras electro e hidromecánicas de la Central Hidroeléctrica Toachi-Pilatón.
El equipo de auditoría detalló que el personal técnico empleado por la contratista no cumplió los requisitos mínimos establecidos en los pliegos. Los trabajadores no tenían título de tercer nivel en ingeniería y no presentaron certificados que avalen su experiencia laboral. Sin embargo, el administrador del contrato no impuso multas que ascendieron a USD 433.000 en contra de Tyazhmash S.A., monto por el cual se predeterminó una responsabilidad civil.
Otra glosa, por el mismo valor, corresponde a las multas que no se impusieron ante la ausencia de los Sistemas de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo de acuerdo a las normas ISO. El contratista debió implementar estos controles para prevenir riesgos a la seguridad y salud de sus trabajadores y al medio ambiente.
Como resultado de ese examen especial, la Contraloría también predeterminó una glosa por USD 108.568 en contra de la contratista, los funcionarios que administraron los contratos y el jefe del Departamento de Obras Civiles que actuó durante el periodo auditado.
El monto de la responsabilidad civil corresponde a los pagos por trabajos extraordinarios. Este rubro se incluyó en tres planillas sin solicitar la aprobación del administrador del contrato y sin especificar la cantidad de horas y la categoría del personal empleado. Además, los costos de la mano de obra fueron superiores a los fijados por el Ministerio de Trabajo, originando pagos injustificados por el valor de la glosa.
Debido proceso
A partir de la notificación, los posibles responsables cuentan con 60 días para presentar pruebas de descargo y ejercer su derecho a la defensa. Luego del análisis de estos argumentos, la CGE puede confirmar total o parcialmente las responsabilidades o no confirmarlas, según lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
