Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- La Comisión de Seguridad Integral avanza en el análisis del Proyecto de Ley Orgánica que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, incorporando criterios técnicos antes del segundo debate legislativo.
En este contexto, los expertos Nino Cassanello y Guadalupe Correa presentaron observaciones orientadas a fortalecer el control institucional, la trazabilidad de las acciones y la efectividad de la normativa frente al crimen organizado.
Cassanello centró sus aportes en dos ejes fundamentales. En primer lugar, planteó la inclusión de la Fiscalía General del Estado como sujeto obligado dentro del marco legal, junto con entidades como el Ejecutivo, el Consejo de Seguridad, las Fuerzas Armadas y la Policía. Según explicó, esta incorporación permitiría validar jurídicamente las actuaciones y garantizar un control posterior más riguroso.
En segundo lugar, abordó la necesidad de fortalecer la formación en derechos humanos y uso legítimo de la fuerza. No obstante, fue más allá de la capacitación al sugerir la creación de una unidad especializada dentro de las Fuerzas Armadas dedicada exclusivamente a operaciones de apoyo interno, lo que implicaría una profesionalización más estructurada de estas intervenciones.
El experto también introdujo un elemento clave en términos de prevención: la implementación de mecanismos de revisión patrimonial periódica para el personal involucrado, así como su inclusión en los sistemas de control de lavado de activos. Esta propuesta apunta a cerrar posibles brechas de infiltración del crimen organizado dentro de las instituciones de seguridad.
Por su parte, Correa aportó una perspectiva comparada basada en investigaciones internacionales, subrayando la complejidad de las redes criminales contemporáneas. Desde su análisis, el crimen organizado no solo opera de manera transnacional, sino que también puede establecer vínculos con actores políticos y sectores económicos, lo que incrementa los desafíos para su combate efectivo.
En ese sentido, insistió en la necesidad de que la normativa no se limite a regular la intervención militar, sino que incorpore una comprensión más profunda de la estructura, alcance y funcionamiento de estas redes. Este enfoque resulta crucial para evitar respuestas simplistas frente a un fenómeno multidimensional.
Desde una lectura política, el debate sobre el apoyo militar a la Policía refleja una tensión estructural entre la necesidad de fortalecer la seguridad frente a escenarios de violencia creciente y la obligación de preservar el Estado de derecho y las garantías fundamentales. La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna sigue siendo un tema sensible que exige marcos normativos claros, controles efectivos y mecanismos de rendición de cuentas.
El avance del proyecto hacia el segundo debate abre un espacio decisivo para afinar estos elementos. La calidad de la legislación resultante no solo determinará la eficacia operativa en el combate al crimen, sino también la legitimidad institucional en un contexto de alta demanda social por seguridad.
