Loja. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El Cabildo lojano ha puesto en el centro de su debate una propuesta de ordenanza para la protección, conservación y recuperación de los ríos Zamora y Malacatos, así como de todos los afluentes del cantón.
La iniciativa surge como una respuesta urgente a la grave problemática institucional y ambiental que ha afectado a la ciudad, evidenciada por las inundaciones de 2025 y la ausencia de una política hídrica integral.
El concejal John Espinoza, proponente de la ordenanza, destacó que en 2025 se observó una alarmante falta de competencia exclusiva tanto del departamento de obras públicas como del de gestión ambiental para el manejo de los ríos.
Esta carencia se tradujo en la inexistencia de planes de gestión hídrica, infraestructura abandonada y sin mantenimiento (incluyendo azudes con una inversión de 8 millones de dólares), un débil control sobre riberas y descargas, y la ausencia de una oficina competente para el manejo de los afluentes.
La situación se agravó con la contaminación, la ocupación ilegal de quebradas y la pérdida ecológica, culminando en las inundaciones de 2025 que dejaron en evidencia la incapacidad de respuesta de las autoridades.
La propuesta legislativa busca establecer una política clara de prevención, protección integral y gestión activa, declarando los afluentes de interés y dominio público.
Entre los objetivos se encuentran la recuperación ecológica, la rehabilitación de los ríos, la reducción de la contaminación y la construcción de una ciudad sostenible.
Se plantea la necesidad de un inventario hídrico, la mejora de la infraestructura, la reforestación, el control de la erosión hídrica, el monitoreo del agua, la limpieza y un plan de eliminación de aguas residuales, así como un régimen sancionatorio.
Durante la sesión, varios concejales expresaron sus observaciones y sugerencias. El concejal Miguel Castillo enfatizó que la problemática no es reciente y que la ordenanza debería referirse a una sola materia, sugiriendo revisar el principio de proporcionalidad en las sanciones y la competencia de UMAPAL en temas de redes sanitarias y descargas.
Asimismo, propuso que la ordenanza abarque todos los afluentes del cantón, no solo el Malacatos y el Zamora, mencionando ríos como el Piscopamba.
Lenin Cuenca, otro concejal, coincidió en la necesidad de incluir todos los ríos del cantón y destacó la falta de claridad en los permisos para que los ciudadanos realicen trabajos de protección en las riberas de propiedades privadas, lo que genera trabas y desincentiva la inversión particular. Subrayó la importancia de un mayor control y la necesidad de inspectores y técnicos para aplicar la normativa existente.
El vicealcalde Pablo Quiñonez sugirió cautela en la redacción de artículos que impliquen acciones de corto y mediano plazo con altos costos presupuestarios, como la reubicación de colectores, y propuso establecer sanciones con montos fijos para evitar subjetividades.
Otros concejales hicieron hincapié en la importancia de atacar el foco de la contaminación, como las descargas de aguas servidas, y la necesidad de una correlación con la ordenanza 070 del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.
La alcaldesa Diana Guayanay resaltó la importancia de definir claramente las distancias de retiro para la conservación y protección de ríos y quebradas, y la necesidad de establecer competencias claras entre el municipio, el Ministerio del Ambiente y otras instituciones para evitar conflictos.
Iván Ludeña solicitó a la administración el mantenimiento de los senderos, mientras que Jorge Patiño instó a la canalización de aguas servidas y la depuración de árboles viejos en las riberas.
Yuri Yaguana cuestionó la necesidad de un nuevo inventario técnico y cartográfico, sugiriendo que ya existe información en ordenamiento territorial.
Recordó que las inundaciones de 2025 pudieron evitarse con la prevención y el mantenimiento adecuado, y planteó la necesidad de que las nuevas urbanizaciones y proyectos de vivienda contribuyan más al fondo de mantenimiento de colectores marginales.
La Procuraduría Municipal, por su parte, ofreció su apoyo para trabajar en la mejora de la ordenanza, buscando la uniformidad de criterios y evitando la dispersión de normas que generen inseguridad jurídica.
La propuesta de ordenanza, que nace de una sentencia constitucional que exigió al municipio de Loja una política clara sobre sus ríos, busca sentar las bases para una gestión hídrica efectiva y sostenible en el cantón.
