COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO ES LA PRIORIDAD DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

Quito.- La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, presidida por la asambleísta Inés Alarcón, aprobó por unanimidad su plan de trabajo para el período 2023-2025. El organismo Legislativo trabajará de manera prioritaria en las normativas que permitan combatir al crimen organizado.

El plan de trabajo contextualiza la orientación estratégica y el contexto actual de la crisis de inseguridad que atraviesa el país; el estado de situación que describe el avance de los proyectos de ley en estudio; y, la planificación de las principales acciones priorizadas en materia de desarrollo normativo, participación ciudadana, fiscalización y evaluación de la ley.

La comisión ha identificado doce proyectos de ley en trámite y seis convenios internacionales que cuentan con informes aprobados y enviados a la Secretaría General, para su tratamiento ante el Pleno de la Asamblea Nacional.

En tal sentido, priorizará el tratamiento de los proyectos de Ley de Vigilancia y Seguridad Privada; Inteligencia; Seguridad Digital; Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios; para el Control del Espacio Aéreo Nacional.

También darán seguimiento a otros cuerpos legales que quedaron pendientes, como el Código de Seguridad del Estado; Código de la Policía Nacional; Reformas al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público; de Reconocimiento a Veteranos de Guerra en el Ecuador, entre otros.

La presidenta de la comisión, Inés Alarcón subrayó que el afán es entregar al país leyes que permitan enfrentar la inseguridad y la crisis penitenciaria que atraviesa el país, a fin de colaborar junto al Gobierno y al Poder Judicial, en la construcción del marco institucional y legal que fortalezca a los operadores de justicia y a las fuerzas de seguridad, dotándoles de las herramientas legales necesarias para combatir a la delincuencia y al crimen organizado transnacional.

Recordó que el Consejo de Seguridad ha declarado al crimen organizado como una amenaza de seguridad al Estado, por lo que es imperativo actuar en armonía con las directrices del máximo órgano de seguridad.

Fiscalización

En los procesos de fiscalización hará el seguimiento a las recomendaciones del Informe de Investigación sobre la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria y alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país, por cuanto la emergencia en el ámbito de seguridad está causando grave conmoción social.

También a las normas sobre seguridad nacional; terrorismo; seguridad fronteriza; declaratoria de «minería ilegal como amenaza y atentado a la seguridad integral del Estado»; depuración, reestructuración y fortalecimiento de las entidades de seguridad del Estado, entre otros.

 

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