Quito.- El cáncer es una de las principales amenazas para la salud pública en Ecuador. Según estimaciones del Global Cáncer Observatory (GLOBOCAN), se registran más de 30 mil nuevos casos de cáncer en el país y alrededor de 16 mil muertes son atribuibles a esta enfermedad. Detrás de cada cifra hay una historia, una familia y un futuro en riesgo. El cáncer no espera.
Hoy en el país, las desigualdades en el acceso al diagnóstico, la atención y el tratamiento han profundizado las brechas sociales y económicas entre quienes pueden acceder a cuidados oportunos y quienes, por falta de recursos, enfrentan la enfermedad en condiciones de vulnerabilidad o abandono.
Frente a esta realidad, la Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer representa una oportunidad histórica para transformar la respuesta del Estado y garantizar un modelo de atención que combine prevención, diagnóstico temprano, tratamiento, investigación y acompañamiento humano.
Esta ley debe ser el punto de partida para fortalecer la promoción de la salud desde las comunidades, impulsando campañas sostenidas de educación, detección temprana y reducción de factores de riesgo. Además, debe reconocer y apoyar el rol esencial de las redes de cuidado familiar y comunitario, que acompañan el proceso de recuperación física y emocional de los pacientes.
“Una Ley de Cáncer efectiva no se construye solo con hospitales y medicamentos, sino con prevención, educación, redes de apoyo y financiamiento sostenible. La Asamblea tiene hoy la oportunidad de aprobar una ley que proteja la vida, que priorice la investigación nacional y que promueva un sistema más humano, equitativo y solidario”, comentó Wilson Merino, Fundador de la Fundación Cecilia Rivadeneira, organización que nació en el 2004 para ayudar a niños diagnosticados con cáncer y a sus familias.
Sin financiamiento, la Ley no podrá cumplir su promesa
Para que la ley tenga impacto real, es indispensable que incorpore una fuente de financiamiento definida y mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema de salud pública, continuidad en la prestación de servicios y equidad en el acceso a terapias y medicamentos innovadores, priorizando a los grupos más vulnerables.
Si derogan la Ley de Cáncer Cervicouterino, que sea por una Ley Mejor
En noviembre de 2024 se aprobó la Ley de Cáncer Cervicouterino, la cual busca reducir la mortalidad por esta enfermedad mediante la vacunación gratuita contra el VPH (virus del papiloma humano), la implementación de programas nacionales de tamizaje y detección temprana para mujeres de 30 a 65 años, y el establecimiento de estrategias de atención integral. Sin embargo, el nuevo Proyecto propone la derogación de esta Ley.
La Asamblea Nacional tiene hoy la responsabilidad de construir una Ley de Cáncer más amplia y efectiva, que fortalezca la investigación, consolide redes comunitarias, promueva el cuidado familiar y garantice el acceso equitativo a tratamientos en todas las provincias. Es por esto que, como grupos de pacientes de cáncer, exhortamos a los legisladores a garantizar que la Ley de Cáncer incluya:
Financiamiento sostenible y blindado en el Presupuesto General del Estado.
Incorporación ágil y transparente de medicamentos innovadores.
Acuerdos de Acceso Administrado para optimizar los recursos y garantizar resultados en salud.
Atención integral y descentralizada para niños, adolescentes y adultos
Solo así, esta ley dejará de ser una declaración simbólica y se convertirá en una verdadera política de Estado capaz de responder a las necesidades de los pacientes y sus familias.
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