La Ley de Finanzas Públicas fue aprobada este sábado y goza de la aceptación de varios gremios y sectores sociales

Quito.- (@srradioEc).- Pichincha – El proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, enviado por el presidente Lenín Moreno el pasado 16 de abril, fue aprobado este sábado en la Asamblea Nacional, con 72 votos a favor. La iniciativa establece límites al gasto y la deuda pública, la creación de un fondo fiscal y de un comité fiscal, una mejor articulación entre las instituciones del Estado, entre otros aspectos.

Durante el debate y análisis de la norma, legisladores de diferentes bloques plantearon observaciones que fueron acogidas en el informe final de la Comisión de Régimen Económico. Para la asambleísta Ana Marín (Alianza PAIS), dichas incorporaciones refuerzan la autonomía de las entidades de la seguridad social. Además, limitan las atribuciones del Ministerio de Economía y Finanzas en torno a estas instituciones y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

El segundo debate del proyecto se efectuó el viernes 15 de mayo. Y, con los cambios incorporados, el Parlamento dio paso a la normativa que tuvo el respaldo de diferentes sectores. Precisamente, de forma previa a la votación, varios actores se pronunciaron en torno a la necesidad de que el país cuente con esta ley. Por ejemplo, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) destacó que, con la norma, los cabildos podrán planificar y priorizar su gasto. Asimismo, Pablo Lucio Paredes, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, destacó -a través de su cuenta de Twitter- que ahora, se ponga un techo al gasto público.

En la misma red social, el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, explicó que -si este texto no era aprobado por el Legislativo- las consecuencias para el país serían negativas. Por citar un caso, detalló que -después del año 2021- el techo de la deuda hubiera tenido que regresar del 70%, al 40% del Producto Interno Bruto (PBI). Y esto, según manifestó, se habría vuelto “inmanejable”.

En cuanto al acceso a financiamiento internacional, la ley permitirá que el Ecuador acceda a USD 4.200 millones, más otros USD 6.000, provenientes de organismos multilaterales. Esta alternativa también se enmarca en los acuerdos que el Gobierno Nacional alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese marco, Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, señaló que la normativa es clave para mantener el apoyo de la comunidad financiera internacional. Y en igual sentido, se pronunció la Cámara de Industrias y Producción (CIP): “Ecuador, más que nunca, necesita orden y disciplina fiscal para mantener y fortalecer su credibilidad en el mundo para tener apoyo de capitales extranjeros”.

De su lado, Felipe Ribadeneira, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), resaltó la importancia de tener un fondo de ahorros que permita, en un futuro, enfrentar crisis como la generada a causa del COVID-19. Asimismo, Carlos Larreategui, canciller de la Universidad de las Américas, rechazó que la ley viole la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Otros puntos esenciales del proyecto son la conformación de un Comité de Coordinación Fiscal para el seguimiento de las reglas fiscales y la creación de un fondo de ahorro para contingencias.

Ecuador extiende el estado de excepción por 30 días

Quito.- (@srradioEc).- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, mediante el decreto 1052 se establece la renovación del estado de excepción por calamidad pública por los casos de coronavirus confirmados y número de fallecidos a causa del COVID-19 en Ecuador «que siguen representando un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado».

El anuncio lo hizo la noche de este viernes, a través de su cuenta oficial en Twitter, el mandatario manifestó que mediante el decreto número 1052 había extendido el estado de excepción por 30 días.

«Lo hago con el objetivo de precautelar el bienestar de todos los ecuatorianos y poder desplegar las medidas necesarias para hacer frente a la emergencia», argumentó Moreno en el tuit.

El jefe del Gobierno en Ecuador declaró el 16 de marzo el estado de excepción y tuvo un plazo inicial de 60 días.

Al anunciar la medida precisó que había dispuesto, entre otras medidas, el cierre de los servicios públicos, a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que, por emergencia, los ministerios decidan mantener abiertos.

Esta decisión está enmarcada en el artículo 166 de la Constitución que faculta al mandatario a renovar el estado por treinta días más, pero esto deberá ser notificado. Si no lo hacía se entendería como caducado.

En el mismo decreto se declara el toque de queda de acuerdo al color de semáforo de cada cantón y la jornada laboral presencial se suspende en el sector público en aquellos cantones que están en rojo, ellos se acogerán al teletrabajo. En el color amarillo y verde será el Comité de Operaciones de Emergencia los que determinen los parámetros y directrices para la reactivación de las actividades laborales.

En el artículo 7 se dispone la desactivación de la zona especial de seguridad y la Fuerza de Tarea Conjunta en la provincia del Guayas tras cumplir con los objetivos establecidos.

Ecuador inició la semana pasada un proceso de desescalada de restricciones por la pandemia, denominado «semaforización», para una reanudación paulatina y si las condiciones lo permiten, de determinadas actividades pese al estado de emergencia sanitaria.

Ecuador reportó este viernes otros 256 nuevos fallecidos por coronavirus, con lo que la cifra de decesos ascendió a 2.594, según las estadísticas oficiales.

A esto se suman 1.613 fallecidos probables por la enfermedad, una cifra que el jueves alcanzaba los 1.561 casos.

Los registros del Gobierno dan cuenta de 31.467 positivos, 965 más que los reportados el jueves.

El Presidente Moreno anuncia la convocatoria para el proceso de adjudicación de frecuencias de radio en el país

Quito.- (@srradioEc).- Como parte de la política pública que garantiza la libertad de expresión de los ecuatorianos, desde el 24 de mayo del 2017, el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante su cuenta de Twitter, informó hoy al país sobre el inicio del proceso del concurso de adjudicación de frecuencias de radiodifusión FM, a escala nacional.

Evidencias del compromiso de este Gobierno con la libertad de expresión, como fundamento de la democracia, son: la reforma a Ley Orgánica de Comunicación, que responde a la normativa internacional y precautela la libertad de prensa y opinión; y, la firma de la Declaración de Chapultepec, que tiene como uno de sus principios que “no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión ni de prensa”. Además, el 30 de abril del mismo año, se creó el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación.

El Gobierno, por medio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), entidad adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), convocará al proceso público competitivo de adjudicación de frecuencias disponibles de radiodifusión. La Agencia trabaja para garantizar un concurso transparente y en igualdad de condiciones para todos los participantes.

Una vez realizada la convocatoria, se publicarán en la página web institucional todos los detalles del proceso de adjudicación, entre ellos: bases y condiciones generales, cronograma, cuadro de frecuencias disponibles, zona geográfica y/o área de operación independiente, preguntas frecuentes, etc.

Quienes estén interesados en el proceso deberán cumplir con todos los procedimientos y requisitos establecidos en la documentación publicada. Adicionalmente, la ARCOTEL verificará que los participantes no estén incursos en prohibiciones o inhabilidades.

Las bases de este proceso público competitivo de adjudicación de frecuencias –cabe remarcar- se elaboraron en el marco de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado y considerando lo establecido en las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación; la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y en general, toda la legislación vigente.

La actualización de la normativa técnica y jurídica del sector de las telecomunicaciones es clave para el proceso de adjudicación de frecuencias, que se desarrolla en el marco del nuevo escenario de libertad de expresión que vive el Ecuador.

Informático sueco dice que no fue interrogado por la Fiscalía de Ecuador

Quito.- (EFE).- El informático sueco Ola Bini, recién liberado de prisión y pendiente de una causa por supuesto espionaje informático en Ecuador, aseguró este sábado a Efe que durante los 70 días que estuvo arrestado no fue interrogado «ni una sola vez» y que es víctima de una «persecución política».

«Nunca me interrogaron. Desde que me detuvieron en el aeropuerto, nunca me han preguntado nada fuera de la contraseña de mis dispositivos», dijo Bini a Efe en una entrevista, tras su liberación el jueves después de que una corte aceptara un recurso de habeas corpus.

Amigo personal del fundador de Wikileaks, Julian Assange, Bini insistió en que «nunca se le hicieron preguntas», y que la contraseña no estuvo dispuesta a darla sin saber de qué se le acusaba.

Experto en seguridad en internet, Bini fue detenido el 11 de abril en el aeropuerto de Quito cuando se disponía a coger un vuelo con destino a Japón, con la intención de seguir sus prácticas en artes marciales.

Era el mismo día en que Ecuador puso fin al asilo de Assange en su embajada en Londres, una decisión que Bini interpretó como «triste» y «decepcionante».

Sobre su propio caso, el experto informático aseguró que Ecuador no tiene pruebas de nada contra él, porque no ha cometido ningún crimen, y exhortó al Ministerio Fiscal a que revele las evidencias.

«Estuve preso sin que haya ninguna evidencia», aseguró en un encuentro con Efe en uno de los edificios más lujosos del centro financiero de Quito, donde habló de su experiencia en la cárcel del Inca -a unos kilómetros- y de su relación con Assange.

«Fue una experiencia muy, muy difícil, tanto física como mentalmente. La peor parte fue no saber cuanto tiempo iba a estar ahí», aseveró sobre su experiencia en una prisión ecuatoriana.

El jueves, la Corte Provincial de Pichincha puso fin a su arresto preventivo al considerar que se habían violado sus derechos, y dijo que su detención había sido «arbitraria, ilegal e ilegítima».

Una decisión que puso en evidencia la rapidez con la que se le había arrestado después de cancelar el asilo a Assange.

La ministra del Interior del país, María Paula Romo, dijo en su momento que se temía una ola de ataques informáticos de parte de seguidores del activista de Wikileaks, y que Bini le había visitado «en catorce ocasiones» y disponía de los medios para hacerlo.

Una interpretación que deberá probar la fiscalía en el plazo de 90 días, que se cumplen el próximo 10 de julio, o dejarlo definitivamente en libertad.

«Teniendo en cuenta que no me habían respetado mis derechos legales, no estaba seguro de que me fueran a dejar salir después de los 90 días», señaló Bini sobre uno de sus principales temores en prisión, donde solía leer y escribir poemas para mitigar sus dificultades y temores.

También negó cualquier relación laboral con WikiLeaks o con Assange, a quien llegó en 2013 por intermedio de un amigo en común.

«Pocos recuerdan que Assange, como yo, era programador», dice de su relación, aunque se negó a dar detalles de sus últimas conversaciones con él apelando al derecho a la «privacidad».

La ultima vez que lo visitó fue en enero o febrero de 2019, tres meses antes de que Ecuador pusiera fin al asilo y con ello Assange quedara expuesto a la detención por Reino Unido y a la posterior demanda de extradición por EEUU, donde es requerido por violación de secretos, y Suecia, que lo requiere por delitos sexuales.

Moreno destapa los sobreprecios en obras petroleras del gobierno de Correa (vídeo)

QUITO (AFP).- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió la investigación de cinco proyectos petroleros por irregularidades y sobreprecios impulsados durante el gobierno de su antecesor, Rafael Correa , luego de una auditoría realizada con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El gobierno de Moreno mantiene un acuerdo anticorrupción con la ONU, en cuyo marco fueron auditados las cinco grandes obras petroleras impulsadas por Correa, quien vive en Bélgica y es prófugo de la justicia ecuatoriana por su presunta participación en el secuestro del exlegislador Fernando Balda en 2012.

«Las conclusiones son tan vergonzosas y escandalosas que he decidido presentar una denuncia con los informes íntegros -ante la Contraloría y la Fiscalía de Ecuador- para que se investiguen todos los delitos que se hubieran cometido», dijo Moreno ayer por cadena nacional.

Agregó que por los cinco proyectos se pagaron unos 4900 millones de dólares «cuando debió costar apenas la mitad o menos», y que «no puede quedar en la impunidad este atraco a los fondos públicos».

El mandatario citó por ejemplo que un 99% de trabajos de rehabilitación de la principal refinería ecuatoriana fue «contratado a dedo» y que demandó 2230 millones de dólares frente a un presupuesto inicial de 754 millones.

Además, mencionó un sobreprecio de 23% en las primeras obras para la construcción de una planta petroquímica, para la que ya se destinaron 1521 millones de dólares y que está paralizada por un conflicto con la petrolera venezolana PDVSA, socia de la estatal Petroecuador para ese proyecto.

Correa reaccionó contra la denuncia y escribió en su cuenta de Twitter: «¡Qué lástima que no pueda criticar obras de Moreno, porque no ha hecho ninguna! Con su mala fe, miente y confunde supuestos problemas -en miles de obras hechas por mi Gobierno-, con corrupción».

El gobierno de Moreno ha presentado más de 500 denuncias de corrupción contra el gobierno de Correa, incluida la del exvicepresidente Jorge Glas, condenado en primera instancia a seis años de cárcel por recibir sobornos por 13,5 millones de la brasileña Odebrecht.

Moreno fue vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013, y ambos sostienen una pugna de poder que llevó a la crisis al oficialismo, que perdió en mayo de 2017 el control de la Asamblea Nacional que mantenía desde 2009.

El jefe del Estado anunció que solicitó a la ONU investigar también el manejo de recursos de la seguridad social y para la construcción de hidroeléctricas y otras obras consideradas emblemáticas de la gestión de Correa.

Presidente Lenin Moreno oficializa terna para elegir Vicepresidente del Ecuador

Quito.- Hoy, el Presidente Lenin Moreno reveló la terna de los aspirantes a la Vicepresidencia del Ecuador, la encabeza el radiodifusor Otto Sonnenholzner, la completa Nancy Vasco de Maldonado, de la Fundación El Triángulo, y Agustín Albán, vinculado a la educación.

El Primer Mandatario dijo que Otto Sonnenholzner se desempeña como periodista. El candidato también es economista y forma parte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER).

Sonnenholzner es un reconocido radiodifusor de Guayaquil. Ha sido presidente de la Asociación de Radiodifusión del Ecuador (AER) en Guayas. Tiene 35 años y un título de economista. Está casado y tiene tres hijos.

Mientras que la ministra del Interior, María Paula Romo, anunció que, una vez que la Asamblea resuelva la renuncia de María Alejandra Vicuña, como vicepresidenta de la República, el Ejecutivo presentará la terna para que el Parlamento elija al segundo mandatario.

La terna está integrada por Otto Ramón Sonnenholzner Sper, Nancy Fabiola Elizabeth Vasco Noboa y Agustín Guillermo Albán Maldonado, en ese orden.

Según la Constitución, en caso de falta definitiva de la Vicepresidenta de la República, la Asamblea, con el voto de la mayoría de integrantes, elegirá su reemplazo de una terna presentada por la Presidencia de la República. Si no lo hace, en 30 días, se entenderá elegida la primera persona de la lista. En cualquier caso, ejercerá sus funciones por el tiempo que falte para completar el período.

María Alejandra Vicuña presentó su renuncia al cargo el pasado 4 de diciembre, ante las denuncias presentadas en su contra, por supuestos cobros indebidos a un ex asesor, y un día después de que Lenín Moreno la liberara de sus funciones, para que pueda defenderse de las denuncias. La decisión de la dimisión llegó al Legislativo el 5 de diciembre.

“El Presidente ha procurado que se entregue la terna de manera rápida para evitar una serie de especulaciones y distorsiones que no ayudan al país”, aseguró la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a la vez que señaló que los nombres son de ciudadanos que han contribuido y contribuyen con el país desde ámbitos distintos a la política partidista.

“El gobierno tiene el respaldo no solo de varios sectores políticos del país, sino de los sectores sociales, ciudadanos y eso se refleja en la selección de estos nombres que tienen trayectoria de compromisos con el país desde lugares diferentes al de la política”, agregó