FENAPE pide fortalecer la protección del trabajo periodístico

Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- La presidenta de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE), Susana Piedra Aguirre, participó en el Encuentro Regional para el Fortalecimiento del Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico, desarrollado los días 25 y 26 de agosto de 2026.

Durante el encuentro, Piedra, quien también integra el Pleno del Consejo de Comunicación, expuso las principales dificultades que enfrentan los periodistas en Ecuador al momento de denunciar amenazas, intimidaciones y otras situaciones de riesgo relacionadas con el ejercicio profesional.

Uno de los principales puntos señalados fue la desconfianza existente hacia los mecanismos institucionales de denuncia. Según explicó, esta percepción está relacionada, entre otros factores, con la falta de avances oportunos en determinados casos que son puestos en conocimiento de las autoridades competentes.

Como referencia, mencionó procesos que permanecen sin una respuesta efectiva, entre ellos el caso del periodista Fausto Valdivieso. La representante gremial sostuvo que esta situación puede generar preocupación entre los profesionales de la comunicación que enfrentan amenazas y necesitan recurrir a las instituciones para solicitar protección.

Piedra también destacó el trabajo desarrollado por el Consejo de Comunicación, particularmente en el acompañamiento a periodistas y en la presentación de denuncias ante la Fiscalía. No obstante, señaló que persiste la preocupación por los casos que, una vez remitidos a esa institución, no muestran avances suficientes.

Otro de los aspectos abordados fue la situación de periodistas con amplia trayectoria profesional que enfrentan presiones e intimidaciones que pueden afectar sus investigaciones y el normal desarrollo de sus actividades. En este punto mencionó el caso del periodista Hernán Higuera como un ejemplo de las dificultades que pueden presentarse durante el ejercicio profesional.

La representante de la FENAPE planteó además la necesidad de fortalecer las acciones de prevención mediante un trabajo más directo con las autoridades públicas. El objetivo, explicó, debe ser evitar discursos, declaraciones o actuaciones que puedan contribuir a la estigmatización de los periodistas o generar condiciones que incrementen sus niveles de riesgo.

Piedra consideró que los mecanismos de protección no deben concentrar sus esfuerzos únicamente en las instituciones encargadas de la seguridad. Señaló que los procesos de capacitación y coordinación han tenido un mayor énfasis en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, por lo que resulta necesario incorporar de manera más activa a las autoridades políticas.

Desde su perspectiva, las declaraciones y actuaciones de funcionarios públicos también pueden incidir en el entorno en el que los periodistas desarrollan sus actividades, particularmente cuando investigan asuntos de interés público.

La intervención incluyó además un llamado a establecer criterios claros respecto del perfil, la formación y las competencias del personal técnico encargado de evaluar situaciones de riesgo y determinar medidas de protección para periodistas.

Piedra sostuvo que estas evaluaciones deben realizarse bajo parámetros técnicos, especializados e independientes, con el propósito de garantizar que las decisiones respondan efectivamente a las características y niveles de riesgo de cada caso.

La participación de la presidenta de la FENAPE incorporó al encuentro la perspectiva de los periodistas y de las organizaciones profesionales sobre los desafíos que enfrenta Ecuador en materia de prevención y protección del trabajo periodístico.

El planteamiento central fue fortalecer los mecanismos institucionales de prevención, denuncia y protección, mejorar la respuesta de las autoridades ante situaciones de riesgo y garantizar condiciones adecuadas para que los periodistas puedan ejercer su profesión con seguridad e independencia.

Agua segura contra la desnutrición infantil en Ecuador

Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El Gobierno de Ecuador presentó la iniciativa “Reconocimiento Institucional Honorífico Agua Segura para Combatir la Desnutrición Crónica Infantil”, una propuesta que busca impulsar y visibilizar proyectos destinados a mejorar el acceso a agua segura como parte de las acciones para prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil (DCI).

La iniciativa es promovida por la Vicepresidencia de la República, en articulación con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud Pública y representantes del sector privado.

El programa está dirigido a empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales, empresas públicas y organizaciones comunitarias que hayan desarrollado proyectos relacionados con la provisión de agua segura o educación comunitaria y que puedan demostrar resultados en beneficio de la salud de sus comunidades.

La propuesta parte de una problemática que afecta especialmente a la primera infancia. Según los datos de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI 2023-2024), apenas el 15,3% de los hogares con niños menores de dos años consume agua segura a escala nacional. En las zonas rurales, la situación es más crítica: solo uno de cada 10 niños tiene acceso a agua libre de contaminantes.

En Ecuador, la desnutrición crónica infantil afecta al 19,3% de los menores de dos años, de acuerdo con los datos citados por el Gobierno. La relación entre las condiciones de acceso al agua, la salud y la nutrición convierte a la seguridad hídrica en uno de los componentes considerados dentro de las políticas de prevención de la DCI.

Durante la presentación, la vicepresidenta María José Pinto destacó la necesidad de articular esfuerzos entre el Estado, el sector privado, las organizaciones sociales y las comunidades para enfrentar las causas estructurales de la desnutrición infantil.

La propuesta también incorpora una perspectiva ambiental. El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, señaló que la seguridad del agua depende de la protección de las fuentes hídricas y de ecosistemas como páramos, bosques, cuencas y acuíferos.

Desde el Ministerio de Salud Pública se anunció, además, el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia de la calidad del agua destinada al consumo humano. Entre las medidas previstas está la adquisición de reactivos y dispositivos para medir el cloro libre residual en 278 parroquias consideradas de alto riesgo.

El Gobierno también busca incorporar al sector privado y a las organizaciones comunitarias. Como ejemplo, Arca Continental informó que, mediante su programa Líderes Comunitarios, ha contribuido a que más de 10.000 personas tengan acceso a agua segura y ha impulsado procesos de liderazgo local.

El reconocimiento tendrá carácter estrictamente honorífico y estará dirigido a entidades públicas, privadas y comunitarias cuyos proyectos de agua segura o educación comunitaria estén implementados o en funcionamiento y puedan demostrar un impacto real en la salud de la población.

El instrumento técnico que regula el proceso fue aprobado por el Comité Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Infantil, presidido por la Vicepresidencia, y se enmarca en la Estrategia Nacional “Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil” y en el Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil 2025-2030.

La convocatoria para participar en el reconocimiento “Agua Segura” estará abierta del 8 al 21 de septiembre de 2026. Podrán postular municipios, empresas y organizaciones que cuenten con iniciativas que cumplan los criterios establecidos por el programa.

La iniciativa plantea así una estrategia que vincula agua, salud, nutrición, protección ambiental y participación comunitaria, con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida de niños y familias y enfrentar uno de los principales desafíos de salud pública relacionados con la primera infancia en Ecuador.

Proponen centro comercial en terrenos de la Quinta Leonor de Loja

Loja.- (Lindon Sanmartín Rodríguez).- La posibilidad de transformar los terrenos de la Quinta Leonor, propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en un complejo comercial y empresarial fue planteada durante el programa Expresión Política, dirigido por Pablo Sanmartín Rodríguez, por la Alianza Informativa de Diario La Hora, S. R. Radio y Radio Planeta 106.1

La propuesta parte de una discusión más amplia sobre el destino de los bienes inmuebles que mantiene el IESS y que, según lo expuesto durante el programa Expresión Polítika, podrían considerarse activos improductivos si no cumplen una función relacionada con la atención de sus afiliados.

La iniciativa surge tras las recientes declaraciones del presidente de la República, quien dispuso la venta de activos ociosos del IESS —valorados en cerca de 2.000 millones de dólares a nivel nacional— para generar liquidez y repotenciar los servicios de salud y pensiones.

En la provincia de Loja, el IESS posee bienes inmuebles considerados «vagos» o improductivos, entre los que destacan la Quinta Leonor (con una extensión aproximada de 5.000 metros cuadrados), una hacienda de 18 hectáreas en Catamayo y el proyecto habitacional de Jipiro Alcazar con 374 viviendas desocupadas por más de 15 años.

A partir de ese planteamiento, Pablo Sanmartín Rodríguez, propuso abrir en Loja un debate sobre el futuro de la Quinta Leonor y analizar una eventual adquisición o expropiación por parte del Municipio de Loja, con el objetivo de destinar el predio a una infraestructura comercial de carácter público.

La propuesta de un complejo comercial

La idea presentada no se limita a construir un nuevo espacio para comercio minorista. El planteamiento contempla un complejo comercial y empresarial que permita integrar a productores agrícolas, ganaderos, artesanos, pequeños comerciantes y empresarios de la provincia.

Según la exposición de Pablo Sanmartín Rodríguez,, el proyecto podría incorporar áreas para comercialización de productos, almacenamiento, sistemas de frío, empaquetado, rondas de negocios, servicios financieros y espacios destinados a la promoción de la producción local.

El objetivo sería modificar el modelo tradicional de los mercados municipales y avanzar hacia infraestructuras capaces de competir con establecimientos comerciales privados de alcance nacional.

Pablo Sanmartín Rodríguez sostuvo que una infraestructura de estas características podría convertirse en una vitrina para la producción de las parroquias rurales de Loja y de otros cantones de la provincia, facilitando la comercialización de productos como lácteos, granos, hortalizas y otros bienes de origen local.

¿Por qué la Quinta Leonor?

Durante el programa se argumentó que la ubicación de la Quinta Leonor, en un sector estratégico de la ciudad, podría convertirla en un punto de conexión comercial para Loja y su entorno.

La propuesta también relaciona el proyecto con la necesidad de fortalecer la economía local frente al crecimiento de inversiones comerciales privadas.

El planteamiento sostiene que una infraestructura de carácter municipal podría generar espacios para productores locales y establecer mecanismos que faciliten la comercialización de grandes volúmenes de producción, en lugar de mantener exclusivamente esquemas de venta minorista, argumenta Pablo Sanmartín Rodríguez.

La idea incluye, además, vincular el eventual complejo con otros mercados municipales y con las parroquias urbanas y rurales del cantón.

El valor del terreno, uno de los puntos por determinar

Otro de los aspectos mencionados por Pablo Sanmartín Rodríguez, durante la exposición fue el posible valor económico de la Quinta Leonor.

Durante el programa se hizo referencia a una valoración catastral que, según lo expuesto, bordearía entre 500.000 y 700.000 dólares, mientras que se planteó que un avalúo comercial podría arrojar un valor superior.

Sin embargo, estos valores fueron presentados como referencias dentro del análisis y deberían ser determinados mediante avalúos oficiales y actualizados antes de considerar cualquier negociación, adquisición o proceso de expropiación.

Precisamente, uno de los planteamientos centrales es que el Municipio de Loja y el IESS transparenten la situación jurídica, catastral y económica del inmueble.

Expropiación y utilidad pública

Pablo Sanmartín Rodríguez planteó que el Municipio de Loja podría analizar la figura de la declaratoria de utilidad pública y eventual expropiación, siempre dentro del marco jurídico correspondiente.

Esta posibilidad requeriría estudios técnicos, jurídicos, financieros y urbanísticos que determinen la viabilidad del proyecto y la conveniencia pública de destinar el predio a una infraestructura comercial.

También sería necesario establecer el mecanismo de financiamiento, el valor de la indemnización correspondiente al propietario y el modelo administrativo bajo el cual funcionaría el eventual complejo.

La propuesta, por tanto, se encuentra en el terreno del debate y de la planificación y no representa una decisión adoptada por el Municipio de Loja ni por el IESS.

La discusión también alcanza al Hospital Manuel Ygnacio Monteros

Uno de los argumentos utilizados durante el programa fue que, si el IESS decidiera vender determinados activos inmobiliarios, los recursos podrían contribuir al fortalecimiento de sus servicios de salud.

En ese contexto se mencionó al Hospital Manuel Ygnacio Monteros de Loja y la necesidad de mejorar su infraestructura, equipamiento y capacidad tecnológica.

La propuesta plantea que, si la Quinta Leonor fuera objeto de una operación inmobiliaria, los recursos obtenidos por el IESS podrían contribuir a financiar necesidades prioritarias de sus afiliados.

No obstante, cualquier destino específico de esos recursos dependería de las decisiones institucionales y del marco legal aplicable al patrimonio del Seguro Social.

Más allá de un centro comercial

La propuesta presentada por Pablo Sanmartín Rodríguez busca ampliar la discusión sobre la función de los mercados municipales de Loja.

Durante la exposición se cuestionó si las actuales infraestructuras comerciales municipales cuentan con indicadores públicos suficientes sobre ingresos, costos de operación, mantenimiento, consumo de servicios y sostenibilidad financiera.

El planteamiento propone avanzar hacia un modelo empresarial público que permita medir resultados económicos y garantizar que las infraestructuras sean sostenibles.

En esa visión, los mercados podrían convertirse en centros de comercialización y distribución de productos locales, con mejores condiciones para productores y consumidores.

También se planteó que los excedentes económicos, en caso de existir, podrían contribuir al sostenimiento de otras infraestructuras municipales y al fortalecimiento de los mercados de las parroquias del cantón.

Una visión provincial

La propuesta sobre la Quinta Leonor también incorpora una dimensión regional.

Pablo Sanmartín Rodríguez planteó que Loja necesita desarrollar infraestructura capaz de conectar la producción de los diferentes cantones y parroquias con mercados de mayor alcance.

La visión expuesta contempla incluso la posibilidad de atraer consumidores e inversionistas de otras provincias y del norte del Perú, aprovechando la posición geográfica de Loja y su potencial comercial y turístico.

Para ello, el proyecto tendría que estar acompañado de planificación vial, estudios de movilidad, análisis de demanda, planificación urbana y un modelo financiero que determine su sostenibilidad.

Un debate que queda abierto

La propuesta de convertir la Quinta Leonor en un complejo comercial empresarial abre varias preguntas que deberán ser respondidas antes de avanzar hacia una decisión pública.

Entre ellas están la situación jurídica del inmueble, su avalúo actualizado, el inventario de propiedades del IESS en Loja, el costo de una eventual adquisición o expropiación, las fuentes de financiamiento, la viabilidad económica del proyecto y el impacto urbano que tendría una infraestructura de gran escala en ese sector de la ciudad.

También será necesario determinar si un complejo comercial municipal representa la alternativa más conveniente frente a otras posibilidades de uso del terreno.

Por ahora, la propuesta presentada en Expresión Política plantea convertir la Quinta Leonor en un espacio estratégico para la economía local, bajo la premisa de que un terreno actualmente subutilizado podría transformarse en infraestructura destinada a la producción, el comercio y la generación de actividad económica.

El debate queda planteado para el Municipio de Loja, el IESS, los concejales, los sectores productivos y la ciudadanía.

Minería ilegal en Loja: Ejército desarticula red vinculada a GDOS

Macará. Loja. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El Ejército Ecuatoriano ejecutó una operación de Control de Armas, Municiones y Explosivos (CAMEX) en el sector Vicín, del cantón Macará, provincia de Loja, donde se desarrollaban actividades relacionadas con minería ilegal y presuntas economías ilícitas vinculadas a un Grupo Delictivo Organizado (GDO).

La intervención fue realizada por efectivos del Batallón de Infantería Motorizado N.° 21 “Macará”, quienes ingresaron a una zona considerada estratégica por la presencia de actividades de explotación ilegal de recursos minerales.

Durante el operativo, varios individuos que presuntamente cumplían funciones de extracción, vigilancia y alerta huyeron hacia la vegetación al advertir la presencia militar. Estas personas, conocidas en la zona como “campaneros”, habrían utilizado motocicletas y equipos de comunicación para alertar sobre los movimientos de las autoridades.

Como resultado de la operación, tres ciudadanos fueron aprehendidos cuando intentaban evadir los controles militares. Además, se incautaron 16 sacos de material aurífero, con un peso aproximado de una tonelada, diez motocicletas presuntamente empleadas por las redes de alerta, dos radios punto a punto, un taladro industrial, equipos de protección para actividades mineras y dos terminales móviles.

Los militares también localizaron una funda con una sustancia catalogada sujeta a fiscalización, presumiblemente marihuana. En el área intervenida fueron inhabilitadas 50 bocaminas utilizadas para las actividades de explotación minera.

Los ciudadanos aprehendidos y los indicios encontrados fueron entregados a las autoridades competentes bajo cadena de custodia, con el propósito de que se determinen las responsabilidades correspondientes dentro del proceso judicial.

La operación forma parte de las acciones de las Fuerzas Armadas para combatir actividades ilícitas y delitos ambientales en zonas estratégicas y fronterizas del país, particularmente aquellas relacionadas con la explotación ilegal de recursos naturales y la generación de economías ilícitas.

Candidatos al CPCCS quedan fuera de la papeleta de noviembre

Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- Varias candidaturas para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) quedaron definitivamente fuera de la papeleta para las elecciones previstas para el 29 de noviembre, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificara decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionadas con el incumplimiento de requisitos.

Entre la tarde y noche del 5 de septiembre, el TCE emitió varias sentencias sobre las impugnaciones presentadas por postulantes que buscaban participar en el proceso electoral. Las resoluciones son de última instancia, aunque los accionantes todavía pueden presentar recursos horizontales de aclaración y ampliación, que no modificarían el fondo de las decisiones.

Entre las candidaturas excluidas figura la de Nicole Bonifaz, actual consejera del CPCCS y expresidenta del organismo. Según la resolución, no presentó documentación suficiente para acreditar experiencia de trabajo con organizaciones sociales, participación ciudadana y reconocido prestigio relacionado con la defensa del interés social.

También quedó fuera la candidatura de la consejera Piedad Cuarán. En su caso, el TCE señaló que, aunque parte de la documentación presentada era verificable, uno de los certificados emitidos por la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) correspondería a otra persona, situación que impidió validar su postulación.

La candidatura del abogado Ramiro García, quien ha ejercido la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, también fue descartada. De los cinco reclamos presentados en su contra, uno relacionado con una investigación previa en Fiscalía no constituyó una prohibición para su candidatura. Sin embargo, el principal impedimento estuvo relacionado con el tiempo transcurrido desde que dejó su cargo como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central.

De acuerdo con el reglamento electoral, los postulantes que hayan ocupado determinados cargos públicos deben acreditar un periodo mínimo de 30 meses desde su salida. García dejó el cargo en agosto de 2024 y, al momento de su inscripción, no había cumplido ese plazo.

Otros postulantes que quedaron fuera de la contienda son el activista político Óscar Ayerve, Víctor Erazo, Dayanna Santamaría y Orlando Maffares, cuyos casos ya cuentan con resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral.

El proceso todavía mantiene casos pendientes. Entre ellos están los reclamos presentados por el exsindicalista petrolero y activista por los derechos de los jubilados Henry Llanes, la abogada y activista Mónica Jaramillo y la exconsejera del CPCCS Ibeth Estupiñan, quien fue destituida en 2023 por la Corte Constitucional.

En contraste, el TCE dio la razón al abogado Henry Ramón Marzano, cuya candidatura había sido descartada por el CNE, entre otros motivos, por la supuesta falta de presentación de su hoja de vida. Los jueces electorales determinaron que el postulante sí cumplió con ese y los demás requisitos establecidos.

Con estas decisiones, la nómina de candidatos que aparecerá en la papeleta para la elección del CPCCS continúa tomando forma, mientras el TCE resuelve los recursos que permanecen pendientes.

Caso Sucre-FOGLOCONS: Fiscalización recibe datos del BCE

Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional recibió información y documentación del Banco Central del Ecuador (BCE) como parte de la investigación del caso Sucre-FOGLOCONS.

La comparecencia tuvo como objetivo incorporar nuevos elementos al análisis de la comisión y actualizar la información disponible para la elaboración del informe motivado que posteriormente será puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

Durante la sesión, Carmen Vergara, delegada del Banco Central, explicó el origen y funcionamiento del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), mecanismo creado mediante un convenio suscrito por Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

El sistema fue concebido como un mecanismo para facilitar el comercio entre los países participantes sin recurrir directamente al uso de dinero físico. Según la información presentada ante la comisión, tuvo un nivel importante de operaciones entre 2010 y 2019, aunque posteriormente registró una disminución significativa.

El mecanismo ingresó después en una etapa de pausa administrativa y actualmente permanece a la espera de su cierre, tras la denuncia del tratado correspondiente. Durante el periodo de funcionamiento del sistema, el Banco Central aseguró haber mantenido los controles técnicos establecidos en el convenio.

De acuerdo con la información entregada por el BCE, mediante el Sistema Sucre se registraron operaciones por aproximadamente 2.697 millones de dólares. El 99 % de esas transacciones se realizaron con Venezuela. En las operaciones participaron empresas privadas, los bancos centrales de los países miembros, bancos privados operadores y el Banco del ALBA.

Ante la Comisión de Fiscalización, el Banco Central sostuvo que cumplió con sus responsabilidades de control y aplicó procesos de debida diligencia para la revisión de las transacciones efectuadas a través del sistema.

Respecto de las operaciones consideradas presuntamente irregulares, la delegada explicó que la institución emitió las alertas correspondientes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y a la Fiscalía. Según su exposición, determinar la legalidad o ilegalidad de esas transacciones no correspondía a las atribuciones del Banco Central. La información entregada será incorporada al proceso de investigación que lleva adelante la Comisión de Fiscalización, cuyos integrantes deberán analizar los nuevos documentos y elementos antes de elaborar el informe motivado que será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional.