Loja.- (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El Pleno de la Corte Provincial de Justicia de Loja resolvió solicitar al Consejo de la Judicatura que no se suprima ninguna partida de jueces ni tribunales en la provincia, tras conocer el pedido de traslado de un magistrado desde la Sala Especializada de lo Civil hacia la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Los jueces provinciales sostienen que una reducción de personal afectaría gravemente el funcionamiento de la Sala Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores, debido al volumen de causas existentes.

Además, señalaron que, ante excusas, inhibiciones o impedimentos legales, actualmente jueces penales deben integrar tribunales de materia civil, lo que evidencia la necesidad de mantener la estructura vigente.

Piden no eliminar ningún tribunal en Loja

En sesión extraordinaria realizada el 13 de abril de 2026, el Pleno resolvió solicitar formalmente al presidente, Vocales y directivos del Consejo de la Judicatura que no se suprima ningún tribunal de las salas civiles o penales de Loja.

También demandaron que no se elimine ninguna partida judicial existente en la provincia.

Traslado sí, pero sin perjudicar a Loja

La Corte Provincial indicó que todo funcionario tiene derecho a solicitar cambios administrativos; sin embargo, aclaró que cualquier traslado debe concretarse sin afectar al Tribunal Segundo de la Sala Civil ni al servicio judicial de Loja.

Exigen llenar vacantes judiciales

El Pleno además pidió al Consejo de la Judicatura gestionar recursos ante el Ministerio de Finanzas para cubrir vacantes existentes y ejecutar decisiones judiciales pendientes relacionadas con reincorporaciones de jueces.

El Pleno exige al Consejo de la Judicatura que se llenen en forma urgente las vacantes existentes de jueces, en razón que las partidas de jueces y Tribunales que ha logrado tener la Provincia de Loja, es producto de una larga lucha y esfuerzos, y nada aceptable sería para Loja.

El comunicado del Pleno de la Corte de Justicia de Loja, que esta acción es una afectación de sus derechos adquiridos, afectando la progresividad de los mismos, previstos en el artículo 11.8 de la Constitución de la República.

Cuestionan informes estadísticos

Otro punto central de la resolución fue el pedido para que los estudios jurimétricos y estadísticas judiciales se ajusten a la realidad procesal de Loja.

Argumentan que los criterios jurimétricos están alejados de la realidad y afectan gravemente a los intereses de la Administración de Justicia en el Distrito de Loja, lo que hace necesario trabajar coordinadamente entre Consejo de la Judicatura y el área jurisdiccional

Los magistrados consideran que actualmente no se contabiliza correctamente la carga real de trabajo, especialmente en incidentes de familia y en el trabajo colegiado de los tribunales, toda vez que estos incidentes, constituyen en la realidad un proceso común y corriente, con todas las fases (demanda, calificación, citación, contestación, actuación de pruebas, audiencia, resolución, apelación, audiencia de segundo nivel, resolución y ejecución), más no es un escrito, como se lo viene considerando.

Se solicita a dicho departamento que se debería tomar en consideración para realizar todo informe sobre las resoluciones de jueces, en función de los estándares internacionales establecidos para los jueces, tanto de primer como de segundo nivel.

Defensa institucional de Loja

Finalmente, la Corte hizo público su pronunciamiento en defensa de los derechos adquiridos por la provincia y sostuvo que reducir jueces o tribunales afectaría la progresividad del servicio de justicia para la ciudadanía lojana.

Por ningún concepto se suprima ni una partida de jueces, peor un Tribunal, ya sea de la Sala Civil, Mercantil, de lo Laboral, de la familia, de la Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores, ni de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja, concluye la decisión del Pleno de la Corte Provincial de Justicia de Loja.

Loja, (Lindon Sanmartín Rodríguez).- En una reciente emisión del noticiero Prensa Radial Noticias Planeta al Día, los periodistas Pablo Sanmartín Rodríguez y Lindon Sanmartín Rodríguez, bajo la alianza informativa de Diario La Hora, S. R. Radio y Radio Planeta 106.1, lanzaron una contundente alerta sobre una nueva amenaza a la institucionalidad de Loja. La denuncia se centra en el accionar del Dr. Max Patricio Brito Ceballos, actual juez de la Corte Provincial de Justicia de Loja.

Según documentos obtenidos por esta alianza, el magistrado habría solicitado al Consejo de la Judicatura el traslado de su partida presupuestaria hacia el cantón Rumiñahui, en Pichincha.

Lo alarmante del caso es que, para justificar su pretensión personal, el juez califica como «excedente» su propia plaza en Loja, contraviniendo la realidad de la carga procesal del distrito judicial de Loja.

Los periodistas Pablo y Lindon Sanmartín Rodríguez,  invitan a la ciudadanía a defender la institucionalidad de la provincia de Loja, ante la posibilidad de desaparecer la sala especializada de los Civil y Mercantil de este distrito.

Se denuncia una política previa de desmembración de instituciones y la importación de personal foráneo para ocupar cargos, incluso de gobernación como se dió en años anteriores, bajo la premisa de que los lojanos carecen de probidad e idoneidad.

Esta situación, según los analistas, contamina el nivel institucional, especialmente tras la llegada de jueces de otras provincias al distrito de Loja, algunos de los cuales son cuestionables.

El caso del Juez Max Brito y su solicitud de traslado

La semana pasada, los comunicadores tuvieron acceso a documentación sobre el accionar del Dr. Max Patricio Brito Ceballos, juez de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Loja.

Se critica la «denigración» de la Corte Superior de Justicia y la «redacción infantil» de algunos jueces. El juez Brito solicita el cambio de su partida de Loja al cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, con la intención de llevarse la partida presupuestaria, lo que se interpreta como un intento de destruir el poder institucional de la provincia.

Argumentos del juez y la crítica a su evaluación de la justicia

El juez Brito, asumiendo funciones de evaluador de la justicia de Loja, determina que la capacidad de resolución es del 52%, calificándola de baja. Afirma que el número óptimo de jueces es seis, que no hay jueces faltantes y que hay un juez excedente, refiriéndose a sí mismo.

Su argumento es que, al ser excedente, puede trasladarse a Rumiñahui para estar cerca de su familia, llevando consigo la partida presupuestaria del séptimo juez.

Esta acción es vista como un interés personal que busca evitar el «dispendio económico del Estado ecuatoriano».

La «picardía» detrás del traslado y la falta de probidad

Los analistas señalan que la verdadera razón del traslado del juez Brito es ocupar una vacante en Rumiñahui dejada por el fallecimiento de una funcionaria, sin someterse a un concurso de méritos y oposición.

Se argumenta que el juez carece de la capacidad, probidad e idoneidad para concursar, lo que se evidencia en la «mala redacción» de su oficio dirigido al economista Damián Larco Guamán, presidente del Consejo de la Judicatura. Se compara su redacción con la de un niño de primer grado, lo que lo descartaría en cualquier concurso.

La defensa de la institucionalidad lojana y el llamado a la renuncia

Se enfatiza que las situaciones personales no deben modificar el poder institucional del Estado.

Se insta al juez Brito a renunciar a su cargo en Loja y presentarse a un concurso de méritos y oposición en el distrito judicial del cantón Rumiñahui, en lugar de intentar llevarse la partida presupuestaria.

Se critica que su accionar destruye la seguridad administrativa del Poder Judicial de Loja. Se recuerda la tradición jurídica elevada de Loja y su legado federal, que debe ser respetado.

Cuestionamiento a la carga procesal y la negligencia

El juez Brito argumenta que la carga procesal en Loja es baja, basándose en «estudios jurimétricos» que los analistas califican de «mamotreto de documento». Se explica que un juicio no termina con la sentencia, sino que implica un seguimiento continuo, apelaciones e incidencias, lo cual no es considerado en su análisis.

Se sugiere que el juez podría tener una carga procesal retrasada, lo que indicaría negligencia e inoperancia, y que su solicitud de traslado es una «argucia» para evitar sus responsabilidades.

Pronunciamiento de la Corte Superior de Justicia de Loja

Se informa que el pleno de la Corte Superior de Justicia de Loja ha rechazado la pretensión del juez Brito de llevarse la partida presupuestaria.

Se ha solicitado al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura que no suprima ninguna partida de jueces ni tribunales en Loja.

Además, se ha pedido al departamento de estudios jurimétricos que corrija sus informes para ajustarse a la realidad de los hechos y que dialogue con los jueces para comprender la dinámica de los procedimientos.

Llamado a la evaluación y defensa de Loja

Se solicita públicamente al director de la Judicatura que realice una evaluación del trabajo del Dr. Max Brito antes de que se concrete cualquier cambio, incluyendo su carga procesal cuando fue juez de primer nivel en el cantón Mejía.

Se reitera la importancia de defender el poder institucional de Loja, que tiene características republicanas y federales, y que no debe ser disminuido por intereses particulares.

Se invita al Dr. Gonzalo Aguirre, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Loja, a elevar su voz de protesta y se pide la restitución de partidas presupuestarias para jueces lojanos que fueron separados arbitrariamente.

La importancia de la institucionalidad sobre los intereses personales

Se concluye que las necesidades particulares de un juez no pueden alterar la función judicial ni la estructura institucional del Estado.

Se enfatiza que el deber de estado es mantener y fortalecer la institucionalidad.

Se advierte que, si no se defiende el poder institucional de Loja, la provincia podría perder capacidades y servicios, como ya ocurrió con el Registro Civil y los pasaportes.

Se invita al Dr. Max Patricio Brito a intervenir en el medio para argumentar su posición, siempre basándose en el documento que él mismo presentó.

Loja. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El Ejército Ecuatoriano, a través del Batallón de Infantería Motorizado N.° 21 “Macará”, desarrolló jornadas de apoyo comunitario en el sector La Lajilla, cantón Macará, orientadas a fortalecer el turismo local y recuperar espacios recreativos.

Durante la intervención, el personal militar participó en mingas comunitarias y ejecutó trabajos de mantenimiento en áreas públicas, contribuyendo al mejoramiento del entorno y la calidad de vida de los habitantes.

Las labores se centraron en la conservación de zonas comunes y el respaldo a iniciativas de turismo comunitario, consideradas clave para dinamizar la economía local y promover el uso adecuado de los espacios públicos.

Con estas acciones, el Ejército reafirma su compromiso con el desarrollo territorial y la articulación con la ciudadanía, fortaleciendo los lazos de cooperación con las comunidades de la provincia de Loja.

La recuperación de espacios recreativos no solo mejora la imagen del sector, sino que también impulsa el turismo interno y fomenta lugares de encuentro que benefician tanto a residentes como a visitantes.

Loja.- (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El director del programa Expresión Polítika, Pablo Sanmartín Rodríguez, de la Alianza de medios de comunicación diario La Hora, S. R. Radio y radio Planeta 106.1, aborda la necesidad de una política de estado para el Cantón y la Provincia de Loja.

Se señala un éxodo lojano significativo desde 1965, que ha provocado la pérdida de poder poblacional, recursos nacionales y cerebros, afectando la representación política y el desarrollo.

Pablo Sanmartín Rodríguez indica que este éxodo se atribuye a la falta de políticas de inversión y producción, así como a un poder político no óptimo.

La seguridad como pilar fundamental

La primera línea de una política de estado para Loja debe ser la seguridad. Se propone reorganizar instituciones estatales y seccionales, incluyendo el Consejo de Seguridad Cantonal, cuya ordenanza actual está desfasada, argumenta Pablo Sanmartín Rodríguez.

Se plantea financiar la seguridad a través de una tasa en el impuesto predial urbano y rústico, afectando a todos los propietarios por igual, en lugar de vincularla al consumo de agua, lo cual es impedido por ley nacional, acotó.

mira aquí la opinión de Pablo Sanmartín Rodríguez

El director del programa Expresión Politika indica que se busca una «geopolítica de seguridad» que involucre a cabildos parroquiales, academia y fiscalía, no solo a policías y militares, para generar inteligencia, contrainteligencia y seguridad jurídica.

Estrategias para el desarrollo económico

Pablo Sanmartín Rodríguez, en materia económica, critica que los candidatos se centren en temas administrativos superficiales. Se propone valorar el Producto Interno Bruto cantonal y provincial, y desarrollar un sistema financiero saludable.

El periodista enfatiza la necesidad de industrializar recursos naturales, talento intelectual y mano de obra artesanal. Para ello, se sugiere la reinstitucionalización de la Junta de Recuperación Económica de la Provincia de Loja, que aglutine un fondo económico de entidades financieras locales, como el Banco de Loja, para invertir en la industrialización del territorio.

Además Pablo Sanmartín Rodríguez menciona la importancia de reformar ordenanzas viales para conectar la producción agrícola y ganadera de las parroquias del norte con puertos nacionales e internacionales.

Liberación de recursos y rol de pagos municipal

Pablo Sanmartín Rodríguez puntualiza que un punto crucial es la liberación de recursos económicos comprometidos en el rol de pagos del gobierno municipal.

Argumenta que el presupuesto de Loja, es cercano a los 100 millones de dólares, destina una parte desproporcionada a sueldos y salarios, dejando solo 5 millones para obras.

Pablo Sanmartín Rodríguez, insta a los candidatos a la alcaldía a comprometerse con la aplicación de las reformas al COTAD (70% para desarrollo, 30% para gastos de personal), lo que liberaría entre 30 y 40 millones de dólares.

Esta medida, junto con la tecnificación y reducción del gobierno municipal, incluyendo la venta de parque automotor innecesario, es vista como esencial para evitar un nuevo éxodo y potenciar el desarrollo de los 275.000 habitantes del cantón, señaló.

La importancia del poder político y la representación

Pablo Sanmartín Rodríguez, critica la falta de defensa de los intereses de Loja por parte de los asambleístas provinciales, quienes priorizan líneas partidistas sobre las necesidades de la provincia.

El director de Expresión Polítika hace un llamado a los representantes políticos a ejercer un poder político que defienda activamente a Loja ante el gobierno nacional, citando como ejemplo la defensa del Banco de Loja y la construcción del cuarto eje vial.

Pablo Sanmartín Rodríguez subraya la necesidad de que las autoridades locales y provinciales trabajen en consenso para construir una agenda de estado cantonal y provincial que evite el colapso del desarrollo y revitalice el poder de Loja en el escenario nacional.