Loja. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El proceso de socialización de reformas al Consejo de Seguridad Cantonal ha abierto un debate en Loja sobre el incremento de la tasa de seguridad aplicada al consumo de agua potable, así como la necesidad de transparentar el uso de estos recursos.
El analista Pablo Sanmartín Rodríguez, director del programa Expresión Politika, señaló que estas reformas deben discutirse bajo un esquema de “parlamentarismo cantonal”, es decir, con participación activa de dirigentes barriales y ciudadanía.
Uno de los puntos centrales es el posible incremento del valor actual de la tasa de seguridad, que actualmente se fija en dos centavos por metro cúbico de agua. Pablo Sanmartín Rodríguez considera viable elevar este monto, argumentando que la seguridad se ha convertido en la principal prioridad de inversión pública.
Sin embargo, enfatizó que cualquier incremento debe estar acompañado de mecanismos claros de transparencia. Entre ellos, destacó la necesidad de crear una cuenta única para la recaudación de la tasa de seguridad, evitando que estos fondos se mezclen con el presupuesto general del municipio.
Pablo Sanmartín Rodríguez, planteó que la empresa municipal de agua potable debe informar con precisión ¿cuántos metros cúbicos se facturan anualmente?, lo que permitiría determinar con exactitud los ingresos reales destinados a seguridad.
Desde el punto de vista fiscal, el incremento de la tasa —de 2 hasta posibles 5 o 10 centavos por metro cúbico— podría representar una recaudación estimada de entre 500.000 y 600.000 dólares anuales, dependiendo del volumen real de consumo de agua. Sin embargo, la falta de datos auditados sobre la facturación de la empresa municipal limita la precisión de estas proyecciones, asevera Pablo Sanmartín Rodríguez.
Puntualiza que este escenario revela una debilidad institucional clave: la opacidad en la gestión de ingresos públicos. La ausencia de una cuenta específica para la tasa de seguridad genera riesgos de dispersión del gasto y dificulta la trazabilidad de los recursos, afectando la confianza ciudadana.
Pablo Sanmartín Rodríguez señala que en términos de gobernanza, la propuesta de integrar a los dirigentes barriales en la toma de decisiones apunta a un modelo de cogestión territorial. Este enfoque podría mejorar la eficiencia del gasto, alineando la inversión con necesidades reales de cada sector, como iluminación, recuperación de espacios públicos o infraestructura preventiva.
Desde una perspectiva económica, el impacto para el ciudadano sería relativamente bajo en términos individuales (entre 2 y 3 dólares mensuales), pero con alto potencial agregado si se traduce en mejoras tangibles en seguridad. No obstante, el éxito del modelo dependerá de la capacidad institucional para ejecutar proyectos y evitar que los recursos se destinen a gasto corriente, señala.
Finalmente, el debate también expone la necesidad de modernizar la gestión de servicios públicos, particularmente en la medición y facturación del agua potable. La implementación de sistemas digitales permitiría optimizar la recaudación, reducir pérdidas y generar información clave para la planificación financiera.
En conjunto, la reforma no solo plantea un ajuste tarifario, sino una reconfiguración del modelo de gestión de seguridad y participación ciudadana en el ámbito cantonal.
