Loja. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El Ejército Ecuatoriano desarrolló una jornada de inclusión social en la ciudad de Loja, dirigida a personas con discapacidad que forman parte del Centro Diurno Integral del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

La actividad se realizó en las instalaciones del Grupo de Caballería Mecanizada N.º 18 Cazadores de los Ríos, donde los participantes compartieron con los soldados en diversas terapias asistidas con animales orientadas a mejorar su bienestar físico y emocional.

Durante la jornada se desarrollaron actividades de canoterapia, presentación canina e hipoterapia, programas terapéuticos que utilizan la interacción con animales para estimular habilidades motrices, emocionales y sociales.

En la canoterapia, los asistentes interactuaron con perros entrenados para promover la estimulación sensorial, la relajación y el fortalecimiento emocional.

Posteriormente se realizó una presentación canina, en la que los guías militares demostraron las habilidades, disciplina y destrezas de los canes utilizados en distintas labores institucionales.

Los participantes formaron parte de sesiones de hipoterapia, una técnica terapéutica que utiliza el movimiento del caballo para mejorar la coordinación, el equilibrio y la postura de las personas con discapacidad.

Según informaron los organizadores, estas iniciativas forman parte del compromiso institucional del Ejército de apoyar el desarrollo integral de las personas con discapacidad y fomentar la inclusión social en la comunidad.

La actividad permitió además fortalecer los lazos entre la institución militar y la ciudadanía, promoviendo espacios de integración, recreación y bienestar para los beneficiarios del centro diurno.

Loja. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El bono médico campesino vuelve tras siete años de suspensión. La directora nacional del Seguro Social Campesino, Geovana Ubilla, anunció que este incentivo económico para médicos de dispensarios rurales ya se paga nuevamente en el país, beneficiando inicialmente a profesionales que trabajan en zonas de difícil acceso.

La medida implica una inversión superior a un millón de dólares por parte del Seguro Social Campesino, con el objetivo de reconocer el trabajo de los médicos que atienden a comunidades rurales y garantizar que cuenten con respaldo institucional en sus labores diarias.

Ubilla explicó que el incentivo, anteriormente conocido como bono geográfico, dejó de entregarse hace siete años. Sin embargo, la institución decidió restablecerlo como parte de su compromiso con el fortalecimiento del sistema de salud rural.

En la provincia de Loja, 56 médicos ya reciben el bono médico campesino, quienes trabajan en igual número de dispensarios que atienden a más de 66.000 afiliados del sistema.

El monto del beneficio oscila entre 100 y 300 dólares mensuales, dependiendo de factores como la ubicación del dispensario y las condiciones de acceso al territorio donde prestan servicio los profesionales de la salud.

La funcionaria aclaró que el pago retroactivo cubre enero y febrero del presente año, aunque no es posible reconocer valores de los años anteriores debido a la responsabilidad institucional sobre el manejo de recursos públicos.

Además, explicó que el incentivo se rige por normativas que anteriormente dependían del Ministerio de Trabajo de Ecuador, pero actualmente se coordinan con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, nuevo ente rector con el que se busca ampliar el beneficio a más dispensarios.

Durante su visita a Loja, Ubilla también destacó avances en el abastecimiento de medicamentos del sistema. Según indicó, el Seguro Social Campesino pasó de un 20% de abastecimiento a un 75% de medicamentos e insumos médicos a nivel nacional.

Finalmente, la directora subrayó que el Seguro Social Campesino funciona bajo un modelo de corresponsabilidad entre las organizaciones sociales y la institución, por lo que se mantienen reuniones permanentes con representantes comunitarios para fortalecer el acceso a la salud de los afiliados.

Loja. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- Ecuador. La reciente suspensión por nueve meses del movimiento político Revolución Ciudadana, dispuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), ha reactivado el debate sobre la transparencia en el financiamiento electoral en Ecuador y la necesidad de que partidos y movimientos políticos aclaren el origen de los recursos utilizados en sus campañas.

El analista político y director del programa Expresión Polítika, Pablo Sanmartín Rodríguez, sostiene que la medida adoptada por el organismo electoral debe convertirse en una oportunidad para que todas las organizaciones políticas transparenten sus finanzas antes de futuros procesos electorales convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según Pablo Sanmartín, el caso que involucra al movimiento Revolución Ciudadana está vinculado a cuestionamientos sobre recursos utilizados en campañas electorales, conocidos como la denominada “caja chica”, cuya procedencia habría sido observada por las autoridades de control. La falta de claridad sobre el origen de estos fondos, afirma, motivó la aplicación del artículo 374 numeral 3 del Código de la Democracia, normativa que regula el financiamiento político en el país.

Pablo Sanmartín Rodríguez, advierte que la transparencia en los aportes económicos es fundamental para garantizar la igualdad de condiciones en las contiendas electorales. De lo contrario, el uso de recursos no declarados podría generar ventajas indebidas frente a candidatos que financian sus campañas mediante mecanismos legales establecidos por el Estado.

Pablo Sanmartín Rodríguez también señala que las dudas sobre el financiamiento político pueden afectar la legitimidad de autoridades electas si se comprobara que parte de sus campañas fue financiada con recursos de origen no justificado. Por ello, considera necesario que los partidos políticos presenten información clara sobre aportes, donaciones y gastos de campaña.

En este contexto, plantea que el proceso de control debe extenderse a todas las organizaciones políticas del país, con el objetivo de fortalecer la transparencia y evitar posibles irregularidades en futuras elecciones.

Asimismo, sostiene que el debate sobre el financiamiento electoral no solo involucra a los partidos, sino también a los organismos de control, que deben garantizar la fiscalización adecuada de los recursos utilizados en la actividad política.

Para el analista, la suspensión temporal del movimiento político abre un escenario que podría impulsar reformas y mecanismos de control más rigurosos, con el fin de asegurar que los procesos electorales se desarrollen dentro de los principios de legalidad y transparencia.