(Redacción ONU).- Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela han cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de una década, afirmó este jueves la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre el país en su informe más reciente.
El informe concluyó que funcionarios de la GNB perpetraron y contribuyeron de manera directa a la comisión de privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual y de género, tanto durante operativos de control de protestas como en acciones de persecución política selectiva.
Según la Misión, la persistencia de estos abusos se ha visto facilitada por un entorno prolongado de impunidad.
“Los hechos documentados muestran el rol de la GNB en un patrón de represión sistemática y coordinada contra personas opositoras o percibidas como tales, que se ha mantenido durante más de una década,” afirmó la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.
El informe detalla cómo la doctrina venezolana de “seguridad nacional” ha fusionado funciones militares y policiales, legitimando la militarización de la seguridad ciudadana y ampliando el papel de la GNB en operaciones orientadas al control social y la represión interna.
La cadena de mando altamente centralizada, bajo la dirección del presidente del país como comandante en jefe de la Fuerzas Armadas ha facilitado la ejecución de acciones ilícitas sin mecanismos internos efectivos de control o rendición de cuentas.
La GNB durante las protestas
Según el informe, en los picos de protesta de 2014, 2017, 2019 y 2024, la GNB ejerció un uso desproporcionado de la fuerza, incluyendo el empleo de armas letales disparadas de forma indebida.
La Misión tiene motivos razonables para creer que funcionarios de la Guardia dispararon armas de fuego de manera indiscriminada, apuntando directamente a zonas vitales de los cuerpos de las víctimas. Además, el organismo recibió información de la existencia de una práctica de modificar proyectiles para causar mayor daño.
Asimismo, se documentaron detenciones arbitrarias masivas y selectivas, violencia física durante los arrestos, siembra de evidencia, torturas y malos tratos, incluso violencia sexual y de género dentro de instalaciones de la GNB utilizadas como centros de detención transitoria.
“Las torturas, malos tratos y actos de violencia sexual que hemos verificado, incluyendo agresiones y violaciones, no fueron incidentes aislados. Forman parte de un patrón de abuso utilizado para castigar y doblegar a las víctimas”, señaló Valiñas.
La Misión constató que la GNB fue un actor central en la comisión del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos.
Según datos de la sociedad civil, la Guardia Nacional ejecutó la mayor cantidad de detenciones con fines políticos en 2019 y 2020. También desempeñó un papel clave en la “Operación Tun Tun” tras las elecciones de 2024, destinada a la captura y criminalización de opositores mediante acusaciones infundadas de terrorismo o incitación al odio.
Fallas sistemáticas del sistema judicial
El informe identifica un patrón de impunidad estructural sostenido por fallas sistemáticas del sistema judicial venezolano poniendo de manifiesto su incapacidad o falta de voluntad para investigar o procesar las violaciones cometidas por la Guardia Nacional: investigaciones sin avances, paralización procesal prolongada, manipulación de evidencia, obstrucción deliberada por parte de la GNB y concentración de sanciones únicamente en personal de bajo rango.
La Misión estima que existen motivos razonables para creer que funcionarios de la Guardia, así como altos mandos militares y políticos podrían ser penalmente responsables en virtud de los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma, tanto como autores y coautores directos o indirectos como por responsabilidad de mando.
“La Misión tiene motivos razonables para creer que funcionarios de la GNB han realizado contribuciones esenciales en los delitos investigados entre los que se incluyen: detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, violencia de género y persecución”, dijo Valiñas.
“La persistencia de estos crímenes y la ausencia de justicia adecuada requieren una respuesta contundente de los mecanismos nacionales e internacionales de rendición de cuentas,” subrayó.
El informe fue elaborado bajo la supervisión de los tres miembros expertos de la Misión: Marta Valiñas, Francisco Cox Vial, y Patrícia Tappatá Valdez. Estos dos últimos concluyeron sus mandatos el 31 de octubre de 2025.
