Naciones Unidas.- (EFE).- Tras las derrotas militares sufridas en 2017, el grupo terrorista Estado Islámico (EI) recuperó fuerza en la primera mitad de este año, advierte la ONU en un informe publicado hoy.

El EI sigue controlando pequeños territorios en el este de Siria, cerca de la frontera con Irak, donde la campaña en su contra perdió ímpetu en los primeros meses de 2018, permitiendo al grupo mantener acceso a recursos, incluida la venta de petróleo.

Además, ese respiro facilitó a los yihadistas espacio para continuar su transformación, de una estructura que trataba de emular a un Estado a una organización terrorista encubierta.

Ese proceso está más avanzado en Irak que en Siria, pero el control de territorios en ese país da al EI «más opciones y profundidad estratégica», apunta el texto.

«A pesar de los daños causados a las estructuras burocráticas del llamado ‘califato’, la disciplina colectiva del EI está intacta», señala el documento, un análisis de la amenaza que plantea el grupo que la ONU elabora dos veces al año.

Naciones Unidas destaca que a partir de junio la campaña militar contra los yihadistas en el este de Siria volvió a acelerarse, con una nueva ofensiva de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), la alianza armada liderada por los kurdos y apoyada por Estados Unidos.

Aunque muchos combatientes y líderes del EI han muerto en los combates, se calcula que el grupo sigue contando en Irak y Siria con entre 20.000 y 30.000 miembros, repartidos aproximadamente por igual entre los dos países.

Entre ellos sigue habiendo «miles de combatientes terroristas extranjeros activos», asegura la ONU.

Según el informe, la salida de combatientes extranjeros de Irak y Siria sigue siendo más lenta de lo previsto, pues muchos de los terroristas se integran en la población local y otros continúan ocultos en algunos Estados vecinos.

La amenaza planteada por esas personas que dejaron sus hogares para unirse al EI es una de las que más inquieta al Consejo de Seguridad de la ONU, que el pasado año aprobó una resolución para tratar de responder al posible retorno de esas personas radicalizadas a sus países de origen.

Entre las preocupaciones actuales, la ONU destaca la falta de información sobre el estado de las finanzas del EI y sus intenciones, así como el posible impacto en las redes terroristas ya existentes del regreso de esos veteranos del campo de batalla.

El estudio hecho público hoy, que será discutido este mes por el Consejo de Seguridad, analiza también la amenaza de Al Qaeda, un grupo que para algunos Estados supone «un mayor desafío a largo plazo» que el EI, señala la ONU.

En Siria, Al Qaeda ha demostrado una gran resistencia y es «posiblemente» el grupo terrorista más fuerte en la actualidad, considera Naciones Unidas.

Además, Al Qaeda y sus filiales siguen siendo más fuertes que el EI en el Yemen, Somalia y partes de África Occidental, mientras que su alianza con los talibanes y otros grupos terroristas en Afganistán continúa siendo firme, a pesar de la rivalidad con los afiliados locales del EI.

La ONU avisa además de la «coalición» formada por grupos terroristas en Mali y en el Sahel, alertando de que puede ser un «modelo para la cooperación futura» entre distintas bandas.

(Por Tupac POINTU.- AFP).- Grandes escándalos que estallan en Argentina y Perú, mientras expresidentes centroamericanos se enfrentan a la justicia. América Latina es sacudida una vez más por una ola de casos de corrupción que alimenta la percepción de vivir en el cuento de nunca acabar. Aunque hay razones para la esperanza, dicen los expertos.

– Una docena de expresidentes salpicados –

En Argentina, unos cuadernos escolares han sacudido por algunos días a políticos y grandes patrones empresariales. Oscar Centeno, el chofer de un ministro durante las administraciones de la era Kirchner, anotó meticulosamente las decenas de millones de dólares pagados entre 2005 y 2015 a sus gobiernos por ejecutivos privados para obtener contratos públicos.

Varios funcionarios de alto rango y ejecutivos corporativos están entre rejas y Cristina Kirchner, presidenta de 2007 a 2015 y ahora senadora, pasó brevemente este lunes por el juzgado donde se negó a declarar.

«Es la nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas durante la primera década y media del siglo XXI», escribió la expresidenta en Twitter.

En Perú, la difusión de grabaciones unas grabaciones a principios de julio ha situado al sistema judicial en el ojo del huracán. En los audios se escucha a jueces negociando las sentencias de acusados.

El ministro de Justicia, Salvador Heresi; el presidente del Tribunal Supremo, Duberli Rodríguez, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Orlando Velásquez, quien nombra a los jueces y fiscales, se vieron obligados a renunciar.

En respuesta al escándalo, el presidente peruano, Martín Vizcarra, lanzó una reforma judicial masiva y anunció un referéndum para legitimarla.

En Centroamérica, el expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca (2004-2009), en prisión desde hace casi dos años, admitió haber desviado más de 300 millones de dólares durante su mandato. Su sucesor, Mauricio Funes (2009-2014), acusado de los mismos delitos, está prófugo en Nicaragua.

El exjefe de Estado de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue extraditado en junio desde Estados Unidos: está acusado en una veintena de casos de corrupción.

Desde el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva a los últimos cuatro mandatarios de Perú, actualmente en la región latinoamericana «hay una docena de expresidentes en la cárcel, fugitivos, involucrados o destituidos» en casos de este tipo, aseguró el abogado peruano José Ugaz, expresidente de la ONG anticorrupción Transparencia Internacional.

Una parte de estas causas está conectada con el gigante de la construcción brasileño Odebrecht, en el centro de un gran escándalo de corrupción que socava a la clase política regional.

– Dinero y política –

«La relación entre el dinero y la política está en el corazón del tema», explica a la AFP Gaspard Estrada, director de Opalc, el observatorio de América Latina del Instituto de Estudios Políticos de París.

Desde Brasil hasta Argentina «encontramos los mismos mecanismos con empresarios corruptos y políticos que buscan financiar sus campañas», sintetiza.

Para «salir de esta dependencia y romper este círculo vicioso», es necesario un marco más estricto: «Debería haber límites para las donaciones de personas privadas y esto se acompaña de un financiamiento estrictamente público».

«El gran problema institucional en América Latina es la falta de mecanismos de ‘check and balance’ (control y equilibrio)», afirma Raúl Ferro, del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), preguntado por la AFP.

«No hay dudas de que los cuadernos describen con precisión el modo en que el kirchnerismo recaudó ilegalmente fondos durante siete años sin que saltara la alarma de ningún órgano de control», observó recientemente el politólogo argentino Nicolás Solari, radicado en Miami, EEUU.

– «Cada vez más difícil» –

«En América Latina tenemos una historia de corrupción. Siempre van a haber casos, está en la naturaleza del ser humano», admite Ferro, que sin embargo se dice «optimista, sin ser ingenuo».

«Lo importante es que cada vez es más difícil hacerlos y cada vez es más fácil denunciarlos. Los escándalos permiten tener pequeños avances», opina.

«El caso ‘Lava Jato’ (Lavadero de autos) en Brasil ha generado una dinámica en la región a la que se le ha sumado un mecanismo nuevo e interesante que es la ciudadanía. Hemos visto a miles de personas marchar contra la corrupción. Este es un motivo de esperanza», afirmó el abogado José Ugaz.

«Ojalá que no termine como la Primavera Árabe, en un fogonazo. La población tiene que mantenerse alerta», advirtió el abogado.

(Por. Infobae).- Luego de que el comando del ejército boliviano dio de baja definitiva a un militar que perdió los símbolos presidenciales de Bolivia en una zona de prostíbulos, oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio dijeron que con ese caso se «tocó fondo» y culparon al Gobierno de Evo Morales de instaurar la corrupción y acabar con la institucionalidad.

Una medalla, una joya de oro y diamantes que data de la fundación de la República en 1825 y que originalmente perteneció al libertador Simón Bolívar, y una banda presidencial bordada con hilos de oro fueron robadas la noche del martes cuando el custodio del presidente, un militar, estaba en un prostíbulo. Los símbolos luego fueron devueltos por los ladrones.

«Hemos tocado fondo (…) hemos llegado a un extremo de insostenibilidad de la institucionalidad, al extremo de inmoralidad y desprofesionalización que no podemos más seguir callando. No podemos ser cómplices y cerrar la boca. No podemos seguir indiferentes ante este estado de cosas que pasa con nuestros mandos militares. ¡Es hora de tomar decisiones, pues hagámoslo pero ya!», dice parte del documento, que no fue firmado por temor a represalias, como afirma el diario Página Siete.

Por el hecho, fue destituido el teniente de Caballería, Roberto Juan de Dios Ortíz Blanco, custodio de Evo Morales, quien fue remitido también preventivamente a una cárcel de La Paz por orden de un juez a la espera de un proceso judicial por «incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y deterioro de la riqueza o patrimonio nacional».

«El teniente Ortíz es la punta del iceberg, lo que queda debajo del agua es la verdadera y pura realidad putrefacta. Una vergonzosa desprofesionalización militar. El teniente es el botón de muestra», dice una parte de la carta.

En la misiva también señalan otra irregularidades dentro de las Fuerzas Armadas en las que están envueltos ex comandantes y jefes militares del Ejército, de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y de la Armada, señala el diario boliviano.

«Generales manchados de corrupción, negociados con repuestos de aviones, sobreprecios y compras fantasmas», dice el comunicado.

También denunciaron otros hechos contra altos mandos militares por daños económicos en un caso en el que se adjudicó a una empresa la compra de unos repuestos que nunca fueron entregados

Y recuerdan otros casos como el de las barcazas: «El Estado gastó más 21 millones de dólares por un negociado de barcazas que nunca llegaron y cuyos responsables gozan ahora de esos recursos»-

Por último, ratifican en su denuncia contra el Gobierno de Morales, de cómo acabó con las Fuerzas Armadas: «En estos 12 años hemos podido ver en nuestros mandos militares que la mejor forma de hacer carrera militar es ser partidario del MAS y particularmente tener el aval político de las seis federaciones de cocaleros del Chapare».

(Por. Maolis Castro.- EL PAÍS).- La confusión y la represión marcan la rutina de Venezuela desde que el pasado 4 de agosto el presidente Nicolás Maduro sufriera un atentando durante una celebración militar. El régimen acusa al expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, al Gobierno de Estados Unidos y a la oposición política interna de estar detrás de lo que denomina “intento de magnicidio”. Pero la versión oficial se diluye día a día cada vez que un portavoz comparece para explicar qué sucedió en Caracas hace una semana. O cada vez que un testigo accede a hablar o cada vez que se consulta a un experto. Un efecto que se multiplica cuando las instancias oficiales han perdido la credibilidad en cada declaración.

Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicaciones, fue el primero en dar detalles del suceso. “Explotaron tres drones”, explicó en una entrevista exclusiva para la cadena de noticias rusa Sputnik, uno frente a la tarima presidencial, en la avenida Bolívar, que provocó la activación del protocolo de seguridad, según el relato del funcionario. El segundo reventó hacia el lado derecho del estrado donde se encontraba Maduro y la plana mayor de las Fuerzas Armadas. El último colisionó contra el edificio Don Eduardo, en la céntrica avenida Este 12 con la avenida Sur de la capital del país.

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Una fuente vinculada al Ejército venezolano, que estuvo cerca de la tarima presidencial confirma la versión de Rodríguez y agrega que uno de los drones fue derribado por disparos de francotiradores del Gobierno. La voladura del artefacto fue lo que ocasionó heridas a los siete cadetes y soldados que en ese momento desfilaban por la avenida Bolívar. Otra fuente, un militar extranjero, sin embargo, sostiene que no oyó ningún disparo y que por tanto ese dron no fue abatido por los tiradores del Ejército. “Además es virtualmente imposible darle con un fusil a un dron volando”, señala la misma fuente. Estas versiones contradictorias subrayan la dificultad de establecer los hechos en ausencia de una versión oficia creíble.

La versión del titular de Comunicaciones quedó también en entredicho poco tiempo después cuando Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, aseguró que intervinieron solo dos drones del tipo DJI-Matrice 600, un modelo que se utiliza para tomar fotografías aéreas y de uso industrial, según la web del fabricante. Cada aparato, según la declaración de Reverol, iba cargado con un kilo C4, una variedad común de explosivos plásticos. El ministro explicó que uno de ellos fue destruido por francotiradores y el segundo se estrelló contra una residencia. Los vecinos entrevistados por EL PAÍS de la avenida Este 12 confirman que solo escucharon dos fuertes detonaciones.

El estallido del último dron solo afectó a un apartamento y a la fachada del edificio. Se puede inferir que la carga explosiva no llegó a detonar por completo. Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana contra Minas, pone como ejemplo que solo se necesitan 30 o 50 gramos de esta sustancia para volar la cerradura de una puerta. “Con un kilo se puede causar una destrucción muy importante”, sostiene el experto. Este material es de uso habitual de organizaciones militares, sus comercializadores son estadounidenses y se consigue con “dificultad” en el mercado negro. Es manipulable, semejante a la plastilina, y se activa con dispositivos eléctricos.

Reverol, en su explicación, detalló que uno de los drones fue neutralizado por los equipos inhibidores de señales instalados en la avenida Bolívar durante la celebración. “En los aeropuertos y zonas de seguridad existen inhibidores de señales, pero no creo que en la avenida Bolívar”, dice René Ramos, un experto venezolano en esas aeronaves, poniendo también en duda la versión oficial.

Los drones DJI-Matrice 600 cuestan unos 6.000 dólares, aproximadamente. Los cineastas y productores audiovisuales los usan por su capacidad para recorrer una distancia horizontal de cinco kilómetros sin interferencias. “Los pilotos de los drones tuvieron que estar cerca de la zona, seguramente se devolvió una de las aeronaves a su origen porque perdió señal y no necesariamente por un inhibidor. Estos drones tienen un sistema que automáticamente los regresa a su punto de partida al alejarse mucho”, dice Ramos.

Maduro, Reverol y el fiscal general Tarek William Saab aseguraron que uno de los aparatos fue piloteado desde el piso 10 del Centro Empresarial Cipreses de la avenida Sur de Caracas, a unos 70 metros de la tarima presidencial.

El edificio Don Eduardo, en el que cayó uno de los aparatos, a dos cuadras de donde se realizaba la celebración, fue tomado por cuerpos de inteligencia policial. Algunos de sus habitantes solo declararon lacónicamente a la prensa haber escuchado una explosión, pero varias horas después se negaron a repetir su declaración por miedo a represalias.

En Venezuela el uso de drones está regulado por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil desde 2016, para tener un registro de sus propietarios que, previamente, deben obtener permisos para volarlos. “Si el ataque hubiese sido planificado por un gobierno como el colombiano o el estadounidense, tal vez hubieran usado drones militares capaces de recorrer gigantescas distancias, al punto de ser manejados desde otra ciudad, y de no ser detectados por inhibidores de señales. Es claro que los que cometieron este atentado son inexpertos”, opina René Ramos.

Aumenta la represión

A las pocas horas de sufrir el atentado, Nicolás Maduro compareció en la televisión pública venezolana para denunciar que el complot estaba supuestamente orquestado por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en connivencia con la oposición venezolana, lo que el mandatario denomina “la extrema derecha”. No son los únicos que para el oficialismo fraguaron el ataque, Osman Alexis Delgado Tabosky y el militar Oswaldo Valentín García Palomo también están acusados, ambos ya tenían investigaciones en marcha por su posible conspiración en planes antigubernamentales en 2017.

Delgado está involucrado como el presunto responsable de financiar el asalto contra el Fuerte Militar Paramacay, en el Estado de Carabobo (centro-norte del país), en agosto del año pasado. Al coronel retirado de la Guardia Nacional García Palomo se le busca por su presunta participación en la “Operación Armagedón”, un golpe militar frustrado en mayo.

El Gobierno de Venezuela una vez más los culpa de ser los principales financiadores del atentado contra Maduro, junto a los también ciudadanos venezolanos José Eloy Rivas Díaz y Rayder Alexander Russo Márquez.

El oficialismo asegura que les ofrecieron 50 millones de dólares y residencia en Estados Unidos como recompensa. Todos ellos fueron entrenados en la finca Atlanta en Chinácota, en el departamento Norte de Santander, en el norte de Colombia. Le pagaron alojamientos y traslados a hoteles y además compraron drones y C4 en el mercado negro para perpetrar el ataque, siempre según la versión oficial,

Russo y Delgado son los más conocidos por la opinión pública venezolana porque se les relaciona con el movimiento dirigido por el piloto rebelde Óscar Pérez, que atacó las sedes del Supremo y del Ministerio de Interior en 2017, y fue asesinado en enero por grupos policiales. Aunque, el mismo Pérez denunció en su cuenta de Twitter que estos dos hombres eran “infiltrados del régimen” dentro de los grupos opositores.

La familia de Delgado, supuestamente radicado en Florida, tiene negocios principalmente en Carabobo: un centro comercial, una clínica privada, una finca y apartamentos, que en este momento están tomadas por la policía. Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, asegura que muchas son “empresas de maletín” (empresas pantalla) usadas para financiar ataques antigubernamentales.

De manera paralela, el régimen de Maduro ha aumentado en los últimos días la persecución contra varios líderes de la oposición. El Supremo ha solicitado prisión para Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, exiliado en Bogotá; y ha detenido de forma ilegal y por la fuerza en su domicilio al diputado opositor Juan Requesens, acusados de ser los supuestos autores intelectuales del atentado. Requesens apareció el viernes en un vídeo emitido por el Gobierno autoinculpándose del atentado y haciendo responsable también a Borges.

Observadores independientes dudan de que esta declaración sea voluntaria y la familia asegura que fue drogado para conseguir que se atribuyera el atentado. Paralelamente se difundió en redes sociales un denigrante video donde se ve a Requesens en ropa interior, muy deteriorado y con la mirada perdida. El periodista que distribuyó las imágenes las atribuye a una filtración de la policía de inteligencia, SEBIN, que se las hicieron llegar junto a la frase “indignación entre los funcionarios por como trataron al diputado Requsens”.