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Tomado: El Ciudadano

Quito (Pichincha).- En Cuenca se inauguró este miércoles el Curso de Formación Inicial, dirigido a 1 500 postulantes que aspiran a ocupar 313 cargos de juezas y jueces. El Curso de Formación Inicial será impartido simultáneamente en 26 sedes en 18 provincias del Ecuador, hasta el 3 de junio.

Las sedes en las que se capacitará a los aspirantes son la Universidad Técnica Particular de Loja (21) y direcciones provinciales (5). Los aspirantes a juezas y jueces deben acudir a Quito, Cuenca, Guaranda, Tulcán, Riobamba, Latacunga, Machala, Esmeraldas, Guayaquil, Ibarra, Loja, Quevedo, Manta, Portoviejo, Macas, Tena, Santo Domingo, Ambato y Zamora.

Las materias que recibirán son: Ética aplicada a la Función Judicial, Género, Diversidad e Interculturalidad, Argumentación Jurídica, Marco Institucional de la Función Judicial, Código Orgánico de la Función Judicial (Régimen Disciplinario). Marco Institucional de la Función Judicial (Modelo de Gestión). En base a estas materias, consideradas generales, rendirán el primer examen.

Las otras materias son: Oralidad en los Procesos, Constitucionalismo, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, Jurisdicción Penal y Civil, Análisis e Interpretación Probatoria.

Listado de participantes del concurso de 313 Jueces y Juezas en diferentes ámbitos.
http://bit.ly/JCZEcZ

Tomado: El Ciudadano

Quito (Pichincha).- El ministro de Defensa Nacional, Miguel Carvajal, confirmó que se encuentran en el Ecuador los cuatro radares adquiridos a China, pero destacó que estos equipos son sometidos a pruebas individuales que se extenderán hasta julio y luego pasarán a pruebas de interconexión.

“Somos cuidadosos en cumplir el proceso contractual y pasarán (radares) a manos del Gobierno y las Fuerzas Armadas cuando cumplan todos los requerimientos contractuales”, expresó al señalar que la Contraloría supervisa este proceso para garantizar su transparencia.

También informó que dos de los seis aviones no tripulados intervienen plenamente en todos los operativos de control de la zona costera del país, mientras las restantes cuatro aeronaves están en mantenimiento logístico.

“Esto es normal. Ahora mismo tenemos algunos helicópteros del Ejército que deben tener mantenimiento normal. Esto  hay que abordarlo con mesura, con tranquilidad”, señaló.

El Ministro expresó que se requiere no solamente tener todo el equipo para proteger el país y a la sociedad, “sino que hay la necesidad de actualizar y adecuar nuestra defensa a las circunstancias cambiantes”.

“La presencia del crimen transnacional nos obliga a adecuar políticas, doctrinas, instrumentos y armas”, dijo.

Destacó que existe el marco jurídico para que las Fuerzas Armadas participen en operaciones anti delincuenciales. “La Constitución es clara: las FF.A y la Policía Nacional son instituciones que tienen la obligación de proteger los derechos de los ciudadanos”, agregó.

Tomado: El Ciudadano

Quito, (Pichincha).- La Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) acató lo que ordena la Ley de Radio y Televisión de 1995 y su reglamento de 1996, y procedió a la clausura de Telesangay en Morona Santiago.

El Gobierno Nacional otorgó la concesión del canal 30 UHF al Consejo Provincial el 13 de mayo de 2009. Hasta hoy, el canal no había operado, incumpliendo la constitución.

En estas disposiciones se expresa que el plazo de instalación y operación de una estación conforme a los parámetros técnicos del contrato es de 1 año luego de la fecha de concesión. Si no se cumple con lo dispuesto en la concesión, se revertirá al Estado.

Así, este medio de comunicación, según la ley, debía ya operar en las localidades de Macas, Sucúa, Gualaquiza, Santiago de Méndez, Gral. Leonidas Plaza y Nueva Huamboya. Al respecto, el ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, señaló que “la propia administración de Telesangay es la responsable de la pérdida de su frecuencia, pues incumplieron la ley en reiteradas ocasiones”.

Video por Teleamazonas
http://youtu.be/05irtEaYMmE

Además, recordó que el 1 de julio del 2010, se le otorgaron 90 días para que corrija los parámetros de operación. Posteriormente, el 21 de septiembre, Supertel informó que realizó la verificación y se continuó operando con parámetros no autorizados como estación matriz, barras de calibración, equipos configurados para Satmex 5.

Luego de una semana de la primera inspección, el 28 de septiembre, la Supertel informó que se está incumpliendo con el contrato de concesión. El plazo de instalación venció el 13 de mayo de 2009.

Luego de revisar el expediente y los reiterados incumplimientos a la ley, el Conatel (Consejo Nacional de Telecomunicaciones) dispuso iniciar el proceso de terminación de contrato de Telesangay por no operar con los parámetros técnicos autorizados dentro del plazo establecido.

Un hecho más se registró el 22 de julio de 2011, cuando se rechazó el recurso de apelación de la televisora.

Escrito por Sala de Prensa

Quito.- El presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, Víctor Quirola y el asambleísta Carlos Velasco, entregaron al titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, el proyecto de Ley Orgánica General de Salud (Código Orgánico de Salud).

La normativa tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos a la salud establecidos en la Constitución de la República a través de la regularización de la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

Además, el establecimiento y reglamentación de las responsabilidades y competencias de los actores en salud en los diferentes niveles de gobierno; del ordenamiento en los programas y acciones en salud desde el ámbito técnico, administrativo y financiero, así como también la aplicación de los derechos de participación ciudadana en salud.

El presidente del organismo legislativo, Víctor Quirola, resaltó que esta normativa es fundamental, para poner en manos de la ciudadanía un instrumento que permita el ejercicio de sus derechos y permita al poder constituido, aplicar todos los mandatos que el pueblo ordenó en el referéndum de 28 de septiembre de 2008, en el que se aprobó la actual Constitución.

Los asambleístas aspiran que en las próximas fechas este proyecto de Ley pase al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para el trámite respectivo.

Enviado por luis.padilla

Quito.- (Andes).- Que la información crediticia adquiera una dimensión pública es el objetivo de reformar la Ley de Burós de Información Crediticia, dijo este miércoles el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Francisco Velasco, cuyo grupo legislativo inició el primer debate de esta ley.

En el Ecuador se utilizan listas de historiales crediticios como instrumentos para otorgar  nuevos préstamos. Estos no pueden ser de uso obligatorio ni su información es vinculante, pero sí pueden usarse como seguridades antes de que una institución financiera desembolse un crédito.

La tendencia –aunque aun no consensuan una cifra exacta- es reducir los años del historial crediticio de manera obligatoria. Actualmente las listas de riesgos datan el historial de los sujetos por seis años.

Así también se establecerá que las carteras vencidas inferiores al 0,15% de un salario básico unificado, es decir 43,8 dólares, no formen parte del registro de riesgo.

El debate de este proyecto continuará el próximo miércoles en la comisión legislativa. La Asambleísta Silvia Kohn sugirió que se llame a un representante de los buró de créditos.

Enviado por jose.luis

Guayaquil.- (Andes).- La creación del Instituto Nacional de Contratación Pública (Incop), desde agosto del 2008,  ha permitido la participación activa de empresas que tradicionalmente no tenían acceso a ofertar servicios en el sector público.

El año pasado, el Estado ecuatoriano invirtió, a través del Incop alrededor de $ 10.000 millones, de los cuales, $ 5.500 millones fueron bajo el régimen común y más de $ 4.000  millones, por la vía especial, aseguró Víctor Cruz, funcionario de esa institución.

A la fecha, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una participación del 56 %, en el total de contratos con el Estado, por medio del portal oficial.

Video por andesecuador

Los registros del Incop muestran que en los primeros cuatro meses del año, la inversión pública para contratar proveedores llega a $ 1.750 millones. De esa cifra el 56 % está en manos de este segmento empresarial.

En el 2011, estas empresas obtuvieron contratos por alrededor de $ 2.700 millones, lo que representa el 53 % del monto total.

Según el funcionario del Incop, antes de la creación de la institución, el porcentaje de participación de las empresas pequeñas, apenas era del 22 %. “Existe un crecimiento sostenido en este sector desde el 2008; es un factor dinamizador”.

Anteriormente, las grandes empresas eran las que tenían mayor oportunidad de ser proveedores del Estado, en un promedio del 80 %. Con la nueva estructura y normativa de contratación esa realidad ha cambiado, en el ámbito nacional.

Las microempresas, a pesar de ser pequeñas, en relación a la demanda que puede tener el sector público, pueden unirse o asociarse y poder ofertar, agregó.

Recientemente, el Banco Mundial premió al Incop, con el primer lugar en innovación, por el sistema que aplicó para la compra de medicamentos.

El proceso combinó una subasta inversa, en una primera parte y el uso del catálogo electrónico, en una segunda fase. Ello permitirá una compra automática y controlada de medicinas, sin riesgo de desabastecimiento, en más de 400 unidades de salud del país.
Dicho proceso, que tuvo cuestionamientos de varios sectores en el país, es el mismo que recibió la premiación del Banco Mundial, como ejemplo a la eficiencia.