Tomado: El Ciudadano
Quito (Pichincha).- Una delegación del Ecuador, presidida por el Vicepresidente de la República, Lenín Moreno; el canciller Ricardo Patiño ; la Ministra de Justicia, Johana Pesántez; y el Secretario de Planificación, Fánder Falconí presentará en Ginebra (Suiza) el informe periódico en el que se evidencian los resultados de la aplicación de políticas sociales efectivas en el país.
El Ecuador considera que puede demostrar, con hechos y datos fehacientes, haber pasado de la teoría jurídica a la práctica efectiva en el cumplimiento de los derechos humanos.
El combate a la pobreza es fundamental para asegurar el pleno goce de los derechos fundamentales, como el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, entre otros. Nuestro país comprendió que para invertir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, eliminando la pobreza y promoviendo el desarrollo nacional, era necesario conducir una política económica soberana, libre de ataduras y de condicionamientos externos, que tanto daño habían causado.
Ecuador marcó así un hito en la historia de las relaciones económicas internacionales, al declarar ilegítima parte de su deuda externa. Ecuador emprendió una auditoría integral del endeudamiento externo del país, escuchando la voz de los movimientos sociales que luchaban por una solución justa al problema de la deuda externa.
Los indicios de ilegalidad e ilegitimidad encontrados en la auditoria, le permitieron al Gobierno del Ecuador extinguir la deuda con la banca privada internacional en bonos globales 2012 y 2030, reduciendo así en cerca del 30% de la deuda pública externa.
La reducción del peso de la deuda en el presupuesto del Estado, nos ha permitido mejorar significativamente el desempeño del crecimiento de la economía y, con ello, aumentar extraordinariamente la inversión productiva, vial y energética.
Pero, a la vez, lo más importante, ha permitido mejorar en los últimos cuatro años las condiciones de vida de la población: reduciendo significativamente los niveles de subempleo (del 48,8% al 44,2%) y del desempleo (de 7,3% al 5,1%); cerrando la brecha salarial respecto al valor de la canasta básica (del 33 al 12%); triplicando la inversión en educación, salud e inclusión social; construyendo vivienda para la población que supera cualquier pronóstico; y consecuentemente disminuyendo los niveles de pobreza y exclusión.
El establecimiento y fortalecimiento de una cultura tributaria, logró duplicar la recaudación de impuestos de 4.673 millones en el 2006 a 9.561 millones de dólares anuales en el año 2011, lo que ha permitido al Estado emprender una obra pública social en todos los ámbitos, particularmente, en la salud, vivienda, educación, seguridad social, saneamiento, medio ambiente y obras públicas, que ha llegado a todos los rincones del país.
Con estos logros, en los últimos cinco años se duplicó la inversión pública y la inversión social creció 2.5 veces. El Ecuador tuvo la inversión pública más alta de América Latina y el Caribe en el 2011, en relación al PIB.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su Informe Panorama Social de América Latina 2011, coloca al Ecuador como el segundo país de la región que más ha disminuido su tasa de pobreza.
En Ecuador se han reconocido y aplicado de manera concreta los Derechos Colectivos, como el del agua, la naturaleza, la alimentación, soberanía alimentaria y también los Derechos económicos, sociales y culturales, a través de trabajo digno, acciones afirmativas, educación, salud, vivienda.
El Estado ecuatoriano mostrará los avances que en libertad de expresión se han logrado, como el democratizar el espacio radioeléctrico, entregando frecuencias a los pueblos y nacionalidades.
El Ecuador, para este Segundo Ciclo ha realizado grandes adelantos en las recomendaciones formuladas por el Consejo en su primer informe, del año 2008, tales como: elevación en la participación de las mujeres, fomentando una igualdad de género, cambios en el sistema penitenciario, se ha iniciado el proceso de reestructuración de la Función Judicial, se redujo el trabajo infantil a más de la mitad. En cuanto a los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria en el año 2010, fueron atendidos 125.280 niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de mendicidad, a través de becas y ayuda a las familias en todas las provincias del país, bajo la coordinación de diferentes instituciones.
El Estado ha realizado una política social, nunca antes registrada, a favor de varios grupos sociales, como las personas con discapacidad, cuya cobertura de atención ha rebasado los límites internacionales de América Latina y de otros continentes. Así, entre los años 2009 al 2011, se realizaron 825.576 atenciones médicas a personas con discapacidad o a familiares y se registraron 26.327 casos críticos, que fueron atendidos urgente y oportunamente por la red pública de salud.
Con respecto a las personas adultas mayores, se garantiza la atención gratuita y especializada de salud, acceso gratuito a medicinas, trabajo remunerado, jubilación universal, rebajas de costos en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos, exenciones en el régimen tributario y acceso a una vivienda que asegure una vida digna.
La Constitución de 2008 marca un hito histórico en el reconocimiento y protección de los derechos de los migrantes y sus familias. Se reconoce el principio de la ciudadanía universal, como un nuevo paradigma en materia de derechos humanos, que tiende hacia una movilidad humana libre, sin restricciones ni fronteras.
La protección en el país y en el exterior de los compatriotas que migran hacia otras tierras, ha sido una de las prioridades fundamentales de la Revolución Ciudadana, estableciendo políticas de protección y garantía de derechos y fortaleciendo todas las instancias vinculadas como consulados, oficinas migratorias y de asistencia a migrantes y sus familias.
La Constitución reconoce también los derechos de asilo y refugio e introduce principios sustanciales en la protección a las personas en estas condiciones, como el principio de no devolución, la no sanción por ingreso o permanencia irregular, la asistencia humanitaria y la posibilidad excepcional de reconocimiento colectivo del estatuto de refugiado.
Ecuador ha sido reconocido por el ACNUR como el país latinoamericano con el porcentaje más alto de aceptación a personas refugiadas.
En cuanto a los Derechos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, la Constitución del 2008 reconoce que las tierras y los territorios ancestrales son imprescriptibles, inalienables e indivisibles. Entre 2010 y 2011 adjudicaron cerca de 700.000 hectáreas para pueblos indígenas y afroecuatorianos de comunidades de la Sierra y la Amazonía.
En el marco del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, para el año 2010 se han creado cerca de 2,000 centros educativos con unos 6,000 profesores pertenecientes a nacionalidades y pueblos indígenas, en 16 de las 24 provincias del país.
El próximo miércoles, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, tiene previsto analizar la problemática de la pensión jubilar adicional que percibían los docentes del Magisterio Nacional, hasta la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
