Tomado: El Universo
Que le han contado que la Asamblea, incluso el bloque de Alianza PAIS (AP), se está poniendo “muy garantista” en el tratamiento del nuevo Código Penal Integral, dijo el presidente Rafael Correa, en el enlace sabatino del 5 de mayo.
Esto lo ratificó en el conversatorio del pasado martes: “La realidad es que tenemos un problema de inseguridad ciudadana. Y aunque la solución única y final no es tener más leyes, por supuesto que ayuda. Entonces, necesitamos ser más drásticos y severos en la aplicación de las leyes y en (la) redacción de las mismas. Se mandó un Código acorde a la Constitución, a los tratados internacionales, al siglo XXI, a las necesidades del país. Y nos dicen que en el debate se están quitando muchas cosas, que se está cayendo en el hipergarantismo para el acusado. ¿Y para el ciudadano honesto? Hay que estar atentos en eso…”, explicó.
Y no descartó vetar el Código si este no recoge lo que planteó el Ejecutivo. “Si me cambian el Código, por supuesto (que lo veto)… Es mi atribución constitucional, ahora resulta que vetar una ley es abuso de autoridad. Si siempre ha existido, en un sistema presidencialista el presidente es colegislador”.
En efecto, el borrador del informe para primer debate preparado por la Comisión de Justicia de la Asamblea tiene marcadas diferencias con el proyecto entregado por el Ministerio de Justicia, tanto en la clasificación de la infracción penal como en los rangos de las penas aplicadas en ciertos casos.
El texto original divide en cinco grupos las infracciones penales, “en función de la gravedad del bien jurídico lesionado o puesto en peligro”.
Son las “muy graves” (si se sancionan con la privación de libertad de 19 a 28 años), “graves” (de 11 a 19 años), “medias” (de 5 a 11), “leves” (6 meses a 5 años) y “levísimas de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima clases” (hasta 6 meses de prisión, penas no privativas de libertad o pecuniarias).
En el borrador de informe del 18 de abril pasado ya no constan esas distinciones sino que se mantiene la clasificación de las infracciones prevista en el Código Penal vigente: delitos y contravenciones.
Los primeros son aquellos que se sancionan con pena privativa de libertad de más de seis meses; y las segundas, con pena privativa de libertad de menos de seis meses (este último sería el equivalente a las infracciones “levísimas” del otro texto).
Asimismo, el informe de la Mesa de Justicia plantea penas inferiores a las esperadas por el Ejecutivo en infracciones como el secuestro, el abuso sexual, el sabotaje, la incitación al odio y la tentativa de asesinato al Presidente de la República.
Y si bien se tipifican los delitos de no afiliación al Seguro Social y el enriquecimiento privado no justificado, aprobados en la consulta popular del 7 de mayo del 2011, no se acogen las sanciones sugeridas por el Ministerio de Justicia.
Para el primer caso, el informe borrador habla de una pena de 3 a 30 días de cárcel, pero el texto original plantea de 1 a 3 años. En el segundo caso cambian tanto los pisos y techos de aplicación (que se miden en Remuneraciones Básicas Unificadas) como las penas.
Las asambleístas del oficialismo que integran la mesa aclaran que las modificaciones son resultado de los ajustes de la norma a las disposiciones constitucionales e internacionales.
“(El Código) ha cambiado totalmente –incluso en la estructura– porque partimos de lo que la Constitución nos manda, prohíbe y permite; este es un Estado garantista que establece derechos para las víctimas y los sujetos procesales”, refiere Marisol Peñafiel (socialista).
Respecto a las modificaciones en el apartado de las clasificaciones de las infracciones, la asambleísta señala que lo que se busca es “hacer el Código más entendible y manejable”, mientras que los cambios de las penas responden al principio de proporcionalidad.
Rosana Alvarado (AP) coincide en que la mesa resolvió mantener la clasificación actual de las infracciones para evitar confusiones en los jueces.
“No hay ningún sustento doctrinario para establecer esas categorías. Es lo mejor mantener las actuales (delitos y contravenciones). La gravedad de los delitos se determina con la pena. Para los más graves hay acumulación de penas”, refiere la legisladora.
La oficialista advierte que no se han aminorado penas en los delitos que causan conmoción en la sociedad, como sicariato, secuestro express o violación; en esos casos se da paso al acumulamiento de penas.
Alvarado refiere que estos cambios se introdujeron a pedido de los actores del sector de la justicia (Fiscalía, Defensoría Pública, jueces y abogados).
Ella cree que posiblemente el mandatario no ha recibido “información completa” respecto al trabajo que desarrolla la mesa. “Los asambleístas apegamos nuestro trabajo a la Constitución y debemos contrastar el tema de la seguridad con el de las garantías”, indica.
Desde la oposición se justifican los ajustes a la normativa propuesta por el Ejecutivo señalando que el texto original tenía muchas fallas.
César Gracia (PRE) expresa que algunas reformas no eran necesarias, otras eran radicales y buscaban consolidar su proyecto político; mientras que otras más no son aplicables a la realidad ecuatoriana.
En el primer grupo están, precisamente, la clasificación de las infracciones en “muy graves”, “graves”, “medias”, “leves” y “levísimas”. “Solo se necesita tipificar el delito, pues a través de la sanción se determina su gravedad”, explica.
En el segundo grupo, dice Gracia, “están las normas que le van a permitir seguir con la prepotencia y la amenaza, como las sanciones a las injurias calumniosas y la imputación penal a las personas jurídicas”.
Y en el tercero constan normas como la despenalización de la tenencia de cierta cantidad de droga para el consumo personal, “que la sociedad no está preparada para aceptar”.
Mientras que Luis Almeida (SP) señala que la mayoría oficialista de la Comisión introdujo esos cambios para agradar a ciertos sectores de la justicia.
Sin embargo, advierte que “el verdadero Código Penal lo enviará Correa en el veto presidencial; lo que quiere el Gobierno es una ley inquisidora, que sirva para la persecución”.
Los asambleístas consultados advierten que la norma está aún en debate y, por tanto, es prematuro que el presidente anuncie que la vetará.
Casinos
Tanto en el proyecto de Código enviado por el Ministerio de Justicia como en el borrador de informe para primer debate de la Comisión de Justicia se tipifica el delito de establecer y administrar casinos y salas de jugos, y se lo sanciona con cárcel de uno a tres años.
Maltrato animal
El borrador de la Mesa Legislativa tipifica el maltrato animal como contravención; y lo sanciona con pena privativa de libertad de uno a seis meses.
