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QUITO.- (Diario EL UNIVERSO).- El intento de cohecho o soborno a un operador de justicia, la difusión pública respecto del trámite de un proceso judicial activo y la presentación de falsas acusaciones son las principales infracciones que sanciona el Código de Conducta Profesional de la Abogacía, elaborado por el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT).

Aunque el documento de 21 páginas y 50 artículos ya está aprobado, el presidente del CJT, Paulo Rodríguez, dijo el lunes que aún no entrará en vigencia hasta consensuar con los gremios de abogados. La mayoría se opone.

El Código, dijo Rodríguez, no “es ninguna invención del sistema ecuatoriano. Esto funciona en Estados Unidos con la barra de abogados. ¿Por qué el temor, si hay en casi todos los países del mundo?”. Agregó que el CJT quiere sacar un documento que no sea refutado.

El Código de Conducta establece seis meses de suspensión del ejercicio profesional de los abogados como máxima sanción, que será impuesta en primera instancia por las delegaciones provinciales del CJT y luego, en última y definitiva instancia, por el pleno de la Judicatura.

Según el documento al que tuvo acceso este Diario, la resolución de suspensión y el levantamiento de la misma serán anotados en el libro del foro.

Por disposición de este Código, obligatoriamente los abogados deberán inscribirse en las direcciones provinciales del CJT donde ejerzan.

El artículo 5 señala que el soborno o el cohecho a un funcionario público, juez, fiscal, funcionario o empleado judicial constituye una falta grave contra la ética y honor profesional que cometería un abogado, quien podrá ser denunciado ante las autoridades competentes por cualquiera de sus colegas que se entere del hecho.

El abogado tampoco podrá dar a conocer, por ningún medio de publicidad, asuntos por él patrocinados y que no se encuentren resueltos, salvo para rectificar la moral y la justicia violada.

Será considerado como una falta de ética profesional si el abogado absuelve hábilmente consultas de radio, televisión y otros medios de comunicación emitiendo opiniones sobre casos jurídicos concretos que le fueren planteados.

Además, el abogado deberá abstenerse de usar procedimientos dilatorios en el trámite de un proceso que entorpezcan el normal avance de la causa y que perjudiquen a las partes.

A criterio de José Alumía, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, “el reglamento constituye un atentando contra los derechos fundamentales de los abogados y es también un atentado a los derechos de los ciudadanos.

Pedro Granja, secretario del gremio en Guayas, dice que además rompe el principio de igualdad ante la ley. “Esto es como si el Ministerio de Transporte pueda sancionar a arquitectos e ingenieros en libre ejercicio”, compara.

Rafael Oyarte, constitucionalista y abogado en libre ejercicio, dice que las amenazas de los gremios para acogerse a la resistencia, prevista en la Constitución, deben ser analizadas a profundidad, porque si bien la mayoría de abogados ejerce la profesión con lealtad “hay otros que recurren a artimañas, y eso no se puede permitir”.

Detalles: Algunos puntos del documento

Secreto

Según el reglamento, la obligación del secreto profesional del abogado se extingue cuando el cliente le comunique su intención de cometer un delito. De ser ese caso, el abogado está obligado a revelar el hecho para prevenir un acto delictuoso.

Funciones
Es deber del abogado evitar que jueces, fiscales y más operadores de justicia se dediquen a otras actividades diferentes a su función, que impliquen riesgos de verse privados de su imparcialidad.

Denuncias

Asimismo, los abogados deben denunciar ante el CJT, a través de sus delegaciones, los casos de jueces, fiscales o defensores públicos u otros operadores de justicia que carezcan de algún requisito para desempeñar el cargo.

Patrocinio

Cuando un abogado deje de desempeñar funciones jurisdiccionales, no debe aceptar el patrocinio de asuntos que conoció en ejercicio del cargo.

QUITO.- (Diario EL UNIVERSO).- La Asamblea Nacional inicia hoy el primer debate del proyecto de Código Penal Integral en medio de cuestionamientos y críticas de parte de sectores políticos y de organizaciones ciudadanas.

Además, en un escenario polarizado, el oficialismo defenderá los alcances y objetivos del proyecto elaborado por la Comisión de Justicia, mientras que la oposición cuestionará lo que considera intentos del régimen de convertir ese cuerpo legal en un arma de persecución política.

El análisis de la propuesta se realizará por tres libros. Así lo confirmó ayer el presidente de la Legislatura, el oficialista Fernando Cordero.

Los asambleístas podrán intervenir de manera separada para hacer sus propuestas a los temas de infracción penal, procedimiento penal, código de ejecución de penas y adolescentes infractores. Con eso está previsto que el debate se haga en varias sesiones.

Cordero reconoció que la discusión en el pleno iniciará con dudas y ciertos prejuicios por parte de personas que, a su criterio, lo único que buscan es la confrontación.

Para él, en este proyecto no existe ningún retroceso en materia de derechos de las personas, pero puntualizó que el objetivo en el primer debate es debatir varios temas complejos para llegar a acuerdos.

Mencionó, por ejemplo, las sanciones que se establecerán por tráfico o expendio de drogas, de acuerdo con dosis confiscada. A su juicio, esto va en la dirección correcta para evitar criminalizar el consumo en pequeñas cantidades de niños y jóvenes vulnerables.

No obstante, para el legislador Abdalá Bucaram Pulley (PRE), esto fomentará el consumo de drogas al establecer límites para el consumo.

Marisol Peñafiel (AP) señaló que en el informe se establecen claramente los tipos de delitos, las sanciones y los agravantes, por ejemplo, por el uso de niños y adolescentes en el cometimiento de infracciones. Con penas que son proporcionales al delito cometido.

Para Jorge Escala (MPD), en cambio, está claro que el Gobierno tiene urgencia de aprobar esa norma para criminalizar la creciente protesta social, al establecer penas para delitos como huelga, con prisión de seis meses a un año, y continuar la persecución a gremios, sindicatos y medios a través de la sanción a personas jurídicas.

Enrique Herrería (antes de MG) coincidió con ese criterio y expresó su preocupación por el carácter punitivo del proyecto en el que se penalizan una serie de actos de la ciudadanía. Citó el caso de la calumnia, que se la sanciona con dos años de prisión, que para él busca amenazar a los periodistas para evitar que publiquen los actos de corrupción del régimen.

La Red de Mujeres ayer presentó sus reparos al texto. Anunzziata Valdez cuestionó que en este proyecto se determine que el tratamiento de los casos de violencia intrafamiliar ya no estén a cargo de las comisarías de la Mujer. Objetó, en la comisión, que estos casos sean analizados en la Fiscalía, cuando ya existen abultados números de causas que podría generar que queden en la impunidad.

Gina Godoy (AP) respondió que en este texto se eleva a la categoría de delito la violencia intrafamiliar.

María Paula Romo (Ruptura) teme que el debate se llene de discursos populistas respecto de la seguridad y delincuencia, sin concentrarse en los temas importantes del Código y delicados de la seguridad.

Contenido: Proyecto de Ley
Texto en análisis

El informe para primer debate que fue elaborado por la Comisión de Justicia tiene 812 artículos, 19 disposiciones reformatorias, 5 generales y 18 transitorias.

Informe de minoría
Para el debate de este proyecto también se incluyó el informe de minoría presentado por la asambleísta María Paula Romo.

QUITO.- (Diario EL UNIVERSO).- El presidente de la República, Rafael Correa, se reúne hoy con su homólogo de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, quien está de visita oficial en el país como parte de una gira por Latinoamérica, que incluye Cuba y Venezuela.

Lukashenko arribó ayer en la mañana a la base aérea Mariscal Sucre de Quito en un avión de uso oficial de Venezuela. El vicecanciller Marco Albuja lo recibió con honores militares.

La visita coincide con la denuncia que hizo la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, sobre las “graves violaciones” que desde hace dos años se cometen en ese país europeo.

Pillay expuso ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre Bielorrusia, que señala que luego de las elecciones presidenciales de diciembre del 2010 “se produjo un importante deterioro de la situación de los derechos (en ese estado)”.

Pillay señaló que el día de los comicios “o poco después” fueron detenidas 600 personas y condenados 43 dirigentes de la oposición, entre ellos, cinco de los nueve aspirantes a la presidencia. Reprochó que aunque varias personas fueron liberadas en el 2011, las enmiendas introducidas en varias leyes “han limitado aún más los derechos civiles y políticos (en el país)”.

La campaña del 2010 fue la primera que admitió que los candidatos de oposición explicaran sus programas en un debate en la televisión estatal.

Lukashenko dirige la ex república soviética desde 1994 y se ha postulado a la reelección en cuatro ocasiones, contando la última que fue en el 2010.

Ese año la oposición denunció falsificaciones en el escrutinio de los votos y organizó una multitudinaria protesta que fue reprimida violentamente, según publicó la agencia de noticias rusa RIA Novosti.

La BBC opinó entonces que “algunos (expertos) aseguran que la apertura en la campaña no es más que una fachada para congraciarse con Occidente”.

Desde 1996 ninguna elección en Bielorrusia ha sido reconocida por Occidente y los Estados Unidos lo tildan como “el último dictador de Europa”.

Lukashenko mantiene una relación ambivalente con Rusia, con el que se ha enemistado y reconciliado varias veces. Ambas naciones conforman una “Unión de Estados”.

El régimen bielorruso extendió lazos con América Latina a raíz de la llegada al poder del presidente venezonalo, Hugo Chávez, hace doce años.
Lukashenko inició su agenda en Quito con la colocación de una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes de la Independencia, en la Plaza Grande, en el Centro Histórico.

La Cancillería informó en mayo pasado que durante la visita de Lukashenko se firmarían convenios en los campos de defensa, comercio, educación y agricultura, y quizás se suprimirá el visado.

Quito- Por unanimidad, con 94 votos de 94 asambleístas presentes, el día 26 de junio de 2012, fue aprobada en segundo debate la Ley Orgánica de Discapacidades; se trata de una ley que establece derechos, garantías y beneficios a favor de las personas con discapacidad y de quienes tienen bajo su responsabilidad y cuidado a estos seres humanos.

Al respecto al asambleísta por Loja, Mao Moreno Lara, ponderó la trascendencia social, solidaria y humana de la ley, que se orienta objetivamente a mitigar el sufrimiento de las personas con discapacidad y sus familiares, ya que en la misma se reconocen y garantizan derechos como a una salud integral, permanente, especializada y prioritaria, con orientación a su habilitación y rehabilitación, que comprende la dotación oportuna y permanente de medicamentos e insumos gratuitos, como órtesis, prótesis y otras ayudas técnicas y tecnológicas que reemplacen o compensen las deficiencias anatómicas o funcionales de las personas con discapacidad.

Con esta ley se garantiza el derecho a una educación inclusiva, para lo cual la autoridad educativa nacional propondrá y ejecutará programas de capacitación y formación a los docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo relacionado con discapacidades. Así mismo se garantiza el derecho a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, créditos preferenciales reduciéndose en un 50% el tiempo de las aportaciones necesarias para el acceso a créditos hipotecarios, acceso a puestos de trabajo en entidades públicas y privadas con inclusión laboral que obliga al empleador a contar con un 4% de personas con discapacidad en labores permanentes, concesión de becas y créditos educativos.
Si la persona con discapacidad no pudiese acceder directamente al trabajo, las y los parientes hasta el cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con discapacidad severa, en los que se incluyen a los padres de estos seres humanos, podrán formar parte del porcentaje de cumplimiento de inclusión laboral. Dentro de este campo, acotó el asambleísta Mao Moreno se garantiza la estabilidad laboral, permisos para su tratamiento y rehabilitación, ampliándose el permiso por maternidad a 3 meses adicionales en el caso del nacimiento de niñas o niños con discapacidad.

Mao Moreno, manifestó que a más de los beneficios en rebajas en los servicios de transporte, espectáculos públicos, servicios básicos, y telefonía móvil celular hasta un 50%, es importante destacar que las personas con discapacidad afiliadas al IESS, que acrediten trescientas aportaciones, es decir 25 años de aportes, sin límite de edad, podrán acogerse a la jubilación especial por vejez, con derecho a una pensión que será igual al sesenta y ocho punto setenta y cinco por ciento del promedio de los 5 años mejor remunerados. En el caso de personas con discapacidad intelectual, podrán acogerse a esta jubilación cuando acrediten 240 aportaciones, lo que equivale a 20 años de aportes.

El programa “Misión Solidaria Manuela Espejo” que hasta ahora era un programa de gobierno de la vicepresidencia de la república, pasa a ser una política pública de prioridad en atención a las personas con discapacidad.

Con esta Ley, dijo el asambleísta por Loja Mao Moreno, se pretende eliminar barreras que faciliten el normal desenvolvimiento e integración social de este importantísimo grupo social, hasta hace algunos años olvidado y que según datos estadísticos corresponde al 12.8 % del total de la población ecuatoriana con algún grado de discapacidad, lo que representa 1.787, 382 personas, que hoy ven en esta ley un alivio a sus sufrimientos y la de sus familiares.